Las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) implicarían que una cantidad indeterminada de campesinos y campesinas costarricenses tendrían que abandonar el sector agro.
Así lo reconoce el estudio titulado OECD Food and Agricultural Reviews Agricultural Policies in Costa Rica (solo disponible en inglés) y publicado este año, el cual contiene una serie de medidas para “enfrentar la pobreza en el contexto de apertura de mercados y cambio climático”. Entre ellas destaca la eliminación de la fijación de precios de los productos agrícolas.
El mismo documento reconoce que ello implicará que personas que se dedican a la actividad agrícola se vean “desplazadas”, por lo que recomienda que sean atendidas por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), cuya misión tiene que ver con la asistencia a “las familias y de las comunidades en situación de pobreza o riesgo y vulnerabilidad social, con énfasis en pobreza extrema”.
Concretamente, la OCDE apunta que se deben “asegurar medidas de seguridad social suficientes para los agricultores desplazados” y como ejemplo de ello menciona que “los programas existentes de protección social de Costa Rica (como el sistema de transferencias de dinero operado por el IMAS) podrían jugar un papel importante”.
Guido Vargas, secretario general de la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (Upanacional), al respecto sentenció que es “inaceptable” que “se piense en atendernos como indigentes”.
Vargas subrayó que aceptarían tal recomendación, pues implica que dentro de las políticas costarricenses se puedan crear formas para atender a los agricultores desplazados por la apertura comercial, quienes deberán concurrir al IMAS “a llenar formularios para que se les atienda como indigentes”.
En su opinión, lo mínimo que debería hacer el país es rechazar tal idea.
El diputado de Acción Ciudadana Ottón Solís, uno de los principales opositores a la propuesta, observó que las recomendaciones de la OCDE buscan que se apliquen “las fuerzas del mercado y los compromisos de apertura comercial”. Sobre la idea de que el IMAS atienda a quienes se vean desplazados, opinó que es un absurdo. “Es una ofensa, esa página debería arrancarse de los documentos y me sorprende que el Gobierno lo haya aceptado”.
Solís insistió en esa metáfora para ser aun más tajante y afirmó que “espero que el Gobierno coja esa paginita y la arranque de los documentos, y si le gusta a la OCDE, bien, y si no, ni vuelvan aquí”.
Mientras tanto Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura y Ganadería, dijo que ese “desplazamiento” de productores puede evitarse a través del desarrollo de políticas que mejoren aspectos como la productividad con responsabilidad ambiental y de oportunidades de mercado (ver entrevista Agro y turismo deben ser complementarios).
“PERVERSOS INCENTIVOS”
En el análisis de la OCDE se hacen tres tipos de recomendaciones. En primer lugar, las dirigidas a aumentar la productividad; el segundo conjunto tiene que ver con aumentar el valor de las exportaciones y la participación de pequeños productores en las cadenas de mercadeo, para quienes propone meter el acelerador en la producción orgánica y la inclusión en cadenas de suministros.
El tercer tipo de recomendaciones se centra en la apertura de mercados y se refiere a propuestas como “la necesidad de ocuparse de los perversos incentivos creados para la producción de arroz y el impacto negativo de esta política en los hogares pobres”.
Añade que todo ello incluye el apoyo al ajuste “para los productores que no serán competitivos bajo condiciones más abiertas de mercado”.
Apunta que se debe anunciar un cronograma para eliminar la fijación de precios de arroz, pollo, cerdo, leche y azúcar, pues ello “desincentiva el cultivo de productos más productivos o adaptativos”.
Menciona que la fijación de precios desaparecerá como parte de los compromisos adquiridos bajo diferentes tratados de libre comercio, por lo cual se deben “identificar caminos alternativos para quienes les cueste competir. No todos las fincas de pequeña escala son económicamente viables o son capaces de integrarse a las cadenas de mercadeo”.
El dirigente campesino Vargas calificó el documento de la OCDE como “una iniciativa para reafirmar los tratados de libre comercio entre comillas” y apuntó que en materia de esos tratados y de agricultura, “los países primermundistas dijeron que el tema se ve en las rondas ministeriales, la última fue la de Doha y no se ha revisado nada ni se va a revisar. ¿Eso cuándo se va a ver? Cuando se congele el infierno”.
Vargas expresó que la producción de alimentos no debe ser objeto de libre comercio, recordó específicamente la lucha contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. “Hemos dicho muchas veces la situación que se iba a venir y aquí está, se ha profundizando la desigualdad y se va a seguir profundizando porque quieren más”.
Vargas insistió en ese punto al detallar que “todo esto tiene vasos comunicantes, primero vienen los tratados, después la implementación, después viene la OCDE”.
Por su parte, el diputado Solís ponderó que si esos son los términos de la OCDE “no vale la pena” formar parte de la organización. Recordó que durante la crisis del 2008, los países miembros de la OCDE no dejaron que las fuerzas del mercado decidieran la suerte de las empresas que estaban a punto de quebrar, sino que las subsidiaron para que sobrevivieran. “Tienen cero autoridad moral para venir aquí a hablar de agricultores desplazados”, aseveró.
Ante la pregunta de si ha recibido una toma de posición al respecto de parte del Gobierno, Solís replicó que no, pero informó que le planteó al Ministro de Agricultura y Ganadería que “por qué no arrancaba esa página”, además de detalló que le envió una carta al Presidente de la República, en la cual le especificó cinco puntos “muy preocupantes, muy neoliberal su gobierno, de la OCDE son dos, este y el de la banca”.
