Universitarias

UCR pide archivar proyecto de Ley de Empleo Público

El Consejo Universitario se pronunció en el sentido de que la última versión de esa iniciativa mantiene deficiencias ya apuntadas y que por lo tanto "es un deber ético" archivarla.

«Desde la perspectiva analítica sostenida por las universidades públicas, el texto sometido a consulta por parte del plenario legislativo, si bien incorpora aspectos sustantivos, preserva de manera íntegra los yerros advertidos en los textos discutidos con anterioridad, razón por la cuales un deber ético ciudadano recomendar su archivo inmediato».

De esa manera tajante se pronunció el Consejo Universitario de la UCR respecto a la más reciente reencarnación del proyecto de Ley Marco de Empleo Público, que impulsa a capa y espada la administración Alvarado.

Al igual que recientemente lo hizo la Corte Plena del Poder Judicial, por tercera vez el Consejo se pronunció de forma negativa sobre el proyecto de ley, mediante un acuerdo aprobado el pasado jueves 3 de junio, pero difundido hasta hoy, justo una semana antes del 14 de junio, fecha en que según se ha comentado desde la fracción de Liberación Nacional (PLN) iniciará la discusión de su aprobación.

El gobierno de Carlos Alvarado ha promovido la aprobación de este proyecto como necesaria para acceder a un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese sentido, es notorio por otra parte que el expresidente José María Figueres, ya ungido como candidato presidencial del PLN, en declaraciones a La Nación dijo que lo logrado por Carlos Alvarado con ese organismo “es un acuerdo con el Fondo, no es el acuerdo”. Es decir, el líder de la oposición considera que puede lograr un mejor trato. Incluso añadió que se dedicará a estudiar opciones para «combinar distintos aspectos en ese programa con el FMI».

Riesgos para las universidades públicas

Patricia Quesada, directora del Consejo Universitario, aseguró que quienes defienden este proyecto en la Asamblea Legislativa, encontrarán tanto en el dictamen del CU, como en otros documentos emanados por especialistas de la UCR, un «insumo contundente que les dará argumentos Jurídicos y académicos para debatir un proyecto de ley que atenta contra la institucionalidad nacional».

En ese sentido, subrayó del texto del Acuerdo  que: «la autonomía garantizada constitucionalmente tiene como propósito otorgar a las universidades estatales todas las potestades administrativas y condiciones jurídicas necesarias para asegurar que las instituciones de educación superior estatal no estén sometidas a los vaivenes e intereses políticos y que puedan cumplir con la misión, los fines y los propósitos para las cuales fueron creadas, de manera tal que se garantice la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra y la formación de una consciencia crítica».

Entre los puntos más relevantes apuntados en ese documento, destaca que se desconoce la existencia de estudios técnicos que sustenten algunos «aspectos medulares» de la iniciativa de ley, como los criterios utilizados para determinar las familias salariales de puestos propuestas y los montos asociados a dichas familias; o la propuesta para establecer un salario global.

Otro elemento de gravedad apuntado es que el proyecto de ley si bien en su artículo 2 apunta que se respeta el principio de la separación de poderes, «claramente se convierte en pura retórica», pues de seguido las disposiciones del proyecto «favorecen una excesiva concentración de poder en manos de un órgano ministerial del Gobierno Central, lo cual podría devenir en una injerencia directa en los otros poderes de la República, en su independencia funcional y administrativa», lo cual transgrede la Constitución.

El texto del Acuerdo se refiere también a aspectos que afectan el funcionamiento específico de la Universidad Pública y entre otras cosas señala que «las normas propuestas limitan y obstaculizan la eficacia y eficiencia de las universidades estatales», ya que al homogenizar las condiciones de empleo, «obvia las competencias particulares de estas instituciones dedicadas a la docencia, la investigación y la acción social».

Señala que el proyecto es «deficiente» al abordar temas como los mecanismos existentes de evaluación de desempeño,  los procesos electorales asociados con los puestos de dirección de las universidades estatales o los procesos de las instituciones de educación superior para el reclutamiento, selección y nombramiento del personal. «Las universidades estatales, a la luz de sus principios humanistas y en el marco de sus funciones, no pueden reducir el empleo público y la masa salarial a variables de ajuste fiscal o macroeconómico», añade el acuerdo.

Por todo ello, el Consejo Universitario acordó recomendar a la Asamblea Legislativa no aprobar el mencionado proyecto.

 

 

 

 

 

 

 

 

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