La captura del exdirector de la Fuerza Pública, José Fabio Pizarro, es notoria no solo por el alto cargo que llegó a desempeñar, sino porque refleja una creciente crisis de seguridad ciudadana ante el avance del crimen organizado.
Pizarro fue director de la Fuerza Pública durante la segunda administración de Oscar Arias y fue detenido el pasado 21 de mayo cuando transportaba más de 230 kilos de cocaína en un camión.
Paul Chaves, analista en temas de seguridad, quien laboró durante quince años en el Ministerio de Seguridad Pública, ponderó que si bien Pizarro ya no era funcionario, los altos mandos de la policía “retienen influencia importante, que es la que el narcotráfico quiere captar”.
El especialista -quien ha escrito varios libros sobre temas de seguridad e inteligencia- recordó que es la primera vez que se da una detención a un nivel tan alto. “La preocupación a nivel nacional es que el narcotráfico logró capturar nada menos que a un exdirector de la Fuerza Pública”, a quien además describió como “uno de los policías con más experiencia, valentía y preparación” de Costa Rica y con un amplio conocimiento tanto de la estructura policial como del propio país.
Chaves relacionó el caso de Pizarro con otros elementos que observa en el contexto actual, y que en su opinión llevan a Costa Rica a una “tormenta perfecta” -es decir, el peor escenario posible- en materia de seguridad ciudadana.
“Tormenta perfecta”
El analista expresó que el caso reafirma la gravedad del problema de seguridad en el país. Detalló que, al mes de junio, el país cuenta con unos 270 homicidios según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), lo cual supera en unos 20 lo contabilizado a junio del año pasado. De seguir al ritmo actual, el 2017 podría terminar con unos 600 homicidios.
Chaves apuntó que el aumento en la cantidad de asesinatos se relaciona con las actividades del crimen organizado. Esto, sumado a la detención por narcotráfico de un exdirector de Fuerza Pública, empieza a pintar el cuadro de “una crisis de seguridad ciudadana sin precedentes”.
Esa crisis además se ve alimentada por factores externos como el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que, según dijo, generará un flujo de armas hacia Centroamérica, un reacomodo de bandas narcotraficantes como consecuencia de la caída del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán y un previsible recorte en la cooperación internacional, sobre todo del Gobierno de Donald Trump.
El analista también sumó la política penitenciaria de liberación de presos y una “debilidad estructural” del Ministerio de Seguridad Pública a causa de carencias presupuestarias. “Todo esto forma un panorama de la tormenta perfecta: el peor escenario que un país pueda enfrentar”, aseguró.
Chaves dijo que una situación así podría tener implicaciones como ahuyentar inversionistas, esto pondría en peligro la industria turística, afectará la calidad de vida de la población y “puede ser la antesala de que la campaña política se tiña de discursos demagógicos, antidemocráticos, dictatoriales y con la idea de que se requiere un líder duro para acabar con la democracia, la última consecuencia de las crisis de seguridad ciudadana”.
Por su parte Wálter Espinoza, director del OIJ, ponderó en primer lugar que el fenómeno del crimen organizado es transfronterizo y que Costa Rica se encuentra en la particular situación de encontrarse “en un corredor territorial, cultural y delincuencial parte del área de tráfico de clorhidrato de cocaína más importante del mundo, entre las bases donde se cultiva y procesa y donde se consume”.
Apuntó datos como que en el país cerca del 70% de las víctimas asesinadas con arma de fuego son hombres entre los 15 y 28 años, y que la mayoría de los perpetradores también son masculinos y en ese mismo rango etario.
Así, reconoció que Costa Rica atraviesa una “situación de predicamento”, pues detalló que la mayoría de homicidios violentos, y los que tienen que ver con ajuste de cuentas, se relacionan con organizaciones dedicadas al tráfico nacional, “una acción comercial que genera mucho dividendo y provoca que quieran tener monopolios y controlar el mercado”.
Espinoza informó que el país tiene problemas en Guápiles, Limón, el Valle Central, Guanacaste y la zona Sur, y que en términos generales se han elevado las tazas de homicidios.
Ante ello, subrayó el hecho de que la manera como se entroncan los fenómenos delincuenciales tiene que ver con situaciones de desempleo, desigualdad, rangos de distribución de la riqueza, acceso a educación, a infraestructura, la posibilidad de tener vivienda y demás factores sociales.
“El paradigma en que se debate el país es una situación realmente difícil, la solución depende de lo que suceda en otros lugares”, expresó.
Sin embargo, el funcionario se mostró optimista al detallar que el OIJ resuelve cerca del 70% de los homicidios, por lo que aseveró que “hay poca impunidad” y que “no tenemos una visión apocalíptica ni pesimista de lo que pueda suceder”.
UNIVERSIDAD buscó el criterio de Gustavo Mata, ministro de Seguridad, sobre este tema. Se le contactó por teléfono y se le enviaron preguntas por escrito y, aunque al cierre de edición se le volvió a contactar por teléfono y por WhastApp, no se obtuvo respuesta alguna.
Como los paramilitares colombianos
De acuerdo con el OIJ, la investigación que resultó en la detención de José Fabio Pizarro inició un año antes. Desde este organismo se detalló que la organización ofrecía servicio de mover hasta 500 kilos de cocaína por viaje.
Pizarro llegó a ser director de la Fuerza Pública en julio del 2007 y para ese entonces ya tenía la empresa de seguridad privada “Seguridad Múltiple”. Al margen de esas actividades, también ofrecía seguridad entre otros a John Bender, estadounidense asesinado en Barú, en la zona Sur, en cuya propiedad se encontraron joyas valoradas en varios millones de dólares.
Pizarro llamó sospechosamente la atención cuando en mayo del 2009 llegó al Cerro de la Muerte, específicamente al sitio donde un helicóptero se accidentó, aun antes de que lo hicieran los cuerpos de rescate y autoridades. Cuando finalmente estas dieron con el artefacto accidentado, hallaron 380 kilos de cocaína y determinaron que faltaba el dispositivo de localización satelital (GPS).
En el 2013 Pizarro volvió a cobrar protagonismo al frente de una “Patrulla 1856”, un grupo paramilitar organizado en el contexto de la polémica con Nicaragua por el caso de isla Calero. A partir de ese momento estuvo en la mira de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
Según información difundida por Jorge Torres, subdirector de la DIS, esa organización paramilitar pudo haber servido a Pizarro para preparar personas para que formaran parte de su organización narcotraficante. En ese sentido, se repitió la fórmula a partir de la cual funcionaron los grupos paramilitares conocidos como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Se trató de grupos paramilitares formados a partir de ideales de extrema derecha de lucha contra el comunismo y el exacerbado nacionalismo, que terminaron dedicándose al narcotráfico. Una de las figuras más notorias de esos grupos fue Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, quien en agosto del 2006 fue parte de una delegación de once paramilitares colombianos recibidos por el entonces presidente Oscar Arias en Casa Presidencial.
