Crédito: Katya Alvarado.

El proyecto presentado por la diputada Paola Vega, con el número de expediente 21.159 “Ley para solucionar la contaminación de residuos plásticos”, propone crear impuestos del 10%, 15% o 25% según la capacidad contaminante del tipo de plástico.

“No es lo mismo el impuesto que tendría una jabonera a lo que tendría una botella de refresco, porque estamos gravando de manera más fuerte esos plásticos que llamamos de un solo uso”, aseguró Vega.

En Irlanda, un impuesto de 15 centavos por bolsa plástica provocó una reducción del 90% en su empleo.

Sin embargo, también se han encontrado con ciertos casos donde los efectos no son los esperados, como en el caso de Sudáfrica, donde en primera instancia se redujo el consumo de bolsas en un 44%. No obstante, el uso de las bolsas volvió a subir con el paso de los meses.

Desde la creación de la Estrategia Nacional para sustituir plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables, se sugirió eliminar las compras municipales de plásticos de un solo uso, por lo que de ser prohibidos de acuerdo al artículo 5 del proyecto 21.159, sería una medida de continuidad conforme al planteamiento otorgado por el Gobierno anterior.

En diversas ocasiones, la Asociación Cámara Costarricense de la Industria del Plástico (Aciplast) ha mencionado que, de aprobarse este impuesto, se verían afectados 15.000 puestos de trabajo de forma directa y de forma indirecta casi 100.000. No obstante, para Vega esto es poco cierto, debido a que en múltiples ocasiones ha solicitado que le sustenten esos números mediante cartas oficiales al despacho y no habido respuesta.

“El reciclaje no es la solución. En la escala del manejo de los residuos la primera R es rechazar, porque nada hacemos teniendo un montón de materiales contaminantes y reciclarlos, porque siguen estando ahí, generando que algún momento vayan a ser desechados. Así que primero se debe reducir el consumo de lo que no necesitamos” sostuvo Vega.

Según el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR) y el PNUD se calcula que de ser aprobado este impuesto, el gasto de un hogar más pobre aumentaría 269 colones (0,19%) dentro del escenario más realista y 584 colones (0,40%) del ingreso en el escenario más pesimista. Mientras que en el caso del hogar más rico por su parte pagaría 710 colones (0.03%) en el escenario más realista y 1471 colones (0.06%) en el escenario más pesimista. Para Vega estos datos son alentadores para continuar con su proyecto, pues bajo su percepción no representa un impacto tan elevado en la economía del país.

Por otro lado, la diputada oficialista busca etiquetar los productos plásticos de acuerdo a su grado de impacto ambiental, además, de que deben mostrar cómo disponer de ellos, basado en la norma dada por Inteco acerca del Etiquetado RCM para materiales renovables y compostables.

“La industria de los plásticos a mí se me parece mucho a la industria del cigarro, porque quieren vender su producto como si fuera totalmente inocuo y no quieren decirle a la gente lo que esto causa. Esto es parte de ser un consumidor responsable…si la etiqueta dijera que una botella va a durar 200 años en deshacerse o más, esto podría impactar más al consumidor, a diferencia de uno que no la vea”, agregó Vega.

Mientras, la propuesta del legislador Erwen Masís, aprobada recientemente, prohíbe “la comercialización y entrega gratuita de pajillas plásticas de un solo uso” y “la comercialización y entrega gratuita de bolsas plásticas al consumidor final en supermercados”. Asimismo, busca promover modelos educativos para reforzar la cultura ambiental en Costa Rica.

Se establece una excepción en el caso de las bolsas plásticas pequeñas y medianas que garanticen su reutilización. Por ello, deben ser producidas con un 50% de material reprocesado y ser biodegradables.

En Jan Recicladora S&M se recolectan alrededor de 15 a 20 toneladas de plástico por semana. Crédito: Katya Alvarado.

Además, prohíbe al sector público la compra de artículos plásticos de solo uso, utilizados para el consumo de alimentos. Esta medida complementa al artículo 29 de la Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos, que busca promover en las instituciones públicas la compra y la utilización de materiales reutilizables, reciclables, biodegradables y valorizables.

El proyecto inicialmente contemplaba prohibir todo el plástico de un solo uso a nivel nacional, sin embargo, luego de haber despertado grandes preocupaciones por parte de la industria plástica, se eliminó esta medida. Con esto busca mantener su “enfoque educativo y no prohibicionista”.

“Un paso importante que el país tiene que dar en esta materia, es una transformación en la producción, entonces hay que ver cómo lograr que la industria ya no siga produciendo de las mismas materias primas, que son altamente contaminantes y se empiece a producir otras materias primas que en su descomposición tengan más armonía con el ambiente” explicó Masís.

El objetivo inicial de Masís con respecto al plan aprobado, fue siempre desincentivar el consumo del plástico, más no eliminarlo por completo.

“Primero debe darse la conversión de la industria, es decir; el error más grande puede ser no preparar al país para un cambio. Entonces se le debe decir a la industria que busque otra materias primas, para que un plazo de 3 o 4 años tengamos el paso dado” aclaró Masís.

Un factor relevante son los hábitos de consumo, los cuales determinan el progreso evolutivo que la población va desarrollando con respecto a la materia ambiental. No obstante, un punto focal a determinar es que el expediente 20.985 cuenta con proyectos complementarios, como el proyecto 21.495 “Ley de Incentivos para la conversión a Bioenvases biobasados y compostables para bebidas”, con la que se incentiva al sector privado de bebidas, a fabricar y utilizar productos más eco amigables con el ambiente.

Masís aseguró que la política pública del Ministerio de Educación debe ser más rígida. “Sólo llegando a los estudiantes desde los más pequeños hasta los más grandes, con educación y hábitos de consumo, se logra esa diferenciación de hacer el esfuerzo de pagar más por un producto que contamina menos, para así ir llevando al productor a fabricar productos biodegradables y no otros” agregó Masís.

Para Alonso Muñoz, la aprobación del proyecto 20.985 es un seguimiento a lo que Costa Rica ha venido trabajando hace 20 años atrás.

“Con la eliminación de las pajillas adjuntas a un empaque se da un plazo de tres años para eliminarlas y además, deja entreabierto que las pajillas biobasadas (fabricadas con materias primas orgánicas que proceden de fuentes renovables) sean utilizadas, pero aún en Costa Rica no existe una planta de compostaje industrial donde puedan ser tratadas, entonces cabe la posibilidad de que una gran parte de esas pajillas terminen en el ambiente o en un relleno sanitario” afirmó Muñoz.

Jaime Cerdas, presidente de Aciplast admite que existe un problema notorio de residuos plásticos, pero no considera que la solución sean los impuestos o prohibir el plástico sino la economía circular.

“Nosotros no vemos el plástico como un elemento independiente, tiene que estar ligado a todos los materiales valorizables, como el aluminio, papel, cartón, etc. Es por eso que como asociación necesitamos que todo tenga mercado, para que muchos centros de acopio se desarrollen y así saber qué se necesita, cómo y cuáles aliados privados y públicos se requieren para montar una estrategia nacional orientada a una economía circular” añadió Cerdas.

Cerdas prefiere el planteamiento de Masís ya aprobado porque se aboga por la reutilización.

Además Cerdas, sostiene que según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) el BPA (compuesto químico utilizado en plásticos) no es tóxico, ya que se metaboliza rápidamente y tiene un efecto estrogénico muy débil, esto basado en el estudio de Uso de plásticos en aplicaciones de contacto con alimentos, publicado por la FDA en el 2014.

No obstante, la FDA aclara que pese a que los niveles de BPA que se filtran en los alimentos podrían ser inofensivos, todavía no sabe con certeza el nivel de impacto en el organismo humano. Es por ello, que constantemente surgen múltiples estudios que afirman que el plástico BPA propicia problemas de salud.

En el caso del plástico PVC (policloruro de vinilo), los centros de acopio no lo reciben porque no es valorizable, debido a su alto grado de toxicidad. Por lo que las resinas plásticas fabricadas son libres de este tipo de material. Crédito: Katya Alvarado.

Aciplast ha reiterado que la mala gestión de residuos y la falta de culturización ambiental ha encaminado al país a tomar medidas extremistas que no solucionan el problema, al contrario, cambian un producto por otro.

“No podemos hacer un proyecto de ley contrario a lo que se está haciendo en el mundo. No podemos desaparecer un sector económico y al final no estamos resolviendo el problema...mi trabajo como presidente es hacer una transformación del sector acorde a la tendencia mundial de economía circular, incentivando la valorización de desechos en el país”, expresó Cerdas.