Tras la publicación de los casos de costarricenses relacionados con el bufete panameño Mossack Fonseca, el Ministerio de Hacienda anunció que empezará una investigación y agilizará el procesamiento de la información.
Esto porque las autoridades hacendarias temen que, si entre los casos divulgados por la prensa existen algunos con pistas para una investigación tributaria, puedan perder la oportunidad de acceder a pruebas.
“Nos preocupa la posibilidad de que, en los casos don- de pueda haber algún delito, la información que pueda sustentar la investigación se destruya o desaparezca a raíz de las denuncias y por eso creo que vamos a tener que acelerar el trabajo más allá de lo que habíamos pensado inicialmente”, apuntó Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos de esa cartera.
Rodríguez expuso esta preocupación tras la publicación de los Papeles de Panamá, una investigación global donde colaboraron más de 400 periodistas a nivel internacional y que fue coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).
En Costa Rica, UNIVERSIDAD y AmeliaRueda. com publicaron los casos locales, cada uno de manera independiente. Los llamados Papeles de Panamá –una filtración de 11,5 millones de documentos del bufete canalero Mossack Fonseca– exponen cómo personas y empresas a nivel mundial utilizaron los servicios del bufete para opacar la propiedad de impuestos.
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Una vez que tengamos definido dónde puede haber elementos, empezar a hacer el acopio de información desde adentro y valorar si se necesita hacer un requerimiento de información de parte de nuestra”.
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En el ámbito costarricense, los documentos no muestran necesariamente actos ilegales según el ordenamiento jurídico nacional, pero revelan una cultura de propiedades offshore donde empre- sarios y banqueros utilizan sociedades offshore para manejar su dinero fuera del país.
Las autoridades de Hacienda utilizarán los casos, nombres y documentos relacionados a Costa Rica que han publicado ambos medios para hacer un primer acercamiento con posibles casos de evasión fiscal. “Tenemos que ir haciendo un acopio de los casos y enlistarlos.
De los casos que vayamos conociendo, tenemos que ir analizando si el caso prescribió por fechas y ya no hay dónde entrarle o si todavía podemos abrir un proceso”.
”Una vez que tengamos definidos dónde puede haber elementos, empezar a hacer el acopio de información desde adentro y valorar si se necesita hacer un requerimiento de información de parte de nuestra”, explicó el viceministro Rodríguez.
Rodríguez afirmó que el esfuerzo será a nivel de varias instituciones estatales, como el Ministerio Público, que ya anunció acciones por su parte.
Por instrucciones de la Fiscalía General de la República, las publicaciones se analizarán en la Comisión Interinstitucional en Materia Penal Tributaria, creada el año pasado en convenio con el Ministerio de Hacienda, con el fin de detectar delitos de fraude contra el fisco.
De la comisión también forman parte representantes del Organismo de Investigación Judicial y del Centro de Investigación y Formación Hacendaria.
La información publicada servirá apenas como indicio, porque no constituye una prueba como tal. Cualquier información que podría requerir Hacienda o el Ministerio Público deberá solicitar- la a las personas involucradas o a otros países, como Panamá o algunos de los paraísos fiscales del Caribe.
Para esto serán claves los convenios de intercambio de información que Costa Rica tenga con otros países, que actualmente son 14 convenios independientes, un acuerdo centroamericano y una Convención Multilateral de Asistencia Administrativa que el país firmó como parte de sus compromisos para acceder a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde hay 75 jurisdicciones que incluyen las Islas Vírgenes Británicas Panamá no es parte de ninguno de estos acuerdos de intercambio de información tributaria y tiene en suspenso las conversaciones para establecer un convenio bilateral.
Hacienda reactivó el diálogo la semana pasada tras la publicación de los reportes.
“El año pasado habíamos soli- citado a los panameños para que arrancáramos con un acuerdo de intercambio de información.
Inicialmente parece que ellos no podían hasta la segunda mitad del año, insistimos y sobre esa insistencia no volvimos a tener respuesta”, explicó Rodríguez.
Si el caso llegara a una etapa penal, el país sí puede pedir información dentro de los convenios que tiene el Ministerio Público.
