Con buen ambiente cuenta una iniciativa para que la comisión legislativa que investiga las implicaciones de los llamados Papeles de Panamá tenga potestades para legislar al respecto de sus hallazgos.
Se trata de una propuesta de la diputada liberacionista Karla Prendas que deberá ser planteada como moción y aprobada por el plenario de la Asamblea Legislativa.
La comisión fue creada con el fin de “identificar los mecanismos o prácticas utilizadas para eludir o evadir tributos, así como las deficiencias, vacíos y omisiones que pueda tener la legislación costarricense para la adecuada fiscalización y recaudación tributarias”.
Prendas propuso ampliar la potestad de la comisión para que además de investigar pueda legislar, porque “no me visualizo solo diciendo encontramos que sucede esto y es legal, sino que debemos tomar una posición; si estamos en un debate sobre cómo avanzar respecto a la situación fiscal del país, el primer eslabón debe ser tratar de que se tribute, que la gente no evada impuestos y parte de eso son los hallazgos de Panama Papers”.
Así, Prendas consideró que ese paso debe darse con legislación y por lo tanto su propuesta radica en que “de manera alterna vayamos con los técnicos trabajando dónde está la debilidad, cómo se soluciona, cómo se elabora y esa legislación se presenta como parte de las conclusiones”.
La legisladora incluso consideró que si en los tres meses de trabajo que le quedan a la comisión no alcanza el tiempo, se apruebe una prórroga para que “pueda trabajar e instaurar la legislación necesaria para el debate sobre este tema y que de verdad no quede en el papel o como un debate teórico, sino como una propuesta concreta en donde incluso los acuerdos políticos y la negociación política lleguen a un entendimiento para sacar legislación en ese sentido”.
La Asamblea Legislativa decidió nombrar una Comisión Especial Investigadora en torno a las actividades del bufete panameño Mossack Fonseca luego de que un esfuerzo global del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por su sigla en inglés) revelara la magnitud de las actividades de esa firma respecto al uso de cuentas offshore y demás para evadir y eludir el pago de impuestos, así como para crear redes legales para ocultar grandes capitales.
Mientras que la evasión fiscal se refiere a las prácticas ilegales para no pagar impuestos, el concepto de elusión más bien tiene que ver con el aprovechamiento de portillos en la ley para eludir esos pagos.
Las ramificaciones del caso del bufete en Costa Rica fueron investigadas en Costa Rica por UNIVERSIDAD y de manera independiente por DataBaseAr de AmeliaRueda.com.
AVANCE DE LA COMISIÓN
La comisión inició su trabajo el pasado 2 de mayo y hasta el momento ha recibido al viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Fernando Rodríguez, quien fue acompañado por el director de Tributación Directa, Carlos Vargas; a Priscila Piedra, directora General de Hacienda, y a Susy Calvo, directora de la Subdirección de Fraude Complejo.
En la última sesión antes del cierre de edición de UNIVERSIDAD a Román Chavarría, director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
La comisión investigadora está integrada por Marco Vinicio Redondo y Gabriela Guerrero del Partido Acción Ciudadana (PAC); Rolando Gonzalez -quien preside-, Juan Marín y Prendas del PLN; Rafael Ortiz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Patricia Mora, del Frente Amplio (FA); Otto Guevara, del Movimiento Libertario (ML), y Carmen Quesada, diputada independiente quien abandonó las filas libertarias.
Quesada calificó el trabajo de la comisión como “muy productivo” y criticó al diputado Guevara porque, según dijo, ante las explicaciones ofrecidas por los funcionarios sobre cómo se evaden y eluden los impuestos, “la fantástica idea del diputado Otto Guevara es bajar los impuestos del 15% al 5% a ver si pagan”.
La legisladora subrayó que el propósito de la comisión es “ofrecer un informe a la Asamblea y presentar un proyecto que por lo menos vaya a minimizar un poco los portillos para esas grandes evasiones de impuestos”.
Patricia Mora, del FA, ve con muy buenos ojos la propuesta de Prendas, ya que la comisión tiene el objetivo de indicarle al plenario “en qué sentido debe legislarse para que en Costa Rica no pasemos por la vergüenza de que haya un 8% de robo al erario público”, en referencia a la realidad apuntada por instancias como la Contraloría General de la República de que la evasión fiscal alcanza un 8% del producto interno bruto (PIB).
La legisladora apuntó que la propuesta de Prendas “era una idea que nos daba vuelta en la cabeza” y aseveró que “creo que va a contar con aval mayoritario”.
Mora también fustigó a Guevara, pues “se le ocurrió decir que si nos convertimos en un infierno fiscal entonces se irán los capitales y que lo que él propone es bajar los impuestos, para que haya menos ganas de evadirlos”. Añadió que ese diputado “es el único que parece absolutamente insensible a las barbaridades que ahí se denuncian, creo que el resto son costarricenses preocupados por la suerte de nuestro país”.
Guevara, por su parte, describió la iniciativa como “un comentario que hizo una diputada” y subrayó que aún no se ha traducido en una moción ante el plenario.
El diputado calificó las sesiones de la comisión como “productivas” y planteó que las autoridades de Hacienda deberían convocarse de nuevo con el propósito de “ir más despacio en relación con los diferentes esquemas que ellos consideran se utilizan para eludir impuestos y evadir impuestos”.
Se le preguntó al diputado hasta qué punto el problema de Costa Rica es de vacíos legales que permiten la evasión y la elusión y hasta qué punto el país puede ser un “infierno fiscal”, término que ha utilizado en varios medios de comunicación.
Guevara definió el “infierno fiscal” como una jurisdicción tributaria donde la carga impositiva “es tan alta y las atribuciones de las autoridades de impuestos son tan excesivas, que quienes producen en esos países buscan salir de estos con el propósito de proteger su patrimonio”.
“La idea nuestra es que Costa Rica no se convierta en un infierno fiscal, que saque ventaja más bien de un sistema de impuesto sobre la renta territorial para atraer a esos ciudadanos que están zafándose, que están escapando de los infiernos fiscales para que vengan, se establezcan en Costa Rica y puedan traerse su capital”, añadió.
La diputada Marcela Guerrero, del PAC, consideró que no debería ser necesaria una moción porque en su criterio el objetivo de la comisión es precisamente determinar los modos en que sistemáticamente se dan la evasión y la elusión fiscal para derivar de ello nueva legislación.
La diputada hizo un llamado a que se aprueben los proyectos de Fraude Fiscal, la Ley Especial de Extinción de Dominio, la Reforma a la Ley de estupefacientes, y la Regulación de Casinos, Abogados y Comerciantes.
Apuntó que “esos cuatro proyectos más la renta mundial tienen que ir”. El cobro de renta mundial quiere decir que a quien resida en Costa Rica se le cobrará impuesto sobre las rentas generadas fuera del país, idea contraria a lo propuesto por Guevara.
Once mil millones más
Desde el Ministerio de Hacienda el viceministro de Ingresos Fernando Rodríguez se refirió a la necesidad de incrementar el presupuesto de ese Ministerio en ¢115 millones, con el fin de crear doce plazas temporales que se dedicarán a la investigación del caso Mossack Fonseca.
Rodríguez manifestó que ese escándalo lo dejó “preocupado”, pues “teníamos la impresión” de que ese tipo de manejos financieros se daban, pero “no sabíamos que era tan generalizado ni tan masivo”.
Añadió que se preocupa además porque “esto sucede en Costa Rica con un marco legal muy débil. Nos queda una tarea importante por fortalecerlo”.
Sobre la inversión de ¢115 millones, ponderó que si se lograra aumentar la recaudación del impuesto de renta en un 0,001%, “ya los recursos que gastamos se recuperarían y con creces”.
Sin embargo, dijo estar seguro de que esa recaudación gracias a esa inversión podría aumentar en 1% adicional, “podríamos recuperar cien veces lo que vamos a gastar, entre ¢11 mil millones y ¢12 mil millones en un año”.
“Lo importante es que estos casos no queden en la oscuridad. Esta filtración de información es tan importante, tan relevante, tan valiosa que no podemos dejar pasar la oportunidad para investigar y que esto nos permita conocer prácticas que van a ayudarnos a mejorar mucho las labores que estamos realizando”, expresó.
