Wilberth Gómez, vecino de Paraíso de Sixaola, nos cuenta el proceso que ha tenido que llevar para poder tener la titulación de la tierra donde ha vivido, sembrado, luchado y crecido desde 1981, año en que llega a la comunidad con su familia, producto de una toma de tierras en fincas que habían sido abandonadas por la bananera Chiriquí Land (antigua United Fruit Company). Durante todo este tiempo, que ya son más de 30 años, ha vivido con incertidumbre sobre su tierra, ya que hasta hace muy poco existe claridad institucional sobre la posesión legal de su parcela.
Nos menciona que la década de los 80 fue muy dura, especialmente por todas las presiones y el poco apoyo que tenían del Estado por ser “precaristas”. Como no eran dueños de las tierras, tenían que pasar por un periodo de diez años para lograr el derecho de posesión. A costa de un gran esfuerzo, su familia logró “sobrevivir” ese periodo de tiempo a partir de la producción de granos básicos, tales como arroz, frijoles y maíz, en medio de un espacio rodeado de grandes plantaciones de banano para la exportación. Luego de cumplir este proceso, a inicios de la década de 1990, el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) empezó a titular la mayoría de las parcelas de los asentamientos creados en Sixaola, aunque nunca se logró entregar la totalidad de estos.
En noviembre del 2010, la situación se complica cuando el presidente ejecutivo del IDA les notifica a las personas de estos asentamientos que los títulos de propiedad no tenían validez, ya que la institución estaba obligada a cumplir los mandatos de la Contraloría General de la República sobre la franja fronteriza. En esta legislación, la tierra que se encuentra alrededor de los 2 km de la frontera se considera inalienable; es decir, no se puede titular por razones de seguridad, así como por riesgo ambiental. No obstante, cerca 20 asentamientos campesinos fueron creados y titulados en este espacio antes de esta ley. Ante esta disyuntiva, la comunidad se organizó y creó el Frente de Lucha en Defensa del Territorio, por medio del cual se articuló con distintos actores y organizaciones aliadas con las cuales llevaron a cabo este proceso. Con esto se generó un complejo conflicto, que se extiende hasta la actualidad, en donde se desarrollaron interpretaciones jurídicas y acciones institucionales diferenciadas sobre el caso de los asentamientos campesinos dentro la franja fronteriza.
Es en el mes de mayo del 2016 que la Contraloría se pronuncia nuevamente sobre el tema y permite que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) desarrolle los estudios necesarios para aprobar concesiones de tierra por periodos indefinidos en la franja fronteriza. En este contexto de cambio e incertidumbre, las familias campesinas que viven en la zona han tenido que desarrollar múltiples estrategias para continuar cultivando la tierra. En palabras de Wilberth, tener la titulación de la tierra significa para las comunidades fronterizas del Caribe:
“-Seguridad jurídica- esto nos permite a nosotros tener tranquilidad de que nadie nos va a venir a despojar a nosotros del espacio de tierra que tanto nos ha costado. Y si tenemos esto, significa que tenemos seguridad sobre la tierra y, por ende, seguridad alimentaria que, finalmente, es lo que hemos buscado. Tener un pedazo de tierra como campesinos, poder sembrar y saber que aunque pueda venir una crisis muy grande, nosotros tenemos tierra donde sembrar nuestros alimentos y los de muchas personas más. Para nosotros significa mucho tener ese título de propiedad; algunos dicen que los campesinos quieren tener títulos de propiedad para vender la tierra, pero eso no es cierto porque si hubiéramos querido vender les hubiéramos vendido a las mismas empresas que en el año 1991 traían todo un programa para comprar otra vez estas tierras y volverlas a sembrar de banano. Más bien nosotros nos opusimos a que las compañías adquieran otra vez estas tierras. Entonces sí, es muy significativo para nosotros la titulación, ya que fue y sigue siendo un proceso social y político de lucha”.
A pesar del tenso panorama que se ha vivido con la institucionalidad agraria del país, en donde hay un apoyo creciente a la agroindustria de exportación y al fomento de actividades de servicios en las comunidades rurales, existen pequeñas semillas de resistencia, como es el caso de Wilberth y las distintas familias de Sixaola que no abandonan su vida y práctica campesina. En este caso, la lucha por el acceso y mantenimiento de la tierra es más que un papel en el registro de propiedad, ya que se convierte en una de las ventanas para reconstruir la memoria colectiva de lucha, organización y defensa del territorio campesino.
