El hecho de que el Ministerio de Planificación se convierta en el ente rector de las universidades públicas y haga los nombramientos del personal en estas instituciones, son dos de las preocupaciones mayores que tiene el Consejo Nacional de Rectores sobre una eventual aprobación del proyecto de Ley Marco de Empleo Público (N° 21.336).
“Nosotros creemos que este proyecto roza totalmente con este artículo (84 de la Constitución Política) y otras situaciones de índole técnico como que se convierta el Servicio Civil o en su defecto el Mideplan en ese ente rector de las universidades. Nosotros no vemos bajo ninguna circunstancia a alguna de estas dos instancias determinando a quien contratar o a quien no contratar en una universidad pública”, expresó Gustavo Gutiérrez, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR).
“No se pretende eximir a la Universidad de su responsabilidad ante la compleja situación fiscal que vive el país”, Felipe Alpízar
Desde hace semanas, las autoridades universitarias han trabajado para dar a conocer los efectos negativos que conllevaría esta iniciativa para educación superior pública y para distintos sectores de la sociedad costarricense.
Esta propuesta busca estandarizar en ocho subregímenes las relaciones laborales y los salarios en los tres Poderes de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el sector público descentralizado (incluidas las instituciones autónomas) y las municipalidades.
Sin embargo, la redacción actual contiene varios puntos que implicarían la afectación de varias instituciones y servicios públicos.
“Hemos encontrado una serie de asuntos extremadamente preocupantes sobre este proyecto de Ley. Debo destacar que estas no afectan solamente a las universidades públicas sino a los diversos ámbitos del país”, dijo Gutiérrez.
Es por esto que las autoridades universitarias han estado realizando una serie de esfuerzos con el objetivo de hacer entender a la población y en especial, a los diputados, que el proyecto de Ley debe plantearse de manera que no ponga en peligro la eficiencia del aparato estatal.
Posicionamiento del Conare
“El contribuyente seguirá esforzándose por pagar cada día más impuestos directos e indirectos, pero será atendido por un Estado cada vez más débil en su gobernanza, menos eficiente en la prestación de sus servicios, y con personal limitado para el ejercicio de sus competencias profesionales”, indicó el Consejo Nacional de Rectores (Conare) en un comunicado.
De la misma forma, el Conare expresó que le preocupa que eventual aprobación del proyecto de Ley que implique:
- Quebrantar el régimen de institucionalidad democrática costarricense contenido en el orden constitucional.
- Atentar contra la descentralización de servicios estatales esenciales.
- Revertir la despolitización del sistema del Servicio Civil defendida en nuestra Constitución Política, al trasladar a la Asamblea Legislativa la potestad de nombramiento de su Director General.
- Atentar contra la garantía de independencia entre poderes de la República.
- Desalentar la educación pública, entendida como la más importante inversión social.
- Violentar el régimen de independencia que en materia de administración, organización, planificación, gobierno y patrimonio establecen y garantizan los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política.
- Someter a las instituciones descentralizadas al poder centralizado del Poder Ejecutivo mediante la rectoría que en materia de empleo público se les pretende imponer.
Reuniones con el Poder Legislativo
En un intento por conseguir un acuerdo favorable, el rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez, el rector de la Universidad Nacional (UNA) y presidente del Conare, Francisco González, y la directora del Consejo Universitario de la UCR, Patricia Quesada, han mantenido constantes reuniones con varios diputados en las últimas semanas.
Gutiérrez afirmó que durante estos encuentros “hemos estado compartiendo y hablándoles sobre nuestra preocupación y prácticamente diciéndoles las razones por las cuales las universidades públicas nos oponemos a este proyecto”.
Una de las principales razones que se discutió con los diputados es que en el proyecto habría inconstitucionalidades, pues atenta contra el artículo 84 de la Constitución Política, que versa sobre la autonomía universitaria.
Asimismo, el rector confirmó que van a presentar mociones al proyecto y que algunos diputados han mostrado su apoyo hacia las mismas. “Se han comprometido algunos diputados y diputadas para ayudarnos a que sean postuladas y en su momento defendidas en el Plenario”, aseveró Gutiérrez.
Hasta el pasado lunes, los dirigentes universitarios se habían reunido con los diputados Jorge Fonseca, Luis Fernando Chacón, Karine Niño y David Gourzong del Partido Liberación Nacional (PLN); Welmer Ramos, Víctor Morales y Enrique Sánchez del Partido Acción Ciudadana (PAC); Shirley Díaz y Aracelly Salas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Patricia Villegas del Partido Integración Nacional (PIN) y Dragos Dolanescu (Independiente).
Informe de Análisis del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público
La UCR presentó el pasado lunes un análisis realizado por un grupo de especialistas, el cual contiene importantes señalamientos sobre las implicaciones que tendría en la sociedad costarricense la aprobación del proyecto Ley Marco de Empleo Público.
Según los hallazgos del mencionado informe, el proyecto de ley tendría efectos negativos en el ámbito político, jurídico y económico del país. Entre las cuestiones más importantes del análisis se encuentran:
- No hay certeza económica del aporte de la eventual Ley Marco de Empleo Público a la reducción del déficit fiscal. Esto porque el proyecto carece de estudios técnicos e información específica sobre las escalas salariales que permitan determinar el ahorro real que implicaría para el país
- La afectación salarial podría reducir el consumo y la demanda interna, lo que dificultaría la reactivación económica
- El proyecto de ley tiene vicios de constitucionalidad, pues afecta el régimen de autonomías de la Caja Costarricense del Seguro Social, las municipalidades y las universidades.
- La discusión acelerada de este proyecto de ley no ha permitido el verdadero espacio de diálogo, reflexión y debate sobre sus implicaciones. Su impacto en amplios sectores de la sociedad, podría generar un clima de agitación social que polarice aún más al país, profundice la crisis económica y afecte los acuerdos con el Fondo Monetario de Impuestos (FMI).
El secretario académico de Rectoría, Felipe Alpízar, explicó que con este informe “no se pretende eximir a la Universidad de su responsabilidad ante la compleja situación fiscal que vive el país”.
Asimismo, el rector de la UCR afirmó que este año trabajará “una propuesta conjunta con el Consejo Universitario y los diferentes sectores de la Universidad para modernizar la escala salarial, para corregir las desigualdades que existen actualmente y garantizar la sostenibilidad de la institución en el tiempo”.
Además de estas acciones, las universidades han organizado otras actividades como foros, en los que diversos expertos también han dejado claras otras implicaciones negativas que el proyecto de Ley podría tener, como fugas de cerebros, deterioro de las oportunidades de estudio para las familias con menos recursos, afectación de los servicios públicos, entre otros.