Un año después de que fuera descartado por el controvertido viceministro de Transportes, Sebastián Urbina, las autoridades intentan resucitar el proyecto de cobro electrónico en autobuses mediante una plataforma diseñada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), lo cual permitiría a los usuarios pagar su pasaje con tarjetas prepago, de débito o de crédito.
El BCCR, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) tienen listo un convenio que, en esta ocasión, incluye también al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), pues se pretende incluir al servicio de trenes en el esquema integrado de cobro, como uno de los factores de la integración del transporte púbico.
Una respuesta oficial del BCCR a UNIVERSIDAD confirma la existencia de un convenio al que solo le restan detalles para entrar en vigencia. Se trata de un documento consensuado a finales del 2016 como un paso en la modernización del transporte público costarricense, uno de los sectores cuyo rezago más afecta a la productividad y al bienestar de la población.
“Resulta imperativo que los servicios cuenten con un sistema de pago electrónico por medio del cual se lleve a cabo la recaudación tarifaria, al tiempo que le suministre al MOPT, al CTP, al Incofer y a la Aresep información oportuna, completa, confiable y relevante, como insumo para la toma de decisiones y la emisión de políticas públicas que promuevan e incentiven el desarrollo de un sistema de transporte público acorde con las necesidades del país”, se lee en el documento base. También sería útil para la fijación de tarifas, un tema sensible en el sector.
Como ventaja para los usuarios, se señala el acceso expedito al servicio y la eliminación de la dependencia de efectivo para pagar la tarifa. Para los empresarios, representa menores costos operativos que los que les impone el manejo de billetes y monedas, al tiempo que los mecanismos electrónicos han demostrado ser más efectivos para realizar dicha recaudación. Además, reduce el peligro de asaltos, según empresarios del gremio. Y permitirá a las entidades reguladoras contar con fuentes confiables de información sobre la demanda real del sector, las cuales puedan apoyar la toma de decisiones, se lee en el documento que el MOPT aún mantiene en reserva, a pesar de la solicitud de este medio.
Las instituciones involucradas están a punto de firmar el convenio de cooperación para desarrollar el sistema con condiciones que lo hagan operativo y que se acoplen también a las particularidades de las empresas concesionarias y del Incofer. La Cámara Nacional de Transportes, que agrupa a una parte de empresarios del sector, expresó su satisfacción con el nuevo impulso del proyecto, el cual conocen porque observaron su elaboración durante el año 2015. “Estamos esperanzados en que se desarrolle pronto, aunque no sea de manera masiva desde un principio”, dijo Carlos López, presidente de esa asociación.
En el MOPT, el tema lo maneja Liza Castillo, viceministra que sustituyó en junio a Sebastián Urbina, quien había desechado el proyecto del Banco Central se manera autónoma, sin consultar con la Presidencia de la República, según dijo el mandatario Luis Guillermo Solís en una entrevista con este medio. “En determinado momento hubo que decirle que no, porque aquí no se hace lo que le da la gana”, respondió el presidente.
Se solicitó este martes información adicional al despacho de Castillo, pero sus subalternos dijeron que tienen órdenes de la Presidencia para no divulgar todavía los detalles y que la jerarca no podría referirse al tema porque está de viaje en Alemania. Contactada por el servicio de mensajes de WhatsApp, Castillo escribió que contestarían mediante un comunicado de prensa a lo largo del día, el cual no se conocía al cierre de esta edición.
La Cámara Nacional de Transportes tiene un comité a cargo de dar seguimiento a este proyecto y dice estar preparándose para implementarlo, aunque algunas empresas ya han aplicado por cuenta propia algún sistema automatizado de cobro. “Nos han tildado de opositores pero no lo somos. Es cierto que falta conocer políticas claras para el usuario, las condiciones de los aparatos para los buses, el costo de tarjetas y otros detalles. Falta mucho, pero hicimos una oferta de plan piloto porque creemos que sería conveniente. Tenemos fe de que esto camine”, añadió Carlos López.
El cobro electrónico permitiría conocer con precisión la cantidad de usuarios y sus hábitos de transportes, lo cual daría certeza sobre los ingresos de las empresas autobuseras. “Así nos quitamos el tabú de que escondemos información”, comentó el presidente del gremio.
El tema es sensible como parte del proceso de modernización del transporte público, el cual impacta en la descongestión vial y también en la reducción de emisiones contaminantes, dos problemas agravados con el incesante crecimiento de la flota vehicular en Costa Rica.
