Esta vez la reacción fue contundente. El gobierno de Luis Guillermo Solís expresó una condena a la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela, aliado del gobierno de Nicolás Maduro, de suspender las funciones del Poder Legislativo, dominado por la oposición.
Cuidándose de no catalogar esta medida como un golpe de Estado, como lo consideraron los diputados costarricenses esta misma tarde por mayoría, la Cancillería emitió esta tarde una declaración que, sin embargo, sí critica a los magistrados venezolanos. Les reprocha su resolución del 27 de marzo como una ruptura del orden constitucional, que declara nulos los acuerdos de los diputados y les revoca su inmunidad.
“Estas decisiones son inadmisibles y decepcionantes, por ser contrarias a la esencia de la democracia. Aceleran el deterioro de la gobernabilidad democrática en ese país”, se lee en el comunicado emitido a las 5:50 p.m.
La Cancillería evita emular a otros países latinoamericanos que han decidido retirar la representación diplomática en Caracas. También evade invocar la Carta Democrática en el seno de la Organización de Estados Americanos, aunque sí señala la necesidad de abordar la situación “al amparo de los instrumentos jurídicos y diplomáticos aplicables”.
El pronunciamiento tico se divulga horas después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunciara el “autogolpe de Estado en Venezuela” y lo señalara como un acto más propio de la “dictadura” dirigida por Nicolás Maduro, gobernante de Venezuela desde la muerte de Hugo Chávez, en 2013.
Almagro también pide convocar con urgencia una reunión del Consejo Permanente de la OEA, formado por los 34 países miembros, con base en el artículo 20 de la Carta Democrática, para situaciones de alteración del orden constitucional.
