El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez Espeleta, aboga por que se le dé la posibilidad a las universidades estatales -y en particular a la institución que él dirige- para replantear el sistema salarial vigente, el cual reconoce está lleno de desigualdades.
Así lo afirmó el rector junto a su vicerrector de Administración, Oldemar Rodríguez, durante un conversatorio el 19 de febrero que fue transmitido por redes sociales sobre los avances y posibles repercusiones de la Ley de Empleo Público que se tramita en la Asamblea Legislativa.
Según dijo el rector, la UCR reconoce que una reforma integral de su sistema salarial es necesaria, y la Rectoría se compromete convocar una comisión que se encargue del proceso de formular una propuesta de reforma al sistema actual, regulando y limitando los factores que acrecientan los salarios sin medida.
El vicerrector Rodríguez añadió que se quiere construir una mejor propuesta de estructura salarial que permita enmendar los errores que se han cometido en el pasado. Sin embargo, la resolución de este problema a través de un proyecto de ley no es la vía correcta.
Oldemar Rodríguez también reconoció que no se ha hecho una reforma integral como la que la universidad requiere. Sin embargo, durante el conversatorio presentó datos que demuestran que desde la Administración se ha empezado a tomar ciertas acciones para contener el inmenso crecimiento salarial.
En el año 2020, la administración universitaria de transición, a cargo de Carlos Araya, aplicó nuevas medidas para moderar el problema de las escalas salariales. Entre estos ajustes, cabe mencionar que el pago de las anualidades ya no es acumulativo y se congeló por completo el escalafón. Esto resultó en una reducción de ¢2.344 millones.
Preocupaciones ante el proyecto de ley
Aparte de la interrupción a la autonomía universitaria, la rectoría de la UCR ha expresado su preocupación ante el proyecto de Ley de Empleo Público desde otras perspectivas.
La institución publicó un análisis económico, jurídico y político, en donde presenta una evaluación integral de las posibles implicaciones en caso de que se apruebe el proyecto de ley en su estado actual.
De 10 mil funcionarios, 253 reciben un salario superior a los 4 millones.
El vicerrector Rodríguez puntualizó en los problemas que podría traer, por ejemplo, el que una entidad externa como el Servicio Civil tenga que decidir sobre la contratación de profesionales con perfiles tan específicos como un físico nuclear que se requiera para el proyecto del Ciclotrón.
“El proyecto de empleo público habla de 8 familias de empleo, ninguna es propia de un sistema de educación superior; hay mucha incertidumbre de cómo se aplicaría, no está claro cómo funcionaría eso”, indicó Rodríguez.
También, Gutiérrez agregó que ni el Servicio Civil ni el Mideplan están en competencia de tomar decisiones interinas universitarias. La designación de plazas para puestos específicos es algo que debe pasar por el criterio de cada facultad, escuela o sede. Esta expresión de la autonomía universitaria podría verse vulnerada en caso de la aprobación de la ley.
Otra inquietud que surge del expediente es que no presenta una proyección estimada del ahorro y disminución del déficit fiscal que surgirían a partir de la implementación de un salario global. Las autoridades universitarias solicitaron estos datos al Mideplan, pero no han sido entregados.
“Nos hablan del ahorro y esos números no están, incluso el dictamen de la Universidad de Costa Rica es que esos números no son claros, no se tienen las cifras cuanto tiene de ahorro este proyecto de empleo público. Hemos pedido reunirnos con la ministra de Planificación, pero parece que no están. Esa es la interpretación mía, a mi entender esos datos no se pueden compartir porque no están”, criticó Gutiérrez.
Oldemar Rodríguez estima que en todo caso, los supuestos beneficios que surgirían de la implementación del salario global podrían registrarse solamente a largo plazo, ya que, en caso de la aprobación de la ley, no se podría realizar un retroactivo salarial inmediato a los funcionarios actuales.
Para dar un estimado del ahorro, sería necesario hacer proyecciones actuariales complejas para averiguar cuál sería el ahorro aproximado en los próximos dos a tres años.
El rector considera que esto desmiente la urgencia de la aprobación de este proyecto de Ley para resolver las finanzas públicas a corto plazo. Por eso, la rectoría de la UCR insiste en que el proyecto requiere de un mejor análisis, lo que implica más tiempo para su desarrollo.
Dedicarle más tiempo y análisis al proyecto sería también provechoso para refinarlo y evitar vacíos que sometan su contenido a la interpretación individual. Como lo comentó Gutiérrez durante la transmisión, una ley no puede estar sujeta a la perspectiva personal de un juez, sino que debe ser clara y directa.
Igualmente, la universidad también solicita que se tome más tiempo para este proceso, para que, por su parte, la comisión encargada de la UCR pueda formular y presentar una nueva reforma del régimen salarial.
“A un año plazo podríamos nosotros perfectamente tener esta propuesta bien consolidada, obviamente bien dialogada, con la transparencia que nos caracteriza con la comunidad universitaria”, agregó el rector Gustavo Gutiérrez.
Con solamente un mes y medio a cargo de la rectoría, la nueva administración no ha tenido el tiempo de convocar la comisión que se dedicará a esta tarea. Por eso, Gutiérrez Espeleta extendió la invitación durante la transmisión en vivo para cualquier persona con experiencia que esté interesada en participar en dicha comisión.
De hecho, de casi 10 mil funcionarios, alrededor de 1.500 reciben un salario que ronda medio millón de colones o menos. Una minoría de 253 personas recibe un salario de más de 4 millones de colones. Entre estos últimos es posible encontrar cantidades superiores a los 5 o 6 millones.
A grandes rasgos, el salario promedio de un funcionario de la UCR oscila alrededor de los 1 millón 300 mil colones. Pero, la diferencia entre los salarios más bajos y los más altos es extremadamente distante.
Estos datos confirman, indicó el rector Gutiérrez, que no todas las personas en la UCR tienen salarios altos, pero sí hay salarios altos que no son justificables en un sistema de educación superior. Enmendar este error es una tarea que le corresponde a las autoridades universitarias en el pleno uso de su autonomía.