La Universidad de Costa Rica (UCR) perdió una demanda presentada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en la que reclamó ¢1.403 millones por incumplimienos contractuales relacionados con la omisión en la prestación de los servicios de salud de los 45 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) del Programa de Atención Integral en Salud (PAIS).
Los Ebais que administraba la UCR estaban ubicados en las localidades de San Juan, San Diego y Concepción de la Unión, así como en Montes de Oca y Curridabat. El convenio que dio vida al PAIS se mantuvo vigente entre el 1 de julio del 2004 y 13 de febrero del 2014.
El pago fue dictado por el Juzgado Especializado de Cobro del II Circuito Judicial de San José en la sentencia N°2019011631 con fecha de 22 de octubre del 2019 y la UCR fue notificada el pasado 7 de noviembre.
La sentencia señala también un embargo por la suma de ¢1.403 millones más el 50% de ley en los bienes de la parte demandada, lo cual recae sobre las cuentas corrientes, de ahorro, y otros valores que posea en varias entidades financieras como el Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica y otros bancos privados.
En un comunicado oficial, la Universidad de Costa Rica señaló que será respetuosa de la normativa nacional y que procederá con el depósito judicial correspondiente para evitar el embargo de sus cuentas.
“Previendo la necesidad de contar con recursos para hacer frente a cualquier proceso judicial relacionado con este caso, en los últimos años la universidad generó una reserva, de la cual ahora se tomarán los recursos para realizar este depósito”, dice el comunicado.
“Gracias a esta reserva, la UCR no enfrentará ningún problema de liquidez. Con el fin de acceder a los recursos presupuestados para estos fines, la Administración solicitará al Consejo Universitario hacer la correspondiente modificación presupuestaria”, añadió la institución.
La UCR fungió como contratista para la prestación integral de servicios de salud en 45 Ebais del Este desde el año 1997 al 2014.
La relación de la UCR con la Caja se complicó a partir del 2012, cuando la casa de estudios superiores señaló que no prorrogaría el contrato para seguir administrando los 45 Ebais, pues los términos contractuales afectaban sus finanzas.
Al finalizar la administración de estos Ebais, la UCR informó que logró reubicar al 75% de los trabajadores del PAIS en la Universidad y en servicios de salud de la CCSS.
Pugna
El 21 de marzo del 2014, la entonces gerente médica de la Caja, María Eugenia Villalta, a través del oficio GM-ADM-8208-14, instruyó un procedimiento administrativo sancionatorio y de cobro de daños contra la UCR por la omisión en la prestación de servicios.
Luego, el 24 de junio del 2015, mediante resolución administrativa GM-ADM-LG-14664-2016 se dictó el acto final del procedimiento administrativo sancionatorio y de cobro de daños contra la UCR, la cual establece el incumplimiento contractual por parte del contratista y se le acredita también responsabilidad patrimonial.
Posterior a eso, el 8 de julio del 2016, la UCR interpuso un recurso de revocatoria que fue rechazado por la Caja mediante la resolución GM-AD-21759-2016. En contra de ese oficio el centro de estudios superiores interpuso un recurso de apelación, el cual también fue rechazado por la Junta Directiva a través de la resolución No 8339-10-17 del 22 de noviembre del 2017.
En ese momento la Caja declaró inadmisible el recurso de apelación por ser extemporáneo.
El 19 de noviembre del 2018, el director de la Dirección de Red de Servicios de Salud de la Caja, Eduardo Cambronero, remitió la información importante para la emisión de la certificación de adeudo como resultado del procedimiento administrativo sancionatorio y de cobro de daños contra la Universidad.
En el oficio se contempla la actualización del monto según tasa básica en colones la cual corresponde a una suma de ¢927.736.514,49 y ¢475.412.494,06 por concepto de intereses; es decir, un monto total de ¢1.403.149.008,55.
Asimismo, el 14 de agosto de este año mediante la certificación para cobro judicial SCAP-0163-08-2019-D, la jefa de la subárea de Cobro Administrativo a Patronos de la Caja, Olga Duarte, señaló que la universidad debía pagar más de ¢1.403 millones por el incumplimiento contractual.
Finalmente, el 22 de octubre anterior, el Juzgado Especializado de Cobro del II Circuito Judicial de San José resolvió que la Universidad deberá hacerle frente a este cobro por la omisión en la prestación de servicios durante el período del 1 de julio del 2004 al 13 de febrero del 2014.
Esta no es la única pugna relacionada con el PAIS que existe entre ambas instituciones, pues en julio del 2015 la UCR demandó a la CCSS; sin embargo, sobre este proceso aún no existe resolución en firme.
“Dicha demanda surgió tras el cierre del PAIS, mediante el cual, desde 1997 hasta el 2014, la UCR asumió la atención de 45 Ebais en los cantones anteriormente citados mediante una contratación directa con la CCSS. Sin embargo, dado que la CCSS no estaba reconociendo los costos reales del PAIS (relacionados con la calidad de los servicios que la universidad había brindado), y después de intensas negociaciones para resolver las diferencias entre ambas instituciones, el contrato culminó en febrero de 2014”, apunta el comunicado de la UCR.
Actualmente, estos Ebais son administrados por la Universidad de Iberoamérica (Unibe).