De un lado emergen acusaciones de “engaño” y “traición”; del otro, se achaca ignorancia y desconocimiento. Una agria polémica se ha desatado en torno al proyecto de ley denominado “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”, que se tramita en la Asamblea Legislativa con el número 17.742.
Mientras diversos sectores y activistas han alzado su voz sobre todo en redes sociales contra el proyecto, apuntando una diferencia significativa entre la propuesta firmada por unas 170 mil personas desde el 2010 y el teIdea inicial se tramitó por iniciativa popular y ya podría ser aprobada en segundo debate en la Asamblea Legislativa.
La excandidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Dagmar Facio, escribió en su cuenta de Facebook que “170.000 final del proyecto, organizaciones ambientalistas del país no han sido menos vehementes en su apoyo al proyecto y en exigir su aprobación cuanto antes.ostarricenses firmamos una propuesta para una nueva Ley de Aguas… en la Asamblea Legislativa la manosearon y la vendieron. Ahora, engañados, nos quejamos y nos piden que en lugar de quejarnos, hagamos propuestas.¿Delirio o cinismo?”.
Mientras tanto, el abogado Esteban Monge, del Centro de Derecho Ambiental y los Recursos Naturales (Cedarena), defendió el proyecto y ante los cuestionamientos sobre los cambios que sufrió el texto, subrayó que los diputados no pierden el derecho de enmienda ante los proyectos que entran por iniciativa popular; como ejemplo de ello citó el proceso que siguió la Ley de Vida Silvestre, que también atravesó varios cambios.
“Hay quienes dicen que el proyecto de ley cambió en un 70%, me gustaría ver qué metodología usaron para llegar a esa conclusión”, expresó.
Monge criticó que se ha dado una “ideologización terrible” que equipara el polémico término de “bien económico” aplicado al agua con mercancía, lo cual es “un error conceptual y no se sostiene si uno lee el espíritu y los artículos. Esta ley no privatiza nada”.
Por su parte Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecon), al referirse a la vehemente diferencia de criterios consideró que “más que divididos, están desinformados”, y expresó que eso se debe a “la fragmentación que ha producido la especialización de las organizaciones”, por lo cual, en un tema trasversal como el agua, “parece mentira que son pocas las organizaciones con una visión clara”.
Informó que en la Fecon participan parte de las organizaciones impulsoras del proyecto, pero también están las críticas como Confraternidad Guanacasteca.
Según dijo, es en Guanacaste “donde los conflictos son tan estructurales de desigualdad al acceso y control del agua que se entiende que cualquier proyecto de ley genera sospecha y hace difícil pensar en un cambio estructural, dada la desconfianza tan grande en una institucionalidad que ha fallado bastante para un manejo más justo del agua”.
Informó que se decidió que Fecon tendrá una posición más neutral y que sus organizaciones miembros hacen incidencia en un sentido u otro libremente. Sin embargo, detallo que una “ligera mayoría” está a favor de la ley, una cantidad similar de organizaciones no tienen una posición clara y una porción un poco menor están abiertamente en contra del proyecto.
En su criterio, en el ambiente hay “demasiada desinformación y tergiversación”, lo cual “hace imposible un debate objetivo para que la gente tome posición más informada, parece que es difícil ver la integralidad del proceso del proyecto de ley, no solo los últimos 15 años sino los conflictos generados por una ley de 70 años”.
“BIEN ECONÓMICO”
Uno de los ejes de mayor polémica alrededor del proyecto ha sido el artículo 2, el cual por un lado establece el acceso al agua “para consumo humano y al saneamiento es un derecho humano fundamental e indispensable”. Sin embargo, al mismo tiempo apunta que el agua “tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y debe reconocérsele como un bien económico”.
En el texto “El Agua como bien económico”, publicado por Jorge Enrique Romero-Pérez en la revista de Ciencias Jurídicas No. 113 -segundo cuatrimestre 2007- se analiza que ante la crisis de acceso al agua, “gobiernos e instituciones internacionales abogan por una solución basada en el Consenso de Washington: la privatización y la comercialización del agua”.
Romero-Pérez destaca la disparidad entre considerar el recurso hídrico como una “necesidad humana”, en lugar de un derecho humano: “Esto no es una simple cuestión semántica; la diferencia en la interpretación es fundamental. Una necesidad humana puede ser satisfecha de muchos modos, especialmente a base de dinero. Pero nadie puede poner en venta un derecho humano”.
El concepto del agua como un “bien económico” deviene de la Declaración de Dublín de 1992, adoptada como conclusión de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (Ciama).
Esa Conferencia se realizó en enero de ese año en la capital irlandesa como reunión técnica previa a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), la cual tuvo lugar en junio de ese año en Río de Janeiro.
Esa Declaración establece como su Principio No. 4 que “el agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien económico”.
Ese texto elabora que “es esencial reconocer ante todo el derecho fundamental de todo ser humano a tener acceso a un agua pura y al saneamiento por un precio asequible”.
Fundamenta además el principio en que “la ignorancia, en el pasado, del valor económico del agua ha conducido al derroche y a la utilización de este recurso con efectos perjudiciales para el medio ambiente”.
Por ello, “la gestión del agua, en su condición de bien económico, es un medio importante de conseguir un aprovechamiento eficaz y equitativo y de favorecer la conservación y protección de los recursos hídricos”.
Un enfoque un tanto diferente -pues omite reconocer el acceso al agua como un derecho humano- es el de la “valoración del agua” con el fin de “manejar el agua de una manera que refleje su valor económico, social, ambiental y cultural”, según la Declaración Ministerial del II Foro Mundial del Agua, organizado en La Haya, Holanda, en el 2000.
Ese Foro es organizado por el Consejo Mundial del Agua, el cual se define como “una plataforma internacional multi-actor” en cuya junta de gobernación figuran funcionarios gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, instituciones intergubernamentales y representantes del sector privado, como La Federación Internacional de Operadores de Agua Privados (Aquafed).
La sombra del Banco Mundial
Cedarena fue una de las organizaciones que puso en marcha la campaña de recolección de firmas -bajo la sombrilla de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA)- y fue su director ejecutivo quien firmó como responsable al presentar el texto base en junio del 2010.
Monge recordó que previamente se había presentado un proyecto sobre el tema del agua que se tramitó con el número 14.585, que llegó a aprobarse en primer debate en el 2005 pero quedó sepultado luego de una fuerte oposición del sector agro y de que se filtrara un texto sustitutivo emanado de la administración Arias.
En ese texto sustitutivo “se elimina el derecho humano al agua, los espacios de participación ciudadana y se dice que pueden haber entes públicos y privados prestando el servicio de agua potable: un modelo de apertura en la prestación de servicios al sector privado”.
De acuerdo con Monge, se tomó entonces la decisión de tomar como base el texto del proyecto 14.585 para ir trabajando “en paralelo” a la recolección de firmas en un texto que sería presentado.
“La Ley de Iniciativa Popular no obliga a tener un texto acabado y consensuado, eso es un sueño, uno lo hace en base a una serie de principios y una visión, en el caso de nosotros es la gestión integrada del recurso hídrico, eso incluye los cuatro principios de la Declaración de Dublín”.
Ante acusaciones de que detrás del proyecto figura la Global Water Partnership (GWP), un organismo multisectorial nacido a instancias del Banco Mundial (BM) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Monge replicó que “el BM puede decir misa” y añadió que “los agentes del BM que están moviendo eso aquí lo hacen muy mal, porque no han incidido en el contenido del proyecto”.
Ligia Fallas, diputada del Frente Amplio
“La recolección de firmas fue un fraude”
La legisladora Ligia Fallas ha sido una de las principales voces en contra de la iniciativa y entre sus cuestionamientos destaca que competencias del Servicio Nacional de Aguas de Riego y Avenamiento (Senara) pasen a una nueva Dirección Nacional de Agua (DINA), lo cual considera se prestará para que haya “influencia política”.
¿Por qué le preocupa la definición del agua como “bien económico”, a pesar de que se mantiene la noción de que el acceso al agua es un derecho humano?
-En este momento tenemos el artículo 267 de la Ley de Salud, el artículo 27 de la ley actual de aguas, el artículo 50 de la Ley Orgánica del Ambiente y el artículo 50 de la Constitución que reconocen el derecho humano al agua. No necesitamos una ley nueva que venga a decirnos que el derecho humano al agua y al consumo es un bien de dominio público.
El artículo 121 inciso 14 subinciso c de la Constitución establece que por seguridad nacional ni los puertos, muelles, aeropuertos y carreteras pueden salir del dominio del Estado; sin embargo, con una Ley de Concesiones nada está en nuestras manos, pero está en nuestras manos, ese es el juego que se hace cuando se crean leyes para legitimar la impunidad de toda esta corrupción que se da en el país.
¿Qué otros problemas encuentra en el proyecto?
Se saca de la Constitución la protección del ambiente al pasar tantas competencias medulares a la vía reglamentaria. Se viola el principio de conexidad, porque de lo que entró por iniciativa popular a lo que salió se pierde el 66%.
Tiene que quedar claro que las personas firmaron por un párrafo y en ningún lado decía que se iban a desproteger las zonas de recarga de los mantos acuíferos, o que querían que fuera un bien económico.
El hecho de que se haya violentado el tiempo perentorio de la iniciativa popular me parece sumamente delicado.
¿Es una debilidad de todo el proceso que se recogieron firmas a partir de un párrafo?
-Esa es la ingenuidad del pueblo costarricense. Eso nació a raíz de la aprobación del TLC, creímos que quedábamos en un riesgo enorme con la protección de nuestros recursos, nos preocupaba muchísimo el recurso hídrico y queríamos protegerlo con esa ley donde nos garantizáramos la participación ciudadana en la gestión. Lamentablemente como dice el magistrado Cruz, es doloroso -lo dice en la resolución de la Sala- que el esfuerzo para garantizar la participación lo que haga es que al final debilite más el marco jurídico que teníamos. Además, dentro de la propuesta de texto original, que tampoco lo conoció el pueblo, nadie que firmó conoció el texto, se hizo después que se habían recogido las firmas, está basado en un texto que había presentado Maureen Ballestero cuando había estado aquí -el 14485, creo- ha sido el mismo esfuerzo de la GWP, un texto que viene desde el Banco Mundial, que la gente ingenuamente recogió firmas. Desde ahí empieza el fraude, desde ahí empieza la burla para el pueblo costarricense.
¿Esa campaña de recolección de firmas fue un fraude?
-La recolección de firmas fue un fraude. Por el dolor, por la preocupación del TLC no lo medimos, caímos pollitos.
¿Quién es culpable del fraude?
-Yo diría que la misma organización GWP del Banco Mundial y todas las organizaciones que en este momento son parte de la GWP, que son las que aparecen en la hoja de recolección de firmas; ahí aparece el Programa de Gestión Ambiental Integral (Pro-GAI) de la UCR, hasta Cedarena, la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA), dentro de eso también están nuestras instituciones y hasta la Asamblea Legislativa, esas organizaciones son las que nos están presentando la hoja de recolección de firmas, que solo eso dice, y que después presentan un texto de ciento y resto de artículos con quince transitorios, algo que el pueblo jamás hubiera firmado, aunque de lo que entró a lo que salió todavía fue más manoseado.
Edgardo Araya
“Los principios generales están presentes en la ley”
El jefe de fracción del Frente Amplio antes de ser diputado se dio a conocer como uno de los activistas más visibles de la organización ambientalistas Unión Norte por la Vida (Unovida), notoria por luchas contra el proyecto minero en Crucitas y la instalación de represas hidroeléctricas.
¿Por qué es necesaria una nueva ley de aguas?
-Porque viene a ordenar y organizar el tema del recurso hídrico, la normativa legal está demasiado dispersa y no es clara. Algunas cosas están vía reglamento, y nada de eso da seguridad jurídica al tema del recurso hídrico.
Viene a ser una norma jurídica que permite la planificación del Estado, la participación de la comunidad. Actualmente, en ningún lado se establece el acceso en cantidad y calidad adecuadas como un derecho humano, como expresamente se plantea en esta ley.
Refirma que es un bien de dominio público y establece la posibilidad de cobrar adecuadamente por el uso del agua, sobre todo a las grandes empresas que lucran con el uso intensivo del agua y establece sanciones fuertes para quienes contaminan.
No es una ley perfecta, no soluciona todos los problemas, pero permite avanzar.
La definición del agua como “bien económico” ha sido asumida como sinónimo de que se aplica una visión mercantilista sobre el recurso.
Si algo se declara bien de dominio público, no puede entrar al comercio, no puede ser considerado mercancía. Ya ahí tenemos que ese argumento se cae. Si además sumamos que se declara derecho humano el acceso en cantidad y calidad adecuadas, ¿cómo alguien puede entender que una misma ley declara que una cosa le pertenece a todos los costarricenses, que no puede ser utilizada como mercancía y que además se declara derecho humano, y que también sea una mercancía? Solo con esa argumentación queda reducido al absurdo ese tipo de argumentos.
El agua efectivamente es un bien que tiene un costo económico, precisamente por considerar que el agua es gratis las grandes empresas lucran, sacan millones de ganancias entre lo que venden la botella de agua y lo que cuesta llenarla. Eso debe tener un costo para que el Estado tenga recursos para que pueda seguir protegiendo el agua.
Mucha gente usa términos como “traición” y “engaño”, pues consideran que el texto que firmaron es muy diferente al proyecto que está a punto de ser votado. ¿Cómo responde eso?
-Eso no es cierto. Tenemos claro que los principios generales están presentes en la ley: el derecho humano, la declaración de dominio público, la participación ciudadana en la planificación del recurso hídrico.
El texto no es radicalmente distinto, hubo modificaciones porque la Ley de Iniciativa Ciudadana no les impide a los diputados el derecho de enmienda, lo que sí tiene límites es que no se puede romper la esencia del proyecto, y la misma Sala Constitucional ha dicho que eso no es así, o sea que sí está la esencia.
Quien realmente bloquea esta ley no es la gente que dice el agua va a convertirse en una mercancía, quienes realmente bloquean la aprobación de esta ley están del lado de las cámaras empresariales, sobre todo agrícolas, agroindustriales que vienen hoy a frenar este proceso de más de 15 años de negociaciones de múltiples sectores de la sociedad.
También se ha dicho que detrás de esta ley está la GWP y el BM…
-A mí no me importa, que me digan en el texto dónde hay un tema que tenga que ver con el Banco Mundial.
Remito a lo que está en la ley, en ninguna parte va en contra de los intereses de este país. No me importa el BM, lo que me importa es que el agua esté protegida y que la ley esté con los intereses de la gente y del país y me parece que cumple con eso.
Insisto, no es una ley perfecta, no es la ley que viene a solucionar los problemas de este país en el tema hídrico, pero tampoco es una ley apocalíptica que acabe con el derecho al agua que tenenos todos los costarricenses.
