“Si logramos hacer la reclasificación de esos aspectos de gasto corriente a gasto capital, el presupuesto se mantendría tal y como está hoy consignado, no habría ningún cambio”, dice Carolina Calderón, jefa de la Oficina de Planificación Universitaria (Oplau), sobre la propuesta generada a finales de la semana anterior.
Esta reclasificación surgió a raíz del redireccionamiento de ¢35.000 millones, ahora destinados únicamente para gasto capital que enfrentará el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Calderón explicó que hay partidas que en este momento se clasifican como gasto corriente y que lo que se pretende con la reclasificación es que, con los montos que ya tienen, se reconozcan como partidas del gasto de capital. En ese caso no habría ninguna afectación al gasto corriente.
Los fondos de gasto capital son los utilizados para adquirir o actualizar activos productivos, como maquinaria, vehículos y edificios. El gasto corriente se utiliza para adquisición normal de bienes y servicios, como son salarios y fondos de becas.
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En el caso de la Universidad de Costa Rica, también está la amortización que se hace por el pago del fideicomiso. Es una de las partidas que puede considerarse como gasto de capital, porque en realidad con el fideicomiso lo que se hizo fue realizar obra de infraestructura”.
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Dentro de las partidas que contempla la propuesta de reclasificación, explicó Calderón, está la de mantenimiento de obras e infraestructura, rubro que actualmente está clasificado como gasto corriente.
La idea es mantener el mismo presupuesto para esta partida, explicó la funcionaria, y simplemente que deje de contemplarse como gasto corriente para que forme parte del gasto capital.
“Esto debido a que, cuando se hace una intervención en un edificio, es un gasto temporal que ayuda a mejorar el edificio. Aunque contablemente no se visualice como un gasto capitalizable, no es un gasto recurrente, como son los salarios”, dijo.
Otros rubros que pasarían a contemplarse dentro del gasto capital serían los servicios que se contraten para el desarrollo de sistemas de información.
“Para nosotros entra dentro del gasto capital, porque cuando se hace una contratación es para el desarrollo de un sistema informático, que tiene una vida útil, y se considera dentro del rubro de bienes duraderos”, señaló.
“En el caso de la Universidad de Costa Rica, también está la amortización que se hace por el pago del fideicomiso. Es una de las partidas que puede considerarse como gasto de capital, porque en realidad con el fideicomiso lo que se hizo fue realizar obra de infraestructura”, agregó.
Calderón explicó que esta propuesta surgió a finales de la semana anterior, producto del trabajo conjunto de las universidades estatales, y se está trabajando en conjunto con el Ministerio de la Presidencia.
“Los órganos técnicos se encargaron de clasificar qué partidas presentaban estas características, de que no son permanentes, que representan proyectos puntuales o que son con un fin específico”, mencionó.
La funcionaria también dijo que ahora lo que corresponde es que el Ministerio de la Presidencia hable con la Contraloría General de la República para que esta brinde una respuesta sobre la propuesta.
Un cambio significativo
La directriz emitida por Hacienda fue redirigir ¢70.000 millones de colones del FEES, de gasto corriente a gasto capital, según se había consignado en el artículo quinto del convenio firmado entre el Gobierno y los rectores de las universidades públicas.
Sin embargo, la idea de que ese monto saliera por entero de los fondos del FEES hizo que los rectores de las universidades estatales anunciaran cierres técnicos, despidos de personal e impacto en becas y servicios estudiantiles, como posibles consecuencias.
Calderón aseguró que la situación de los ¢70.000 millones era muy compleja y que se verían afectadas todas las actividades de la institución, como los presupuestos destinados para docencia, investigación, acción social, y el fondo para becas.
Sin embargo, explicó Calderón, el panorama cambió cuando los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaron reducir el monto a redireccionar de ¢70.000 a ¢35.000 millones.
“Ahora tenemos el problema a la mitad. Con esos ¢35.000 millones nuestros presupuestos ya tienen incluidos rubros similares. Podemos atender ese monto, pero con ¢70.000 millones habría tenido que tocarse toda la actividad ordinaria de la institución. Es un cambio significativo”, dijo.
Calderón indicó que en caso de que no haya más cambios en la distribución del FEES no habrá cambios en el presupuesto, ni se verán afectados los fondos para otras áreas.
EL FEES
El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el año 2020 quedó definido en un monto total de ¢512 781,51 millones, lo que representa un crecimiento del 2,32% con respecto al presupuesto anterior.
Tras una la controversia que se generó por el condicionamiento de ¢70.000 millones para gasto de capital en el presupuesto enviado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa, ahora las universidades trabajan en reclasificar diferentes partidas de gasto consideradas dentro del gasto corriente para que pasen a ser gasto capital.
El acuerdo alcanzado en Casa Presidencial entre las dirigencias estudiantiles, los rectores y el Gobierno reconoce la potestad de las universidades de definir la gobernanza de sus presupuestos, en el marco del Plan Nacional para la Educación Superior Universitaria Estatal.
Además de esto se pactó que de ahora en adelante se contará con representación estudiantil en la Comisión de Enlace que se encarga de negociar el FEES.
Por último, el documento reitera la aspiración a volver a negociar el FEES de forma quinquenal, “en la medida en que la situación financiera del país lo permita”, se lee.
