Universidades prevén drásticos recortes por obligación de gastar ¢70 mil millones del FEES en infraestructura

La obligación de destinar por primera vez ¢70 mil millones del Fondo Especial para la  Educación Superior (FEES) en gastos de capital pondría en graves aprietos a la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Universidad Estatal a Distancia (UNED) y al Tecnológico de Costa Rica (TEC) a partir del 2020.

Los rectores de las cuatro universidades estatales anuncian cierres técnicos, despidos de personal e impacto en becas y servicios estudiantiles.

Estas consecuencias podrían surgir a raíz del acuerdo del FEES firmado entre los rectores de las universidades públicas y el Gobierno el pasado 18 de julio, el cual en la cláusula quinta del capítulo I señala que “las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal en su conjunto realizarán en el 2020 una inversión de capital estimada en ¢70.000 millones”.

Según los rectores que reciben dinero del FEES, el acuerdo se firmó luego de que se conversara en la mesa de negociación que este monto se pagaría a través de los presupuestos totales de los centros de estudios y no del Fondo; sin embargo, eso no se referenció en el papel.

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El problema se evidenció casi un mes después, cuando la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, presentó el presupuesto nacional 2020, el cual especifica que de los ¢512.781 millones del FEES, las cuatro universidades públicas deberán destinar ¢70.000 millones a gasto de capital. Los restantes ¢478.459 millones (aquí se incluyen también los ¢35.677 millones para la Universidad Técnica Nacional) quedarían para gasto corriente.

El gasto corriente se refiere a las erogaciones en que incurren las empresas públicas en la producción y comercialización de bienes y servicios; mientras que el de capital consiste en la adquisición de bienes duraderos.

El anuncio de la Ministra cayó como “balde de agua fría” a los rectores, quienes afirman que no podrán hacerle frente a ese compromiso con dineros del FEES y que incluso fue una jugada del Poder Ejecutivo, específicamente de la jerarca de Hacienda, quien clasificó este monto del presupuesto de las universidades como “transferencia de capital”.

Por su parte, Aguilar aseveró que desde que se firmó el acuerdo se habló de que para cumplir con la regla fiscal era necesario que parte del presupuesto del FEES fuera para inversión, y así se plasmó en el Presupuesto Nacional.

“Hipotéticamente, si hubieran dicho que era con superávit, nosotros no hubiéramos podido destinar el 100% de la transferencia en gasto corriente porque sino no cumpliríamos con la regla fiscal”, destacó Aguilar.

La jerarca de Hacienda externó también que de parte del Poder Ejecutivo no van a plantear ninguna norma para cambiar esa clasificación.

“Suponiendo que me llamen hoy (viernes 11 de octubre) en la tarde, eso ya se fue en el presupuesto y cambiarlo implicaría que no cumplamos con la regla fiscal. Entonces sería un presupuesto que no se podría aprobar”, alegó.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Wagner Jiménez, señaló que la cláusula quinta del FEES fue un “pedido de la Ministra de Hacienda para reducir la cifra de gasto corriente y tener un mejor control del gasto al tiempo que se trata de estimular la inversión en proyectos de infraestructura”.

De acuerdo con la distribución del FEES, a la UCR le corresponderá un porcentaje de 57,75%, a la UNA un 23,40%, al TEC un 11,3% y a la UNED un 7,51%.

Este presupuesto para el próximo año también viene acompañado de una serie de condiciones para las universidades tales, como el crecimiento en un 4% en la partida de becas, que no haya creación de nuevas plazas, un ajuste salarial del 1,5% a partir de enero y una previsión de un 1,5% a partir de julio; además de un incremento en el presupuesto destinado a sedes regionales.

Repercusiones

La transferencia de ¢70.000 millones a gastos de capital generaría problemas en el funcionamiento de las universidades públicas, según señalan los cuatro rectores.

De acuerdo con el máximo jerarca de la UNA, Alberto Salom, en ninguna parte del acuerdo se especifica que el dinero va a salir del FEES. Aseguró que esta interpretación de la ministra de Hacienda es inconstitucional y podría provocar que la Universidad cierre, pues es un recorte al presupuesto.

“Yo tendría que rebajar todo. Nos están forzando a cumplir con algo que es absolutamente ilegal porque la Constitución Política establece que estamos obligados a establecer los egresos de operación y de capital. Lo que para nosotros son transferencias corrientes, doña Rocío Aguilar las quiere como transferencias de capital. ¿De dónde quieren que lo saque? Cualquier cosa que toquemos está sumamente ajustado”, señaló Salom.

A este malestar se suma el rector del TEC, Luis Paulino Méndez, quien afirmó que esta medida también afectaría el funcionamiento de este centro superior de estudios, por la cual posiblemente se tendrían que reducir plazas, becas y servicios estudiantiles. Incluso destacó que podría provocar un cierre técnico de la institución pues solo podría funcionar durante un período de diez meses.

“Ahí en la cláusula quinta no se especificó, quizá por falta de atención de nosotros, que no era estrictamente del FEES, sino de sus presupuestos totales. Yo incluso en la mesa dije que nosotros no podíamos comprometernos a invertir en capital pues el FEES se nos va en gasto corriente. Lo que sí podemos invertir en capital es el superávit y un préstamo que tenemos en proceso de ejecución”, mencionó Méndez.

“Tal vez nos faltó malicia de haber expresado que era de los presupuestos totales incluyendo superávit, financiamientos y demás”, agregó.

El rector destacó que esta es la primera vez que se establece una distribución para la transferencia del FEES. Además, señaló que en un acto realizado en el Consejo Nacional de Rectores (Conare), la ministra de Educación, Guiselle Cruz, reconoció que los rectores -cuando hicieron la negociación- hablaron de ¢70.000 millones de los presupuestos totales y no del Fondo.

UNIVERSIDAD intentó conocer la versión de la ministra de Educación; sin embargo, aseguró vía WhatsApp que se encontraba fuera del país.

Por su parte, el rector de la UNED, Rodrigo Arias, externó que materialmente es imposible hacerle frente a esa inversión a través de recursos del FEES. En su criterio, existe una mala interpretación en la presupuestación que hizo el Ministerio de Hacienda.

Según Arias, esta institución no se sometería a ningún cierre técnico; sin embargo, tendría que operar bajo límites en matrícula, becas y servicios estudiantiles.

“Despidos, como tales, no. Yo espero que -de una u otra manera- superemos la situación actual para no llegar a ese escenario, para lo cual aún tenemos acciones en trámite y otras previstas. Ahora bien, si por alguna razón se materializa esa situación extrema, empezaríamos por restringir todos los egresos de operación antes de pensar en recortar personal; sería la última opción. En primer lugar, no se sustituiría ninguna plaza, y en caso extremo tendría que valorarse la no renovación de personal temporal”, alegó Arias.

También, destacó que se encuentran en conversaciones con el presidente de la República, Carlos Alvarado y con el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, para que aclare este diferendo antes de que el presupuesto sea aprobado, y que de no ser así, acudirán a los Tribunales.

El caso de la UCR

Finalmente, el rector de la UCR, Henning Jensen, no quiso referirse explícitamente a las repercusiones que tendría la aprobación del presupuesto de la República. Sin embargo, tiene claro que, de aplicarse la medida, el impacto sería grande.

De acuerdo con Jensen, las autoridades universitarias aún necesitan hacer un análisis detallado y cauteloso de las implicaciones que podría tener esta medida impuesta por el Ministerio de Hacienda.

“Por ejemplo, lo último que debe ser afectado es el sistema de becas; entonces hay que hacer todo lo posible por evitar ese tipo de consecuencias. Pero en estos momentos estamos enfocados en evitar que esto suceda del todo y la posición que yo he mantenido con respecto a este tema es que tenemos que transitar dentro del marco constitucional y el Gobierno ha de respondernos dentro del marco de la Constitución Política”, mencionó Jensen.

El máximo jerarca de la UCR, señaló que la decisión de transferir ¢70.000 millones del FEES a gasto de capital no le correspondía al Ministerio de Hacienda, pues en otras palabras se está “violentando la potestad de administración y autogobierno de las universidades”.

Asimismo, evitó calificar como acto de ingenuidad el hecho de que no se consignara en el acuerdo el fondo del cual saldrían los gastos de capital, ya que, según asegura, se dio una conversación explícita acerca de que esa inversión sería parte de los  presupuestos institucionales.

“No hay una transcripción literal en ningún lado, eso solo lo puedo decir yo y apelar a su fe. Yo estaba presente y así fue como se discutió”, aseveró Jensen.

“Ahora, a posteriori, resulta deseable que se hubiera dicho que no era del FEES, pero en ese momento fue absolutamente claro”, agregó.

Por su parte, la presidenta del Consejo Universitario de la UCR, Teresita Cordero, se mostró preocupada por esta situación que podría atravesar la Universidad. Insistió también en que espera que el Gobierno reconozca que esta medida puede afectar las finanzas de las universidades públicas.

La preocupación también llegó al Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu), que desde ya visualiza repercusiones para los estudiantes y los empleados de esta casa de estudios superiores.

De acuerdo con el representante sindical, Trino Barrantes, la clasificación hecha por el Ministerio de Hacienda tendría incidencia en el sistema de becas de la UCR, en los aguinaldos y en los programas de docencia, acción social e investigación.

En la misma línea, el secretario general del Sindeu, César Parral, destacó que el sindicato está en contra que se haya firmado el acuerdo del FEES, ya que violenta los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, los cuales buscan garantizar el funcionamiento de la educación superior.

“Nosotros como sindicato queremos hacerle un llamado al Conare y particularmente a Henning Jensen para que convoque a las comunidades universitarias a manifestarse en contra de esa disposición tan arbitraria y así garantizar el financiamiento de la educación superior pública según lo establece la Constitución Política”, mencionó Parral.