Los diputados de la Comisión Especial de Control de Ingreso y Gasto Público le pusieron el foco a Julieta Bejarano Hernández, directora jurídica y secretaria del consejo directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Seis diputados de la comisión firmaron una carta solicitándole al procurador de la Ética, Rónald Víquez, investigar a la funcionaria por presunta falta de probidad en relación con contrataciones en los fideicomisos que el ICE tiene para el desarrollo de proyectos de sector eléctrico.
Bejarano se sacude reiterando lo que había sostenido ante los diputados en el 2014, en una comparecencia sobre el mismo tema, que no ha incurrido en violación ética o legal alguna.
Ahora, además, denuncia afán persecutorio en su contra, porque se la quiere investigar – dice – sobre las mismas acusaciones que ya fueron investigadas anteriormente y sobre las que la Contraloría General de la República (CGR) no halló elementos probatorios para presentar denuncia (ver recuadro).
“… que se investiguen los hechos enumerados y se determinen las eventuales responsabilidades derivadas de ellos”, piden en la nota a la Procuraduría los diputados Ottón Solís y Epsy Cambell (del gobernante Partido Acción Ciudadana), Rolando González y Julio Rojas (Partido Liberación Nacional), Gonzalo Ramírez (Partido Renovación Costarricense) y Mario Redondo (Alianza Demócrata Cristiana), quien preside la mencionada comisión legislativa.
Los legisladores explican que han venido investigando los fideicomisos que desarrolla el grupo ICE en el sector eléctrico (expediente 19.862), con el fin de medir el impacto en los estados financieros y las tarifas eléctricas, así como el nivel de endeudamiento real de la institución.
“… consideramos que el hecho de que exfuncionarios se hayan retirado de la institución para fundar en el ejercicio privado de sus profesiones una empresa que concursa para obtener contratos con la institución, y posteriormente una de las socias abandona la firma para regresar a la institución y desde ahí tener poder de decisión e influencia como directora jurídica, mano derecha del presidente ejecutivo y miembro de la junta de adquisiciones del ICE, violenta el deber de probidad que establece el artículo 3 de la Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito”.
La sospecha es que “podría continuar existiendo relación entre la señora Julieta Bejarano y sus antiguos socios de la empresa GIP, generando esto un posible favorecimiento y afectando la transparencia con la que debe regirse el ICE”, aducen los firmantes.
Añaden que el asunto tiene que ver con la participación de la directora jurídica, miembro de la administración activa del ICE, al tiempo que fue accionista de la empresa Consultores en Infraestructura Limitada GIP, la cual ha sido contratada por el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y el Banco de Costa Rica (BCR) como unidad ejecutora en los proyectos Peñas Blancas, Cariblanco, Garabito y Toro III, de los cuales el ICE es fiduciario.
EXTRAÑO
Al comentar los motivos que tuvieron para presentar la denuncia, Redondo declaró que les parece extraño e inconveniente para las finanzas públicas, que una persona que estuvo en el ICE y que como directora jurídica y una funcionaria importante que ayudó a estructurar los fideicomisos operativos para varios proyectos eléctricos, después saliera del ICE, constituyera una sociedad que postula para operar fideicomisos, y que los fideicomisos contrataran a esa sociedad sin cumplir con las disposiciones normales que se establecen en materia de contratación administrativa.
Además, que en el marco de esa sociedad, la persona ganara una suma muy importante, y que después esa misma persona regresara al ICE a seguir fungiendo, teniendo de alguna manera influencia sobre la forma en que operan esos fideicomisos.
“Nos parece que eso es inconveniente y queremos ver su conformidad con la normativa existente, particularmente el deber de probidad, la eventual existencia de conflictos de intereses y de una vez ver cómo cerramos el portillo para que eso nunca más vuelva a suceder”, dijo Redondo.
Según la denuncia, entre los años 2006 y 2010 la empresa GIP, de la que Bejarano era socia, recibió contratos por $17,6 millones para administrar infraestructura, muchos de ellos por recomendación expresa del mismo ICE, y después de que la abogada cedió sus acciones a otros socios y se reincorporó como directora jurídica del ICE, continuaron las contrataciones.
En declaraciones a UNIVERSIDAD, Bejarano insistió en que en su función no ha habido conflicto de intereses, ni favorecimiento, ni incumplimiento.
Hizo un relato de cómo, luego de 32 años, salió del ICE en el 2004 con la intención de no volver, y se dedicó a ejercer la profesión.
Entre otros trabajos, fue asesora externa del BNCR en el proyecto Cariblanco, y con un grupo de profesionales en ingeniería que habían trabajado en el ICE de donde habían salido y trabajaban en el proyecto para el Banco, decidieron crear la empresa GIP para contratar en forma conjunta.
Dice que en el 2010 de forma sorpresiva la llamó Eduardo Doryan, entonces presidente ejecutivo del ICE, para que regresara a trabajar porque la parte legal no andaba bien y a ella la habían recomendado mucho, y después de valorarlo aceptó regresar.
Relató que en octubre del 2012 el diario La Nación hizo una publicación insinuando que ella había cometido actos irregulares, al haber ejercido su profesión en relación con los fideicomisos y después haberse reintegrado al ICE.
A raíz de eso, en marzo del 2013 la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana le mandó una serie de preguntas al Consejo Directivo del ICE sobre su nombramiento, cuestionamientos que el Consejo Directivo respondió en forma clara y precisa a los diputados
A su vez, la CGR investigó una denuncia sobre el tema, y en marzo del 2014 le envió un oficio a la Fiscalía de Transparencia y Anticorrupción (N°0279) indicándole que no formularía denuncia penal, porque “no se logró acreditar la consumación de ningún conflicto de intereses en el cual figurara la señora Bejarano Hernández”.
En mayo de ese mismo año, la CGR, en el oficio 4694, le informa a uno de los sindicatos del ICE que en la investigación sobre “denuncias por el supuesto conflicto de intereses”, no se evidenció la consumación de ningún conflicto de intereses por parte de la funcionaria. Tampoco se evidenciaron pruebas o indicios a partir de los cuales se pudiera derivar válidamente algún tipo de favorecimiento de GIP Ltda. por parte de la mencionada señora.
En el 2014, la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público inició una investigación sobre el mismo tema y llamó a comparecer a Carlos Obregón y Bejarano.
El resultado fue un informe que la comisión aprobó en marzo del 2015, en el que propone, entre otros puntos, revisar la normativa y plantear reformas legales que inhiban a funcionarios públicos de participar en prácticas como las referidas en el informe.
Asimismo, solicitar a los bancos que participan como fiduciarios en el desarrollo de proyectos de obra pública, no contratar a funcionarios o exfuncionarios de las instituciones públicas fideicomitentes (o las empresas creadas por estos), para participar en la elaboración y desarrollo de los proyectos.
LEGAL
Bejarano señala que a la fecha los diputados no han presentado ninguna reforma legal como la que recomendaron hace dos años, pero es claro que si concluyen que hay que hacerla, es porque la actuación de ambos funcionarios está dentro del marco legal. Además, la prohibición de contratar que proponen es inconstitucional y no va pasar nada, vaticina.
Dice que cuando acudió a la comisión el 16 de octubre del 2014 respondió a todas las preguntas y aportó las notas de la CGR.
Sin embargo, ahora la comisión vuelve a analizar el tema, y sin que haya elementos nuevos, solicita a Procuraduría que investigue. Y “como un gran descubrimiento” la misma comisión viene a decir hay que plantear una reforma legal.
Las acusaciones en su contra las entiende “como verdades a medias que se dicen para generar todo un ambiente en relación con mi persona. ¿Por qué? No lo sé. Creo que les estorbo.”
No es un secreto – afirma – que a lo interno del ICE ha enfrentado ataques sistemáticos por más de 15 años, desde antes de retirarse y después de que volvió a la empresa.
En ese periodo decenas de denuncias han sido planteadas con claro afán persecutorio por este y otros asuntos, ante la CGR, la Procuraduría General, la Defensoría de los Habitantes, la Fiscalía y el Consejo Directivo del ICE, y en todo los casos “se ha demostrado que mis actuaciones se han ajustado a derecho”, recalca.
“Duermo tranquila”
La directora jurídica y secretaria del consejo de administración del ICE, Julieta Bejarano, asegura que no la afectan las acusaciones sobre supuesto conflicto de interés que le achacan diputados y que ella atribuye a un afán persecutorio.
Respecto al cuestionamiento de que ella y Carlos Obregón, presidente ejecutivo, manejan antojadizamente el ICE, incluso contra criterios técnicos, responde con aplomo:
-Tengo 42 años de estar en el ICE, yo no me voy a prestar a estas alturas de mi carrera a rendir dictámenes complacientes, sin sustento, para sostener que yo (no) manejo el ICE con Carlos Obregón.
Eso es una apreciación subjetiva de gente que es enemiga del ICE, eso no tiene otra explicación. Si usted es presidente ejecutivo de una empresa y necesita lo que usted considera el mejor consejo, usted busca a la gente que se lo puede dar.
Yo tengo años de estar ahí, muchas cosas las he visto muchas veces. Ahora, si quiere echarle lodo a una persona, (dice) ah mirá, manejan el ICE entre esos dos. ¿Pero qué quiere decir eso?
A usted también se le reprocha que volvió a ocupar un cargo influyente en el ICE, mientras que la empresa que usted fundó y pertenece a sus excompañeros continúa contratando en proyectos relacionados con la institución. ¿No cree que hay fundamento en esa crítica?
– Ningún fundamento. Primero que nada, yo no puedo probar un hecho negativo, es que yo no tengo nada que ver con esa empresa. Si usted me dice ¿no le parece raro? No, no me parece raro. Renuncié (a la empresa) y estoy absolutamente dedicada a mi tarea en el ICE, donde, además, las jornadas son muy largas y solo me da para eso, ni siquiera para hacer vida social.
Segundo, el ICE nunca ha contratado; quien contrata la unidad ejecutora (de los fideicomisos), es el banco fiduciario. Tercero, a la junta de adquisiciones no ha ido ninguna contratación de ese tipo. Yo no he ido a una sola reunión de la junta de adquisiciones. Por disposición del reglamento o la ley, quien forma parte de la junta de adquisiciones es el director de contratación administrativa, yo no, entonces eso es falso.
¿Entonces cuáles son las decisiones que yo tomo dentro del ICE? No tomo ninguna decisión.
Lo que pasa es que no le creen que usted realmente dejó la empresa…
-Si alguien encuentra el menor indicio de que formalmente me separé de la empresa, pero estoy ahí, que me lo traiga aquí. No lo van a encontrar.
Me da pena que en este país investigan sobre lo que ya se investigó, entonces pareciera que están buscando un órgano que diga algo distinto a que (la persona) no tiene responsabilidad. Pero eso es inquisitorio.
A mí no me afecta, yo duermo muy tranquila, pero si usted se pone a ver a través de los años usted dice: aquí hay algo raro, aquí puede que haya un afán persecutorio infundado.
¿Persecución de quién?
-No sé, de los diputados, debe haber una mancuerna ahí, no sé… Yo he sido perseguida por los sindicatos, por Jorge Arguedas (exdirigente sindical y actual diputado).
¿Por qué la persiguen?
No tengo la menor idea… porque yo representaba la administración, o porque siempre he asesorado a la administración, no tengo la menor idea.
