Muchos opositores a la laicidad del estado son, literalmente, más papistas que el papa. Basta analizar las declaraciones de Juan Pablo II y Francisco al respecto, para darse cuenta que las autoridades eclesiásticas costarricenses mantienen desde hace varios años una posición que riñe con la laicidad tal y como la ve el Vaticano. La situación se agrava cuando se descubre que Costa Rica es, junto con Haití y Panamá, de los únicos países que mantienen estados confesionales en el continente americano. Esto da pie a que, con base en criterios constitucionales, se otorguen millones de colones a las autoridades eclesiásticas cada año, dinero que podría redirigirse a educación, infraestructura vial, o alguna otra de las muchas necesidades que tenemos como país.
Dos de los papas más influyentes del siglo XX y XXI han hablado explícitamente de la importancia de la laicidad del estado. En primer lugar, Juan Pablo II, en la encíclica Deus Caritas Est, del 2006, menciona que que “El estado no puede imponer la religión, pero tiene que garantizar su libertad y la paz entre los seguidores de las diversas religiones”. Por su parte, Francisco, en declaraciones recogidas por el diario El País, de España, mencionó en 2013 que “la convivencia pacífica entre las diferentes religiones se ve beneficiada por la laicidad del estado, que, sin asumir como propia ninguna posición confesional, respeta y valora la presencia del factor religioso en la sociedad”.
Se observa, pues, que desde las más altas jerarquías eclesiásticas, se defiende la importancia de la separación iglesia-estado en las sociedades democráticas. Los mismos papas comprenden que un estado laico no es un estado “ateo” ni “antirreligioso”: más bien es neutral en materia religiosa. Esta neutralidad natural del estado busca no discriminar a determinados sectores solo por su religión, ni brindar privilegios monetarios o de ningún tipo a determinado credo, como sucede año tras año en Costa Rica. Además, visto desde el sentido común, ¿cómo un estado, una entidad abstracta, puede “poseer” algo como una religión?
La laicidad del estado nace como producto de una serie de aprendizajes históricos de las sociedades occidentales, que han vivenciado las catástrofes de no distinguir entre el ámbito religioso y el político. En esencia, la laicidad, además de abogar por la neutralidad, se opone al clericalismo, entendido como la influencia excesiva del clero en asuntos políticos. En su versión más extrema, un buen ejemplo actual de los desastres que pueden ocurrir cuando se borran las fronteras entre religión y política son los estados religiosos basados en la ley islámica o la sharia.
Con todos estos argumentos, resulta inverosímil ver cómo puede sostenerse la postura de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor), quienes han mantenido por muchos años una oposición a la laicidad del estado en Costa Rica. En 2009, por ejemplo, el presidente de la Cecor, publicó en La Nación un artículo (“Por qué nos oponemos a un estado laico”), donde se oponía al proyecto de ley 17.511, propuesto por el “Movimiento por un Estado Laico en Costa Rica”. Alegaba que la laicidad atenta contra la “identidad cultural” del ser costarricense, y que la Constitución tal y como está ya defiende la libertad religiosa.
Pero, ¿realmente existe libertad religiosa en el artículo 75 de la Constitución Política, que declara la religión católica como la oficial, y al estado como encargado de su manutención? Y más allá de eso, ¿qué hay detrás de la oposición, mantenida en el tiempo, de la Cecor y otros sectores religiosos? ¿Hay una verdadera transparencia en el manejo de los fondos dados a la iglesia? ¿Puedo yo como ciudadano acceder a esos documentos?
La laicidad del estado, pues, busca dar al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios, como incluso Jesús lo dijo. Se desea garantizar no solamente en las palabras, sino en hechos, la igualdad para todos los grupos religiosos, sin discriminación ni preferencias. Es hora de que Costa Rica modifique el artículo 75 de la Constitución Política. Esto representaría, además, un paso simbólico inicial hacia la consecución de otras luchas sociales que han sido constantemente impedidas por mera obstrucción política; por pura obcecación católica, apostólica y romana.
