Universitarias En 2023 se vaticinan más enfrentamientos

Universidades públicas cierran 2022 golpeadas y con un horizonte más complejo

Una postura tibia en medio de la contienda electoral marcó el inicio de un camino empinado, en el cual, las casas de enseñanza superior estatal han intentado sortear las adversidades, pero recibiendo golpes sobre su armazón.

Para las universidades públicas este 2022 ha sido “cuesta arriba”, de eso nadie puede dudar. Ya venían golpeadas por la aplicación de la regla fiscal, así como de su finalmente ineludible inclusión en la Ley Marco de Empleo Público (10.159), entre otros dramas internos y externos que se han venido tejiendo desde hace años.

Pero 2022 parecía una oportunidad especial, porque se iba a respirar un nuevo aire político y además se volverían a llenar —tras dos años de virtualidad— los pupitres donde tantos jóvenes han soñado con un futuro mejor.

Elecciones presidenciales

Fue una ilusión que, sin embargo, se vio extinguida rápidamente, en medio de un contexto electoral que trajo solo humo e incertidumbre, después una primera ronda en la que quedaron como candidatos José María Figueres, de Liberación Nacional (PLN) y Rodrigo Chaves, de Progreso Social Democrático (PPSD),

“El resultado de la primera vuelta fue muy traumático para la comunidad universitaria”, manifiesta Roberto Fragomeno, docente de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica (UCR).

“Hubo un error de diagnóstico tan serio, que ahora no tenemos aliados políticos ni tampoco tenemos un buen presupuesto”, Roberto Fragomeno

Por un lado, dice el académico, la comunidad universitaria ya había presentado “una gran desconfianza” hacia Chaves, tanto por los señalamientos de acoso sexual que este cargó en la campaña, como por su programa de gobierno que “era claramente neoliberal” y desde el cual se podía “prever un ataque a la Universidad”.

Precisamente, el plan de gobierno del actual presidente proponía “vincular parte del financiamiento de las universidades para responder a las necesidades actuales y futuras del mercado laboral”, pero no indicaba cómo haría esto sin afectar la autonomía universitaria. Durante la campaña, Chaves nunca contestó a UNIVERSIDAD una serie de preguntas que fueron enviadas al respecto, pese a repetidos intentos de obtener esa respuesta.

Por otra parte, Fragomeno explica que el programa de Figueres era “impreciso” y “ambiguo” sobre los centros de educación superior estatal, además de que la bancada legislativa liberacionista “había sido muy hostil contra las universidades públicas durante el gobierno de Carlos Alvarado”.

Las universidades estatales pasaron ese trance de las elecciones con escaso protagonismo, prácticamente fuera de los temas de discusión electoral y con una comunidad que nunca terminó de entender el papel que debía jugar:

“Las universidades quedaron descolocadas, porque habían apostado en los últimos ocho años por otro partido, por el partido que gobernó el país; entonces, ahora no tenían un referente político y terminaron apoyando un mal menor, que al final perdió”, comentó Fragomeno, quien agregó que el resultado para las universidades hubiera sido similar ganara quien ganara las elecciones.

Negociación del FEES

Así, descolocadas, llegaron las casas de educación superior estatal a las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) con el Ejecutivo. Como escudo llevaban la Constitución Política, pero se apersonaron sin espada y sin yelmo.

Pronto se dieron cuenta que la Carta Magna no bastaba para que el Gobierno se abstuviera de hacer la proposición de recortar el FEES en ₡129 mil millones.

Los académicos cerraron filas y echaron para atrás el recorte, pero no lograron mantener la capacidad adquisitiva del FEES (solo obtuvieron un 1% de incremento, pese a que la inflación rondaba el 12%), lo cual celebró un Chaves triunfante en entrevista con radio Monumental: “La negociación del FEES fue exitosa porque logramos reducir el monto del FEES en términos reales”.

“La negociación del FEES no solo fue negativa en términos económicos, sino que también en términos políticos fue negativa, porque quedó en claro que las universidades están aisladas políticamente. Hay un apoyo crítico del Frente Amplio (FA), que es una bancada minoritaria y nada más”, expresa Fragomeno al respecto.

El especialista en filosofía política manifiesta que han sido las mismas universidades quienes se aislaron de los movimientos sociales y de la sociedad civil, con quienes se torna vital recomponer puentes.

“Los dejamos solos y ahora no nos apoyan. La Universidad ha entrado en los últimos diez años en una dinámica de solo pelear por sí misma, se ha desentendido de otras luchas y entonces ahora está sola y además el frente interno está fisurado”.

También, el académico comenta que los rectores deben entender la “lógica política” de Chaves, que piensa “en términos de ganar o perder” y no en una “lógica consensual”:

“Es como un equipo de fútbol que va a jugar contra otro, pero no los conocen, entonces, como no los conocen va a perder el partido, porque no estudió al rival. Eso a nuestros rectores les falta; no estudiaron al rival y entonces se llevaron un bombazo, se llevaron un golpe muy fuerte”.

Proyecto para regular el FEES

Las universidades no habían asimilado por completo el golpe del FEES cuando el Ejecutivo decidió asestar su siguiente jugada, en forma del proyecto de ley reguladora del FEES (23.380); un plan que permitiría la injerencia de cuatro ministerios en la toma de decisiones universitaria, condiciona las carreras a la demanda del mercado, pondría a las universidades en competencia para obtener recursos y hasta podría llegar a significar el cierre de algunas de ellas, según han advertido diferentes rectores y expertos.

“El Gobierno se envalentona, obtiene un triunfo político, nadie sale a defender a las universidades; nadie, excepto la pequeña bancada del FA […] entonces el Gobierno avanza con un proyecto de ley”, dice Fragomeno, a la vez que resalta que “buena parte de las concesiones que los rectores le hicieron al Gobierno (en la negociación del FEES), están en ese proyecto de ley”.

El proyecto 23.380, que contiene carencias en su argumentación, provocará “una asfixia administrativa” que afectaría principalmente a la UCR, advierte el académico.

“Implícitamente lo que se está diciendo es que la UCR en particular gasta mucho en carreras que no son rentables: artes, letras, estudios generales, ciencias sociales. Se ha creado un clima de que hay que redireccionar gastos para fortalecer cierto tipo de carreras. Eso ya estaba en el FEES, ya los rectores habían concedido eso en el FEES”.

Esta iniciativa guiará a las universidades por los últimos suspiros de este año y les dará la fría bienvenida al siguiente, que desde ya augura nuevas batallas. En el horizonte está la Ley Marco de Empleo Público, que empezará a regir en marzo entrante:

“Eso va a generar tensiones al interior de las universidades y, en particular, al interior de la nuestra. Va a golpear fuerte a las universidades”, advierte Fragomeno, que repasa el 2022 como “un año negativo” para las instituciones de educación superior estatal, con pocas opciones de mejora.

“No soy optimista para los años próximos, porque, hasta donde puedo ver, el proyecto del Gobierno no tiene contestación social, ni de las universidades, ni de los sindicatos, ni de nadie. Es un proyecto que avanza sin muchos tropiezos y a veces los tropiezos del Gobierno son autoinfligidos: torpezas propias”.

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