La Universidad de Costa Rica (UCR) recomienda no aprobar el proyecto de Ley para eliminar la fijación de tarifas de honorarios obligatorios por servicios profesionales, reforma de la Ley N.° 7472, Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, del 20 de diciembre de 1994 y sus reformas, que se tramita en el Plenario bajo el expediente 23.357.
Así lo acordó el Consejo Universitario (CU) de la UCR en la sesión N.º 6665, donde se tomó en cuenta el criterio de la Facultad de Derecho, la Escuela de Administración Pública y el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ).
Entre las observaciones que hacen esas instancias, se explica que, de manera general, el proyecto de ley pretende eliminar la posibilidad de que los colegios profesionales puedan regular las tarifas que cobran sus agremiados por la prestación de servicios profesionales.
Sobre esto, los especialistas indicaron que la definición de un arancel tiene como objetivos que “los profesionales liberales no incurran en prácticas desleales ya sea proponiendo a sus usuarios o clientes precios ruinosos e indecorosos o bien, sumamente abusivos, así como mantener un estándar de calidad que garantice la prestación de servicios de excelencia”.
“Los servicios profesionales no son un bien de comercio, no estoy vendiendo unos zapatos o café en una soda, estamos a través de la tarifa mínima regulando la prestación de un servicio que corresponde a un ingreso de un profesional que equivale a un salario”, William Méndez, miembro del CU.
Además, según el documento del acuerdo del CU, la eliminación de tarifas no afectaría por igual a todos los profesionales, sino que los principales perjudicados serían aquellos que se incorporan a los colegios año con año y deban buscar su clientela. Los profesionales ya constituidos, en cambio, seguirán siendo contratados por su experiencia y conocimiento.
En la misma línea, entre los elementos expuestos por los expertos, se señala que “los profesionales no debidamente preparados recurrirán a medios espurios para obtener clientes, tales como el negociar sobre la baja en el precio, lo que propiciará la competencia desleal. Al respecto, la realidad indica que quien trabaja por una retribución indigna presta sus servicios de manera indecorosa”.
Otro punto en consideración fue que, si se eliminan las tarifas por concepto de servicios profesionales, no existiría una base para el cálculo de los impuestos que debe cancelar el respectivo profesional.
En el caso específico de los servicios de abogacía y notariado, se expresa que, como parte de sus deberes éticos, los profesionales en derecho no deben promover litigios o conflictos; no obstante, “en una sociedad en la cual se procure ganar clientela apelando a la baja en los honorarios, el recurso que quedará para compensar la merma sufrida en el valor de los honorarios será el de aumentar de manera artificial el número de servicios que se prestan”.
Más afectados: mujeres y jóvenes
Además de los criterios de las instancias señaladas, durante la sesión en que el CU discutió el asunto, algunos miembros del órgano colegiado realizaron sus propias observaciones sobre el proyecto de ley.
En este sentido, el representante de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios, William Méndez, afirmó que las mujeres y los jóvenes podrían verse realmente afectados si se aprueba el proyecto.
Méndez explicó que, en la jurisprudencia costarricense, “los honorarios profesionales equivalen al salario del profesional”, por lo que el tema se convierte en materia del derecho del trabajo y de la vida digna.
En el caso de las mujeres, el miembro del CU expuso que, en muchas profesiones, estas son mayoría:
“Si nosotros visualizamos el impacto que puede en tener en las economías familiares, muchas de estas mujeres, además de ser mujeres jóvenes de recién ingreso a la carrera que se ven afectadas precisamente por la oferta y la demanda de servicios profesionales, pueden ser cabezas de familia, único ingreso en su hogar. Debemos tener la sensibilidad suficiente para entender que esto no tiene que ver con los grandes negocios que pueden existir a través del ejercicio de la profesión […] sino que también hay quienes ejercen sus actividades profesionales en un mercado realmente muy pequeño, en el cual el nivel de sus ingresos no necesariamente es igual al de actividades profesionales que pueden tener la capacidad de muchos clientes y muchos ingresos”, dijo Méndez.
El representante de los colegios profesionales puso sobre la mesa también el caso de los jóvenes recién graduados, pues estos “no entran a un mercado laboral abundante por la experiencia, sino que entran por el costo” de forma que el eliminar las tarifas mínimas, entran más bien a “una oferta ruinosa de los servicios profesionales” que provoca a su vez un “efecto rebote” en el cual disminuye la calidad de los servicios prestados y, por tanto, genera inseguridad para quienes reciben esos servicios.
Por su parte, el representante de Área de Ciencias Sociales, Carlos Palma, expresó que la regulación de precios por parte del Estado se realiza en casos donde los bienes y servicios no están dentro del “concepto de mercado”:
“Un mercado libre de servicios profesionales no existe y no existe porque hay diferenciación en cada una de las personas que realizan este tipo de actividades. Por lo tanto, si no hay un mercado libre, lo mejor es tener regulado precisamente el precio”, dijo el economista.
Palma aseguró que la recomendación que el CU realizó “es consecuente” con los principios de justicia y solidaridad, debido a que quienes usan los servicios profesionales son personas que no tienen las condiciones y atribuciones para realizar esa actividad, por lo cual, como usuarios, deben tener claro el valor del trabajo recibido. Pero también, por la misma existencia de los colegios profesionales:
“Los colegios profesionales tienen una tarea fundamental, de velar precisamente por un cumplimiento ético de cada uno de los agremiados y no es sino a través de la tarifa en la cual pueden ejercer mejor esa fiscalización”, puntualizó el experto.
