Las universidades estatales analizan con precaución el Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Costa Rica para 2023, pues muchas de las afirmaciones que se realizan en el estudio sobre educación superior no reflejan la realidad nacional, según diversas autoridades académicas.
“Tenemos que analizarlo con mucho detenimiento porque ofrece datos y recomendaciones que debemos saber interpretar a la luz de la situación de la educación en general y la educación superior en particular, en este momento en nuestro país. Es un documento en el cual se hacen observaciones que no siempre responden a una realidad nacional”, manifestó sobre el estudio el rector de la Universidad Estatal a Distancia, Rodrigo Arias.
“Nosotros educamos para la vida; no educamos para satisfacer únicamente las expectativas del mercado”, Emmanuel González, presidente del Conare.
Por su parte, el vicerrector de Docencia de la Universidad de Costa Rica (UCR), Felipe Alpízar, indicó que es relevante que el estudio hace un llamado al país para que el sistema de educación pública mejore su calidad; no obstante, “sobre educación superior el análisis no es del todo integral” ya que “se ignora la complejidad” del quehacer universitario en investigación, acción social y otros.
Además, el presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), Emmanuel González, expresó que “el informe no plantea nada nuevo”, sino situaciones que las propias universidades públicas han ido resolviendo a través de mejora continua.
Gasto por estudiante cuatro veces más alto
En el informe, la OCDE señala que el gasto total en educación ha disminuido en los últimos años, pero “menos en la educación terciaria”. El estudio indica que “el gasto actual por estudiante es el más alto en educación terciaria, alrededor de cuatro veces más que en primaria, secundaria o preescolar” y que “esta estructura de gasto regresivo debe cambiar y el gasto debe volver a priorizarse hacia niveles educativos más tempranos”.
Al respecto, Alpízar señaló que se debe “ver los dos lados de esa ecuación” ya que “puede ser que estemos invirtiendo muy poquito” en los primeros niveles educativos, lo cual provoca que la relación se separe. Sin embargo, destaca el académico, aún con la inversión adecuada “no es lo mismo un laboratorio especializado en ingeniería que requiere profesores con doctorado y aparatos de laboratorio muy caros, que un aula en una escuela”.
“Obviamente la educación va a ser mucho más cara a nivel de educación superior, solo para hablar de la parte de docencia, pero cuando vos le agregás toda la investigación y la acción social, obviamente no es simplemente agarrar el presupuesto de las universidades y dividirlo entre la cantidad de estudiantes que tenemos”, agregó el vicerrector.
En la misma línea, el rector de la UNED explicó que la relación de la inversión entre la educación superior y los primeros niveles sería distinta si el Gobierno cumpliera lo estipulado en la Constitución Política, sobre la proporción del producto interno bruto (PIB) que se debe destinar a la educación.
“No se trata de bajar y afectar a todos los sectores, sino de subir la inversión en educación para que el 6% actual vuelva al 8%, como es el mandato constitucional”, dijo Arias.
Además, el rector de la UTN agregó que, “si nos ponemos a competir entre nosotros creyendo que hay que quitarle a las universidades para fortalecer la primaria, estamos otra vez mal”.
Mezcla de universidades públicas y privadas
En una gran parte del análisis, la OCDE presenta datos de la educación superior pública y privada en general, sin hacer mayores distinciones, pese a las diferencias que cada sector tiene por su misma naturaleza.
“Usted no puede hacer esa mezcla jamás, son mundos diferentes”, indicó sobre esto el presidente del Conare, mientras que el rector de la UNED afirmó que, si bien “no podemos desconocer que existe la universidad privada”, lo oportuno sería también “hacer un análisis particular de la universidad pública”.
Asimismo, el vicerrector de la UCR se opuso a la combinación, puesto que “la situación de las universidades públicas y privadas es claramente distinta” por razones como que las públicas realizan labores que trascienden la enseñanza, como investigación y acción social, pero también “docencia con niveles de calidad”.
Los académicos también criticaron una afirmación de la OCDE, donde el ente señala que el financiamiento estatal “excluye” a las universidades privadas, ya que solo las públicas reciben el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Alpízar indicó que el FEES “es un instrumento de desarrollo para las universidades públicas” las cuales tienen beneficios notorios, por lo cual, la idea de que las universidades privadas reciban recursos de este Fondo “sería perjudicial y no es de recibo”.
En el mismo sentido, Arias aseguró que las universidades “no serían privadas si tienen recursos públicos”, además de que estas ya reciben un financiamiento indirecto de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape): “Eso está bien, pero no que requieran una transferencia directa de recursos de las universidades públicas”.
Poca colaboración entre universidades y centros de investigación
La OCDE indica que “Costa Rica también carece de una cultura de colaboración e intercambio abiertos de información entre universidades y centros de investigación que se observa en los sistemas más innovadores”.
Lo anterior, pese a que el 78% de la investigación realizada en el país la producen las universidades estatales:
“No veo cómo se sustenta una afirmación de decir que no se comparte esa información con los centros de investigación y viceversa, si son de las mismas universidades”, evidenció Arias, mientras que el rector de la UTN aseguró que el Conare “se comporta como un sistema” donde hay coordinación entre universidades e investigadores.
Costo de matrícula beneficia a sectores favorecidos
Otra afirmación errónea, a criterio de los académicos, es que los bajos costos de matrícula en las universidades estatales benefician principalmente a quienes “provienen de un entorno socioeconómico aventajado”, por lo que el cobro de matrícula debería ser “más progresivo”.
Sobre esto, el rector de la UNED aseguró que los aranceles actuales son los adecuados para el ingreso de los estudiantes de todas las familias: “En cuanto a la afirmación de que favorece a los sectores de más ingresos, eso no puede sostenerse. Es una observación un tanto sesgada en relación con la realidad de las finanzas de las familias en Costa Rica”.
Arias indicó que se debe medir el costo-beneficio de una medida como aumentar el costo de matrícula: “Podría ser más bien excluyente para muchos otros sectores y el costo sería mayor para la sociedad”.
Por su parte, González indicó que “hay situaciones que no se necesita ser un gran estadístico” para darse cuenta que en las universidades públicas la mayoría de los estudiantes provienen de sectores económicos desfavorecidos (8 de cada 10 vienen de colegios públicos).
Finalmente, Alpízar detalló que “para que los ingresos por matrícula fuesen suficientes para financiar actividades sustantivas habría que aumentar muchísimo el costo de la matrícula y más bien se convertiría en una barrera de acceso”.
