La Universidad de Costa Rica (UCR) recomienda no aprobar el proyecto de ley reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que se tramita bajo el expediente 23.380, en la Asamblea Legislativa.
Este proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo a inicios de octubre e implicaría la injerencia de cuatro ministerios sobre la toma de decisiones universitaria, además de que podría poner en competencia a las universidades públicas en busca de recursos, según han advertido diversos expertos.
“Es quizás el proyecto de ley más nefasto en toda la historia que yo he conocido de la educación pública superior”, manifestó el representante del Área de Ciencia Sociales, Carlos Palma, en medio de la discusión en el Consejo Universitario (CU).
El acuerdo, que fue tomado por el CU de la UCR este martes, también establece una solicitud a la Comisión de Especial de Educación de la Asamblea Legislativa, para que el órgano colegiado sea recibido en una audiencia para “profundizar sobre aspectos que se consideran fundamentales para el estudio del proyecto de ley”.
“Tenemos que hacer todos los esfuerzos de divulgación, de convencimiento, de hablar con los señores diputados de que este proyecto significa ni más ni menos que el cierre de la educación pública superior sería un proyecto en donde el Estado Social de Derecho se quebraría totalmente, por lo tanto, tenemos que defender a las futuras generaciones que van a hacer uso de los servicios de las universidades públicas”, agregó Palma durante la sesión.
Lo acordado por el CU se fundamenta en quince consideraciones, entre las que se encuentra que el proyecto podría “redimensionar la autonomía administrativa” de las universidades públicas, además de “otorgar potestades regulatorias al Poder Ejecutivo sobre la educación superior estatal”.
Otro elemento tomado en cuenta es que la asesoría jurídica de la institución advirtió que la iniciativa de ley podría modificar la forma en la que se negocia y distribuye el financiamiento estatal que reciben las casas de enseñanza estatales.
Asimismo, se considera jurisprudencia de la Sala Constitucional, donde se expresa que “el Poder Central no puede actuar como jerarca del ente descentralizado”.
También, el CU estima que la iniciativa de ley es inconstitucional porque se “pervierte” el mecanismo de financiamiento de las universidades establecido por la Constitución; se “usurpa” las competencias de los órganos existentes de coordinación de la educación superior; se restringe la independencia administrativa, entre otros.
Además, cita una serie de falacias en las que se fundamenta del proyecto de ley, como que “las universidades públicas utilizan los recursos asignados en actividades distintas a las que deberían destinarlos” o que “las universidades públicas tienen una oferta académica distinta a las necesidades del mercado de trabajo”.
De los once miembros presentes en la votación del CU, el único que se posicionó en contra fue el representante de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios, William Méndez.
Al ser consultado por UNIVERSIDAD, Méndez indicó que su voto negativo se debe a que el procedimiento para emitir el criterio se realizó “al margen de la ley”, pero que en realidad él está de acuerdo con el fondo del informe votado.
Méndez explicó que el trámite para que la Universidad se refiera a proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa se regula en el artículo 88 de la Constitución Política, además del artículo 30 del Estatuto Orgánico de la propia UCR y un procedimiento aprobado por el mismo CU.
“No existe todavía una consulta formal de la Asamblea Legislativa a la UCR, por lo tanto, no nos podemos pronunciar sobre un proyecto que no está consultado”, indicó el representante de los colegios profesionales.
Méndez agregó que “el estudio de estos proyectos de ley inicia cuando la Rectoría reciba la solicitud de criterio institucional y la Rectoría, hasta donde yo sé, no ha recibido ninguna solicitud de criterio institucional por parte de la Asamblea Legislativa. Eso dice el propio procedimiento del Consejo para analizar proyectos de ley. Tiene que entrar primero a la Rectoría y la Rectoría lo remite al CU”.
En la sesión anterior del CU, realizada de forma extraordinaria el lunes 12 de diciembre, el director del CU, Germán Vidaurre, introdujo la discusión para que la UCR emitiera el criterio que finalmente fue votado este martes 13 de diciembre.
En esa primera sesión, el director del CU citó el artículo 88 de la Constitución, que indica que la Asamblea debe escuchar a las universidades públicas, para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de estas.
Al mismo tiempo, Vidaurre aseguró que “ya esta consulta formalmente entró a la UCR hace unos quince días”.
UNIVERSIDAD consultó a la UCR si efectivamente la Asamblea Legislativa solicitó el criterio de la casa de enseñanza, a lo cual se obtuvo una respuesta distinta:
“La solicitud no ha entrado de manera formal, pero ante un proyecto de esta envergadura, el CU ha trabajado proactivamente en tener el criterio”, indicó el departamento de prensa del propio CU.
El representante de los colegios profesionales aseguró que, “por haberme opuesto a este trámite —no al informe, sino al trámite —, sentí que había un trato indebido en el CU a partir de mi negativa a votar este criterio a la Asamblea Legislativa, que no va conforme al alto nivel que tiene el CU”, a la vez que manifestó que votaría a favor si se corrige el procedimiento.
Mientras tanto, el CU convocó a una conferencia de prensa este miércoles 14 de diciembre a las 10 a.m., para comunicar la respuesta de la UCR a la Asamblea Legislativa sobre el proyecto 23.380, pese a que esta no lo haya consultado todavía.
