Las universidades públicas podrían encontrarse con la imposibilidad de ejecutar cerca de ₡9.830 millones este 2021, debido a los límites que impone la regla fiscal en materia de gasto corriente.
Este mecanismo, establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, impone un límite de crecimiento en el gasto corriente que pueden hacer las instituciones, respecto del año anterior, tanto en la fase presupuestaria como en la de ejecución.
Esto genera que, en muchos casos, exista un monto máximo a presupuestar mayor al monto máximo de ejecución, ya que los presupuestos deben ser entregados a finales de setiembre, cuando aún no se conoce el resultado final de la ejecución anual. Para 2022 la regla fiscal aplicará también a gastos de inversión.
“Esto atenta contra la Constitución Política porque en la práctica es una forma de reducir el presupuesto de las universidades”, Roberto Guillén, vicerrector de Administración de la UCR
Tal es el caso de la Universidad de Costa Rica (UCR), en donde el monto máximo para presupuestar en gasto corriente en 2021 es de alrededor de ₡292.385 millones, mientras que el tope de ejecución ronda los ₡286.541 millones, según datos de esta entidad.
Aproximadamente ₡5.844 millones son los que quedarían sin potestad para utilizar, si esta entidad alcanza el máximo presupuestable. El último dato disponible indica que ya se presupuestaron ₡287.745 millones, a falta de la última actualización que se realiza en estos momentos y lo que queda del año.
Por su parte, en la Universidad Nacional (UNA) el monto del presupuesto ordinario para 2021 asciende a los ₡116.515 millones en gasto corriente, mientras que la ejecución máxima se sitúa en ₡115.159 millones, según datos de la vicerrectora de Administración, Roxana Morales. Esto implica que no se pueden ejecutar ₡1.356 millones en esa institución de educación superior.
En el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la cifra no ejecutable alcanza los ₡273 millones, ya que el presupuesto de gasto corriente para 2021 es de ₡62.106 millones, mientras que el límite de ejecución es de ₡61.833 millones, según datos brindados por Humberto Villalta, vicerrector de Administración de esta casa superior de enseñanza.
En el caso de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la Oficina de Presupuesto informó que el monto máximo de presupuesto en gasto corriente para 2021 se aproxima a los ₡58.597 millones, al tiempo que el máximo de ejecución se acerca a los ₡56.240 millones.
Para este centro de estudios, el monto que no se podría ejecutar se aproxima a ₡2.357 millones. Actualmente, la UNED se encuentra a ₡40 millones de alcanzar el límite de presupuesto.
Entre estas cuatro universidades, el monto que no se podría utilizar sobrepasa los ₡9.830 millones. Entre el gasto corriente se encuentran las becas y salarios, así como la compra de bienes y servicios.
La Universidad Técnica Nacional (UTN) es el único de los centros de educación superior estatales que tiene un monto máximo de ejecución mayor al presupuestado, situándose el primero en ₡42.593 millones y en ₡41.867 millones, el segundo.
Esto permite que este 2021 la UTN pueda aplicar el total de gasto corriente, aunque el rector de esta entidad, Emmanuel González advierte: “El otro año nosotros sí estaríamos en una situación más difícil”.
¿Qué sucede con el dinero?
Según el vicerrector de Administración de la UCR, Roberto Guillén, el panorama que le espera a esos recursos no ejecutables es incierto.
“Nadie tiene claro, porque parte del problema es que ni el mismo Ministerio de Hacienda tiene claro que va a pasar, que se hacen esos recursos. Se quedan ahí en un superávit indefinido, nadie tiene claro eso. Lo que está claro es que no hay claridad”, dijo Guillén en entrevista con UNIVERSIDAD.
También, el rector de la UNED, Rodrigo Arias, fue crítico con esta situación. “Nos están obligando a acumular superávits para ver si alguna vez en el futuro se pueden usar. Mientras tanto, que queden poblaciones sin atender, porque, aunque haya esos recursos, la regla fiscal, aplicada ilegalmente a las universidades, no nos permite utilizarlos como debería ser”.
En la misma línea, el vicerrector del TEC explicó que a causa de la regla fiscal esta casa de enseñanza se ha quedado estancada: “Los planes de crecimiento de la oferta académica y de mejora de infraestructura y equipamiento científico tecnológico se han detenido por efectos del límite máximo permitido durante este 2021”.
Igual opina el vicerrector Guillén porque estima que la aplicación de la regla fiscal no incentiva a las universidades a aumentar la generación de ingresos propios, ya que no podrían utilizarlos: “Podemos captar vínculo externo, pero de qué nos sirve si no lo vamos a poder utilizar, porque si lo usamos eso implicaría que lo vamos a tener que rebajar del presupuesto corriente; no tiene sentido”.
El vicerrector de la UCR aseguró que “esto atenta contra la Constitución Política porque en la práctica es una forma de reducir el presupuesto de las universidades”.
También explicó que los aportes económicos que las universidades hicieron solidariamente al país ahora las están perjudicando porque esos recursos dados para atender la pandemia no entran dentro de la ejecución, lo que disminuye el monto sobre el que se puede crecer para el siguiente año.
También explicó que eso no beneficia en nada a la situación económica del país. “Tampoco se va a resolver el tema de déficit fiscal, son platas en el limbo y nadie tiene claro que se va a hacer con eso; nadie da respuestas ni el Ministerio de Hacienda ha podido dilucidar eso”.
UNIVERSIDAD consultó al Ministerio de Hacienda qué posibilidades existen para estos dineros no ejecutables que se acumulan a causa de la regla fiscal y cuál es el beneficio que obtienen las finanzas públicas del país, no obstante, al cierre de edición el ente hacendario aún no había respondido.
