Las universidades públicas ajustarán sus operaciones al mismo presupuesto del año 2019, luego de que la Contraloría General de la República rechazara el plan para utilizar los recursos que se negociaron con el gobierno para el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) del 2020.
El pasado 19 de diciembre, la Contraloría archivó los presupuestos universitarios del 2020 bajo el alegato de que estas instituciones debían presentar una certificación de la Secretaría Técnica de la Administración Presupuestaria (STAP) haciendo constar el cumplimiento de la regla fiscal.
La regla fiscal es un porcentaje que impone como tope al crecimiento de los presupuestos del sector público no financiero, que se calcula sobre la relación entre el porcentaje de la deuda pública y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
Para este año, los presupuestos en el caso indicado no deberían tener un crecimiento mayor al 4,67%. Sin embargo, las universidades estatales consideran que esta regla no les aplica, dada su autonomía de rango constitucional, punto que deberá aclararse en la Sala Constitucional cuando se resuelva el recurso.
Mientras esto sucede, las instituciones de educación superior pública realizan ajustes a sus presupuestos para tratar de “funcionar normalmente” con los mismos recursos que tenían a disposición el año pasado.
Plan B
El rector del Instituto Tecnológico y presidente del Consejo Nacional de Rectores, Luis Paulino Méndez, comentó a UNIVERSIDAD que los rectores y sus equipos ya vienen trabajando en el ajuste de los presupuestos.
“Ayer mismo se empezó a trabajar en el alineamiento de las metas del presupuesto 2019 con las metas del 2020, el próximo lunes tenemos una nueva reunión para analizar el impacto que tiene alinear el presupuesto 2019 a lo que queremos hacer en 2020, en eso estamos ahorita”, afirmó Méndez.
Inclusive, Méndez comentó que el usar el presupuesto anterior podría poner a disposición de algunas instituciones – como el caso del TEC- de más recursos, pues en ese presupuesto se estaban ejecutando los proyectos del Banco Mundial, entre otros.
Sin embargo, esto no significa que las universidades estén renunciando al incremento del 2,32% que aprobó la Comisión de Enlace en julio pasado, y al monto final que aprobó la Asamblea Legislativa.
Para esto, las universidades tendrán a disposición el mecanismo de los presupuestos extraordinarios, una vez que se aclaren los requisitos para que la Contraloría apruebe el uso de estos recursos.
“Estamos esperando la respuesta de la Sala Constitucional, porque contra la aplicación de la regla fiscal, tenemos la acción de inconstitucionalidad pendiente de respuesta”, expresó el rector.
“Estamos apegados a la Constitución Política en cuanto a que no nos corresponde llevar estos presupuestos a la Autoridad Presupuestaria, ni a Mideplan ni a ningún otro lado, que para eso tenemos autonomía. La Sala no ha resuelto y veremos hasta donde tenemos que esperar antes de recurrir a otros medios”, añadió.
Según Méndez, aceptar el requisito de certificación ante la Autoridad Presupuestaria sería no solo ir contra la Constitución Política, sino además, implicaría reconocer que lo planteado en la acción ante la Sala está equivocado.
Tanto Méndez, como el rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, aseguraron que el tener que ajustarse al presupuesto del 2019 no traerá grandes problemas a la operación de las universidades.
En el caso del TEC, Méndez la institución funcionará “normalmente” y solo quedarán a la espera de que se aprueben los presupuestos extraordinarios para incorporar los nuevos recursos.
En la UCR, Jensen dijo que inicialmente, esta circunstancia “no provoca ninguna dificultad técnica, logística o funcional” durante estos primeros meses del año, pero sí se requiere “pronto” de la presentación de los presupuestos extraordinarios que permitan utilizar los recursos del FEES 2020.
“En este ínterin, la afectación que sí tenemos es que no podemos pagar por el momento la anualidad ni el ajuste por el costo de vida, eso queda por fuera, pero se harán las reservas para pagar todo retroactivamente”, indicó Jensen.
En el caso del presupuesto 2019, el rector de la UCR explicó que estos recursos pueden ser aprobados por el Consejo Universitario sin pasar por la Contraloría General de la República, por lo que ante la urgencia, espera que el órgano colegiado dé su visto bueno en las próximas dos semanas.
Jensen también puntualizó cuando se habla del presupuesto 2019, se debe considerar que se trata del “presupuesto final” y que incluye los extraordinarios que incluyeron durante el año, por lo que se trata de un monto mayor al que se tenía aprobado en enero del año pasado.
También apuntó que el presupuesto de las universidades para 2020 sí cumple con la regla fiscal, pero lo que está en discusión es la obligatoriedad de obtener esa certificación de la autoridad presupuestaria.
¿Había que certificar?
La discusión sobre el requisito de obtener la certificación de la Autoridad Presupuestaria para que los presupuestos universitarios fueran aprobados se dio a medidos del año anterior, cuando el Ministerio de Hacienda hizo ese requerimiento.
En aquel momento, Conare entabló conversaciones con Casa Presidencial y Hacienda, lo que resultó en una nota del entonces viceministro, Nogui Acosta, en la que se indicó que las universidades no debían certificar sus presupuestos ante la Autoridad Presupuestaria y sería entonces la Contraloría General de la República la que directamente debía aprobarlos o rechazarlos.
El rector Jensen apuntó que al presentarse la acción de inconstitucionalidad por parte de las universidades, la Sala ordenó que mientras se resolvía, no se podían dictar actos finales relacionados con la regla fiscal.
“Estamos en una situación semejante a la del Poder Judicial, donde la Contraloría emite órdenes, impone políticas, existiendo una orden de la Sala que deben suspenderse todos los actos finales en los asuntos impugnados, que fueron los asuntos la validez de regla fiscal”, indicó el rector.
