El año pasado denuncié a la Caja de ANDE ante la Defensoría de los Habitantes por presuntas irregularidades, con la esperanza de que por la supuesta solidez de la actual Defensora en temas humanitarios, contar con pronunciamiento que reflejara un trabajo concienzudo, serio, exhaustivo y objetivo. Sin embargo, cuál fue mi desagradable sorpresa, que la Defensoría, que con una ligera ojeada a mi denuncia, y posiblemente copiando las resoluciones de la Sala Constitucional, escriben un legajo al que llama Resolución y por supuesto rechazando la denuncia por su fondo. Pareciera intuirse en la respuesta, que no hubo un mínimo esfuerzo ni intelectual ni práctico para emitir su pronunciamiento, limitándose a transcribir sendas resoluciones constitucionales, con uno que otro comentario de relleno, dejando una vez más a los habitantes afectados en estado de indefensión jurídica. Este tipo de acciones van ratificando que en Costa la defensa de los derechos no pasa de ser un lema. Quedamos en indefensión ante elefantes blancos.
Denuncio varios hechos: obligatoriedad de asociarse, ser “accionista” sin percibir dividendos, con especial énfasis me refiero al rebajo del 3% establecido por Ley y no un 5% como ocurre en la realidad, argumentando el Gerente de dicha entidad que dicho aumento obedece a una decisión adoptada en Caja de ANDE con base en el resultado de una encuesta que se realizó a un 31,2% de los accionistas y que el 66% de ese porcentaje estuvo de acuerdo con realizar dicho aumento. Este porcentaje del 31,2% estadísticamente no es representativo, mucho menos para adoptar una decisión que afecta el salario de miles de trabajadores. Es evidente que esto es altamente cuestionable, sin embargo, la Sala quién sabe con base en qué tipo de pruebas se ha pronunciado a su favor y ahora la Defensoría se convierte en su alter ego, repitiendo su injusta posición. No se cuenta con un análisis que desvirtúe y disipe las dudas de los cuestionamientos de los funcionarios afectados, mismos que han sido reiteradamente elevados a la Sala y ahora ante la Defensoría. No es posible que tanta gente esté equivocada.
En la Defensoría evaden la situación argumentan que no “…sustituye actos, actuaciones materiales ni omisiones de la actividad administrativa del sector público, sino que sus competencias son para todos los efectos de control de legalidad”. Al leer su respuesta, queda la duda de qué es lo que tramita la Defensoría pues si no hubiese vulneración a los derechos, no habría denuncia. Agrega la Defensora: “…que según lo establece su ley de creación, su actuación se circunscribe al control de legalidad y este es sobre la actuación administrativa del sector público; no obstante su actuación no sustituye en ningún momento, actos, actuaciones materiales u omisiones, ni aquellas que le asisten a los habitantes en la defensa de sus derechos a través de los medios legalmente establecidos”. Como puede verse, se contradice, pues lo que se está denunciando es una supuesta ilegalidad en el procedimiento utilizado para cambiar la Ley en Caja de ANDE, que desde luego amerita una investigación que no se hizo. Afirma la señora Defensora, que una de las solicitudes que hago es que se plantee una acción de inconstitucionalidad o una consulta a la PGR; sin embargo, mi petición concreta dista de esta afirmación, pues lo pretendido en el escrito es que una vez investigada la evidente vulneración, se proceda a interponer una demanda en sede Contenciosa Administrativa. Así las cosas pareciera que la denuncia no fue debidamente leída. Presenté el recurso de revisión esperando que tomen la denuncia con la seriedad que corresponde, que examinen documentos, que pidan cuentas y verifiquen los hechos denunciados y más que queda en el tintero y que es tema para otra denuncia.
