Un repaso de las promesas que Rodrigo Chaves realizó durante la campaña antes de alcanzar el poder evidencia que una amplia mayoría —70 de 104— no muestran ningún nivel de avance, o registran deterioros en las situaciones que ofrecía mejorar.
De los ofrecimientos realizados en su programa “Con valentía para el progreso de Costa Rica”, con el que Chaves y el Partido Progreso Social Democrático (PSD) solicitaron el voto de los costarricenses, se evidencia que, al cumplir la mitad de su período, un 68% no muestran ningún nivel de avance. Aquí hay que considerar que algunas de las promesas se repitieron en varios ámbitos.
De la revisión realizada por UNIVERSIDAD con informaciones, así como consultas con analistas, se determinó que 25 propuestas (24%) mostraban esfuerzos por cumplir, pero sin resultados concretos.
En un tercer nivel se clasificaron acciones con avance moderado, para propuestas que mostraban resultados y acciones, pero todavía insuficientes para alcanzar el objetivo señalado. En este grupo, aparecen siete ofrecimientos.
Finalmente, aparecen dos menciones para ofertas con un avance importante, pero se trata en realidad de una sola, ya que fue mencionada dos veces. Se trata de impulsar una Ley para el Fortalecimiento de la Denuncia, propuesta que se concretó, pero solo en la mitad de lo ofrecido por Chaves: no se incluyó la parte de “ofrecer atractivas recompensas”.
No hubo ninguna promesa que, a esta altura, se hubiera cumplido plenamente. Esto pone el terreno cuesta arriba para el mandatario por una situación de calendario. “El problema es el tiempo. Cada año que pasa es más difícil para el Gobierno impulsar su agenda, particularmente los proyectos más agresivos y ambiciosos. Y el cuarto año, con la contienda electoral, ya es muy difícil”, comentó el economista e investigador de la Universidad Nacional (UNA) Fernando Rodríguez.
Debe tomarse en cuenta que, a la fecha, el Gobierno ha planteado para este tercer año como iniciativas prioritarias retomar dos propuestas que naufragaron anteriormente: la reforma laboral para las jornadas de 12 horas, y la venta del Banco de Costa Rica (BCR) que, curiosamente, no estaban en su grupo de propuestas originales al electorado. Esto augura dejar poco espacio para otras iniciativas.
Un repaso de los diferentes campos (ver recuadros) permite tomar el pulso para el desarrollo que han tenido estas ofertas y los campos en los que se presentan mejores desempeños (ambiente, tecnología), así como los sectores más olvidados (freno a la corrupción, seguridad, reducción de la pobreza, empoderamiento de los ciudadanos, entre otros).
Economía no despierta
En el programa se plantearon diez promesas para garantizar el despertar de la economía. Sin embargo, para el economista de la UNA Leiner Vargas, “en materia de propuestas económicas, al Gobierno no le daría una nota ni siquiera para ir a examen de ampliación”, manifestó.
Vargas destacó que no hay avances novedosos en temas como ventanilla única, dinamizar el motor turístico (ni se logró atraer más visitantes de mercados no tradicionales, ni aumentar el peso del turismo médico), promover alianzas con sector privado o aumentar participación femenina en mercado laboral (de hecho, se redujo 9%, al tiempo que 140 mil mujeres dejaron la fuerza laboral).
Tampoco se lograron reducciones en los precios de medicinas, electricidad y arroz, a pesar de la emisión de decretos e incluso la depreciación del precio del dólar. “Las 50 medicinas más importantes del país están un 10% más caras”, dijo Vargas.
Se pueden mencionar avances en lucha contra trámites excesivos, comercio exterior y una mayor bancarización, aunque todavía falta para cumplir la promesa de una bancarización de todos los costarricenses de 12 años.
Corrupción, lucha olvidada
La lucha contra la corrupción fue una de las áreas que recibió mayor cantidad de promesas, con un total de diez. Es también una de las áreas más abandonadas: de los ofrecimientos en este campo, ocho no registraron avances concretos.
Únicamente avanzó la Ley de protección al denunciante, impulsada por el Gobierno, pero que tuvo que ser reformulada para no enfrentar problemas de constitucionalidad. Además, hubo un tímido intento de reformular el control de las auditorías externas, un proyecto de ley presentado por la diputada María Marta Padilla que ni siquiera logró una visión positiva de parte del ente contralor.
Empero, en esta sección quedaron olvidadas las ofertas de transmitir sesiones de Juntas Directivas de entes públicos, de evitar las adjudicaciones amañadas y una conducta de transparencia con la prensa, así como de impulsar sanciones más severas contra la corrupción.
Ambiente espera abrazo
Se presentaron diez propuestas en materia de ambiente, como un abrazo en verde y azul (colores del PSD), en una de las áreas con mayor nivel de avance, aunque mínimo (la mitad de las propuestas mostró niveles de avance menor, y una con avance moderado).
La aprobación de un plan de $70 millones del Consejo de Administración de Fondos del Clima (CIF) para invertir en la transformación de sistemas energéticos permite avanzar en este ámbito, y hay otros campos como el anuncio de la Ruta de la Salud Ambiental en abril del 2024 (replantear manejo de residuos), el anuncio de un plan en marcha para sustituir diésel con biometano y el lanzamiento en diciembre del 2023 de un proyecto para cuantificar el carbono orgánico en los suelos, muestran niveles de acciones, aunque muchas parecieran más en el nivel de lanzamiento de políticas, antes que planes en marcha.
Además, también hay grandes atrasos, como en la mejora de un sistema de transporte público interconectado y limpio, el aumento sustancial de la cobertura del alcantarillado (cobertura era de 21% en 2017 y de 17,6% para fines de 2023) y emisión de bonos verdes. Tampoco hay evidencia de avance de propuesta para abrir grandes parques “pulmones” en todas las provincias, al estilo de La Sabana.
Dinero en deuda
En este campo se presentaron nueve promesas, de las cuales más de la mitad quedaron sin cumplirse, aunque el economista Fernando Rodríguez advirtió que en varias de ellas la responsabilidad no recayó mayoritariamente en el Gobierno, sino en la Asamblea Legislativa que optó por enfoques contrarios.
En ese sentido, aunque el Gobierno incumplió una promesa de cumplir con la regla fiscal sin excepciones y presentó un proyecto para excluir el gasto de capital, los diputados fueron más allá en varios proyectos. También los legisladores evitaron que se avanzara en el tema de reducir las exenciones fiscales. El caso más visible fue el tema de los alquileres, en el que el Gobierno apostó todo por un proyecto de Ciudad Gobierno que enfrentó cuestionamientos en la Contraloría y en la Asamblea.
Empero, Rodríguez consideró que no se avanzó en propuestas como adoptar una escala salarial única y dar incentivos solo por desempeño, así como en disminuir los intereses de la deuda pública, que más bien incrementaron su peso en el presupuesto: pasaron de un 43% en el 2022, a un 46% en 2024.
Salud con mal diagnóstico
En esta materia se presentaron ocho propuestas, de las cuales más de la mitad no presentan diagnóstico saludable. El salubrista Luis Bernardo Villalobos consideró que en este campo se han presentado diferentes iniciativas, pero se requería una mayor articulación e ir más allá de esfuerzos que incluso vienen de años anteriores.
Villalobos indicó que estrategias como los EBAIS, el EDUS, la digitalización de los sistemas y la telemedicina son acciones y tendencias que se han desarrollado, pero no ha percibido resultados fuertes o evidencia de fortalecimiento, como se prometió en el plan de gobierno.
En esta área el tema insignia son las listas de espera, que el Gobierno prometió reducirlas. Sin embargo, los resultados apuntan a que los esfuerzos en este campo entran en coma: según datos del Sindicato Nacional de Enfermería, las listas de espera pasaron de 405.000 en diciembre de 2022 a 1.128.245 en diciembre de 2023.
Pobreza no es prioridad
En este campo, el Gobierno pregonó que si era posible reducir la pobreza y ofreció siete promesas concretas. De ellas, seis se quedaron fuera del camino y únicamente una presentó algún desarrollo, pero más vinculada a un resentimiento presidencial que a un deseo de combatir la vulnerabilidad: el proyecto para regular el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), presentado dos meses después de la marcha universitaria del 16 de agosto del 2022.
El principal ofrecimiento de este campo es la focalización del gasto social, pero, en palabras del economista Fernando Rodríguez, “recortar no es focalizar”. La inversión social cayó a su nivel más bajo en la década durante el gobierno de Chaves (por debajo de nivel de 10% del PIB en 2024), no hay evidencias de que se impulsara una política de vivienda descentralizada, y los últimos datos disponibles de la Red de Cuido, que se debía fortalecer, apuntaban a que apenas se atendía a 16% de niños que vivían en la pobreza, y que en lugar de aumentar los recursos, se planificaba un recorte.
Infraestructura abandonada
Para la infraestructura, se presentaron seis ofrecimientos, que se resumían en superar el rezago generado por la baja inversión pública. En ese sentido, se va en dirección contraria: Olman Vargas, presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, resaltó que resultado de los recortes fiscales, se están utilizando únicamente un 10% de los recursos públicos para infraestructura.
“No aumentó la calidad del gasto, sino que se encuentra en los niveles más bajos de nuestra historia”, indicó Vargas, quien resaltó que no se cuenta con propuesta concreta para ferrocarril y se está a punto de perder el crédito de $600 millones en condiciones favorables, no hay avance en fortalecer los laboratorios de materiales del MOPT, ni definiciones ofrecidas en temas como aeropuertos y puertos.
Únicamente se presentan intentos de regular plataformas de transporte y medidas de corto plazo en puerto Caldera y en el aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia. “Hay pocos avances, no hay proyectos propios del Gobierno —Circunvalación y Cartago venían de anteriores administraciones—, y no han podido impulsar San Carlos, hay complicaciones y atrasos en las rutas 1, 27 y 32, pareciera que los logros son más de discurso, que de obras”, dijo.
Educación con mala nota
En educación se presentaron seis promesas, de las cuales cinco no pasan el examen. Para el académico de la UNA, Pablo Chaverri, la evaluación se complica por la falta de información clara de parte de las autoridades. “No conocemos bien de acciones y estrategias, solo se presentó la Ruta de la Educación, un grupo de filminas”, explicó.
En este campo, destaca la promesa de hacer obligatorio el bilingüismo, y que todos los estudiantes deberán ser capaces de comunicarse en inglés sin esfuerzos. “Es un proceso difícil, no se hace por decreto, y evaluaciones de la UCR demuestran que los estudiantes se encuentran en los niveles más básicos”, comentó Chaverri.
Adicionalmente, no hay evidencias de mejoras en la actualización de los docentes, fomento de la educación en ciencias y matemáticas, o evaluación de la calidad del aprendizaje. “Hay problemas serios, el Gobierno eliminó las pruebas Faro, pero no las sustituyó por un modelo claro”, mencionó Chaverri. Únicamente en materia de impulso a la educación dual se evidencia algún avance, con un proyecto de ley.
Menos empleos
En materia de más y mejores empleos, se presentaron seis propuestas, de las cuales cinco no muestran avance. De hecho, la creación de empleos es una de las grandes pendientes del Gobierno, ya que, en lugar de la creación de 205 mil empleos al 2026, a la fecha se presenta una caída de un 15%: más de 388 mil.
En las propuestas únicamente se presenta algún avance en la atracción de empresas internacionales, pero en la línea de anteriores administraciones y más de la mano de CINDE, a la que el Gobierno eliminó presupuesto.
Aquí se repite la promesa de bilingüismo obligatorio, de la mano con propuestas de revisiones de las cargas sociales de las cuales no se evidencian propuestas concretas.
Seguridad se desborda
En seguridad se hicieron seis promesas, de las cuales solo hubo avance en el tema ya mencionado de la Ley de Denuncias, pero el resto se quedó corto, lo cual se evidenció más por la crisis de seguridad que atraviesa el país. “En las propuestas no se evidencian avances concretos, quedan en el nivel de las buenas intenciones, y nada más”, expresó Steven Cerdas, de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística.
En este campo debe citarse acciones como mejorar las condiciones de trabajo de los policías (denuncias de ANEP en 2023 evidenciaban serias limitaciones), inversión en tecnología (reclamos de director de OIJ Randall Zúñiga por presupuesto también evidencian limitaciones), entre otras.
Adicionalmente, se presentaron cuatro propuestas en el tema de Justicia, de las cuales solo hay evidencias de movimientos para impulsar los métodos alternativos de justicia, pero con incumplimientos en eliminar la congestión en tribunales y Sala IV, que, por el contrario, enfrentó en el 2023 una cifra récord de sentencias: 23% más que año anterior.
Participación quedó al margen
Es una promesa central que encabezó el programa y se nutrió de otras cuatro, como forma de empoderar al ciudadano. Empero, Geovanny Barboza, director de Planificación Institucional en la Defensoría, destacó que la Defensoría no identificó acciones concretas para elevar la participación, como, por ejemplo, las encuestas para evaluar los servicios públicos, o reformas a el referéndum y elecciones de medio período.
Barboza también se refirió a las tres propuestas para generar un Gobierno más inclusivo, tema en el que cuestionó que se podría entender por inclusividad, dadas las políticas del Gobierno de ponderar los recortes fiscales por encima de las poblaciones vulnerables. También resaltó que las menciones de alcanzar una sociedad menos conflictiva son difíciles, en el entorno de recortes a servicios públicos.
Tecnología sintoniza polémica
En el campo de la tecnología, se concretaron seis ofertas de acciones. Para el exviceministro Teodoro Willink, hay objetivos ambiciosos, pero todavía se presentan problemas para alcanzar las metas.
El caso típico es la oferta de impulsar la quinta generación de comunicación móvil (5G) y lograr cobertura total, cuando ni siquiera se ha logrado para 3G. Además, el conflicto con el reglamento de ciberseguridad ha generado atrasos, al punto que genera preocupaciones en el sector.
Pero es el campo con mayor avance, en un entorno donde se ofreció la digitalización total del Estado, pero hay mucho por recorrer (Informe de OCDE calificó a Costa Rica con 0,2 en Gobierno Digital, donde el 1 es la nota máxima. El país es el sotanero en esta medición).
