Si la Sala Constitucional resolviera a favor de las universidades estatales la acción de inconstitucionalidad presentada por los rectores contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No.9635), la Universidad de Costa Rica (UCR) carece de los recursos para pagar la diferencia por el pago de las anualidades al personal de la institución.
Así lo afirmó el vicerrector de Administración, Oldemar Rodríguez, en entrevista con UNIVERSIDAD, quien se refirió a la reducción del porcentaje de las anualidades vigente a los funcionarios de la UCR.
La Ley 9635 establece, en su Título III, una anualidad del 2,54% para los puestos no profesionales y del 1,94% para los profesionales, mientras que antes de esto la institución educativa pagaba 3,75% por ese incentivo laboral, tras la negociación de la convención colectiva en 2018.
“Ese es un problema muy serio que tenemos, porque ese dinero, para serle honesto, no está previsto en el presupuesto para pagarle a los profesores y a los funcionarios en general”, explicó el jerarca.
Esta disposición se aplica desde enero de 2020 y seguirá de esta manera hasta que se resuelva la acción de inconstitucionalidad presentada, exceptuando 2021 y 2022 por la disposición gubernamental de no aplicar la anualidad para ningún empleado público en este plazo.
De esta forma, si la Sala resolviera a favor de las universidades, la UCR debería reconocer la diferencia acumulada a favor de cada persona trabajadora hasta el momento de la resolución.
“Es un problema muy serio que tenemos, porque ese dinero, para serle honesto, no está previsto en el presupuesto”, Oldemar Rodríguez.
Reservas insuficientes
A inicios de 2020, en medio de la discusión de si esta normativa se iba a aplicar en las universidades públicas, el entonces rector de la UCR, Henning Jensen, afirmó “nos mantendremos como estamos, a menos que haya una situación legal que nos obligue, a menos que se presente una situación legal diferente”.
No obstante, Carlos Araya, rector de transición, dio a conocer un documento indicando que desde enero de ese año se había establecido fijar la nueva anualidad establecida en la Ley 9635.
Araya aseguró en ese momento que “presupuestariamente no es posible hacer una ‘reserva’ de estos recursos, por lo que la UCR tendría que buscar el dinero necesario para pagar esa cuenta a sus funcionarios si el recurso se resuelve de manera favorable”.
Esa decisión de no guardar una reserva para cubrir esa diferencia en el monto de las anualidades, la justifica el exrector porque dichos recursos solo podrán presupuestarse como gastos de capital (activos para la empresa que se deprecian con el tiempo) y no para cubrir el beneficio laboral.
“El problema de las reservas en administración pública es que usted genera la reserva por un año, pero al finalizar ese año si esa reserva no se ejecutó, el recurso se va a ir al superávit. Si se va al superávit, el año siguiente tengo que presupuestarlo, necesariamente, —según la normativa— en gasto de capital; es decir, en inversión, por lo cual entonces no es viable hacer esa reserva”.
Ahora, más de un año después de que se empezara a aplicar la medida, el vicerrector de Administración confirma que ese dinero no se reservó ni tampoco está presupuestado.
Rodríguez explicó que no era conveniente hacer la reserva del dinero pues “sería guardar plata que podemos estar ocupando” y que “si todos estos dineros entran nos afecta la regla fiscal porque se ve como gastos corrientes” de modo que se limitaría más la capacidad de la Universidad para realizar desembolsos en este mismo rubro.
La cifra que debería ser devuelta a los trabajadores si la resolución de la Sala resulta favorable para las universidades asciende a los 1.594.286.026,58 millones de colones, según información suministrada por la Vicerrectoría de Administración.
Rodríguez explicó que, de tener que pagar las anualidades pendientes, la Universidad tendría que esperar el ingreso de dinero pendiente para poder afrontar ese faltante.
Las otras universidades
El vicerrector Rodríguez expresó que, aunque no le consta, duda que las otras universidades estatales tengan una reserva actualmente para poder afrontar el pago de las anualidades pendientes.
“Es tamaño poco que no hay en este momento como para tener plata guardada; porque no podemos suplir las necesidades. Es como guardar plata para los regalos de Navidad y no poder comprar el arroz y frijoles”, manifestó Rodríguez.
Otros centros de educación superior públicos también decidieron tomar las medidas que consideraron oportunas respecto al tema de las anualidades.
Por un lado, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Técnica Nacional (UTN) decidieron aplicar lo que dispone el Título III de la Ley 9635.
En el caso del TEC, el rector de esta institución, Luis Paulino Méndez, confirmó a este medio que la entidad tiene las reservas necesarias para devolver a los trabajadores los dineros que no se hayan pagado durante el periodo de aplicación de la reforma fiscal.
De este modo, si hoy la Sala IV se pronunciara a favor de las universidades, el TEC podría hacerle frente a la situación.
Distinto es el caso de la UTN, pues el exrector Marcelo Prieto ya había expresado que, en todo caso, la universidad no revertiría la situación. “Aunque se declarara inconstitucional, me parece que no lo revertiríamos”, comentó en enero de 2020.
Por otra parte, la Universidad Nacional (UNA) no tendría problemas si la Sala resolviera a favor de las universidades, pues según el rector, Francisco González, no se aplicó lo establecido en la reforma fiscal, de modo que no hay ninguna diferencia pendiente que se deba pagar.
González añadió que “en el marco de la sostenibilidad financiera estamos comprometidos a hacer un ajuste en este año”. Dicho ajuste sería a partir del 29 de octubre de 2021, fecha en que la UNA comenzará a aplicar los porcentajes de anualidades establecidos en los cambios tributarios.
El rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias, también expresó que esta institución no ha aplicado la reglamentación que impone la Ley 9635, de modo que se ha seguido pagando la anualidad establecida internamente del 5%.
“No hemos reformado el Estatuto todavía, esperando que se resuelva con los recursos que presentamos, tanto en el Contencioso como en la Sala IV”, aseveró Arias.
