Autoridades de la Universidad de Costa Rica (UCR) y representantes de la comunidad de Paraíso de Cartago se reunieron con diputados de la Asamblea Legislativa para solicitarles que velen por que se mantenga vigente la ley que permite el financiamiento del recinto universitario que funciona en esa localidad.
El rector de la UCR, Henning Jensen, en compañía del vicerrector de Administración, Carlos Araya, y la directora del Recinto, Rosibel Orozco, expuso ante los legisladores la importancia y aportes de la presencia universitaria en ese cantón.
A la cita se presentaron los legisladores Walter Muñoz y Patricia Villegas del Partido Integración Nacional (PIN), además de Luis Fernando Solano de Liberación Nacional (PLN) y Mario Castillo de Acción Ciudadana (PAC).
También se invitó a la presidenta Municipal de Paraíso, Lucía Mata; al supervisor del Área de Educación de ese mismo cantón, Juan Carlos Quesada; al exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana; y exalcalde de Paraíso, Jorge Rodríguez. Este último fue el proponente de la ley que financia el recinto y que hoy corre peligro si se deroga como parte de la reforma fiscal.
El rector Jensen recordó a los diputados como el proceso de regionalización de la Universidad de Costa Rica inició hace 50 años con el objetivo de democratizar el acceso a la educación superior pública, en un sistema de sedes y recintos que ahora cubre todo el país con proyectos de docencia, acción social e investigación.
El rector comentó que en las sedes y recintos de la UCR el 80% del estudiantado recibe algún tipo de beca –la mayoría con beca cinco que incluye un apoyo económico para materiales, alimentación y residencia–, y aseguró que el sistema de becas de la universidad está entre los más sólidos de América Latina.
“Solo para el 2018 el presupuesto ha sido ₵26.200 millones, que es una cifra grande para garantizar la permanencia de estudiantes que vienen de familias que están en vulnerabilidad. Un porcentaje muy alto de nuestros estudiantes son los primeros miembros de su familia que están estudiando en una universidad”, afirmó.
“Tomen en serio lo que les voy a decir: la mayoría de nuestros estudiantes vienen de colegios públicos, una y otra vez de manera difamatoria se dice que viene de colegios privados, eso no es cierto y podemos darles todas las estadísticas correspondientes con datos que así es como se los digo uno de los factores más importantes de movilidad social en el país”, añadió Jensen.
¿Se elimina o no?
El exdiputado Rodríguez fue el más enfático al señalarles a los actuales diputados que deben velar para que se aseguren de que la ley 7386 que da contenido económico al recinto de Paraíso no será derogada como parte del plan fiscal.
Sobre este punto, los legisladores presentes manifestaron su anuencia de velar por la eliminación del articulado en cuestión, pero fue claro que ninguno tenía la seguridad de si esto ya se había hecho en las diferentes versiones que ha tenido el proyecto.
El rector Jensen comentó que la posición de las universidades, además de mantener las leyes que dan financiamiento a este tipo de proyectos como la sede de Paraíso, ha sido clara en que se debe exonerar totalmente a la educación superior pública del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Jensen indicó que la educación pública no tiene fines de lucro y, por tanto, no debería pagar este impuesto, mientras que, en el caso de la venta de servicios, las instituciones se convertirían en “recaudadores” del impuesto que se sumaría a los costos que se cobran a los usuarios.
“Debe haber un nuevo plan fiscal, pero no debe lesionar a los sectores vulnerables y debe ser progresivo; son principios básicos que rigen en los países más avanzados, pero aquí hemos tenido posición a la progresividad. En la UCR tenemos que revisarnos y ser más eficientes, emplear mejor nuestros recursos. Creo que la CUR es ejemplo de eso, de las luchas de los últimos cinco o seis años”, concluyó el rector.
El vicerrector de Administración, Carlos Araya, se mostró complacido por la apertura de los diputados a acoger la propuesta de la UCR, pero también se dijo preocupado por la poca claridad en la eliminación de esos artículos en el proyecto fiscal.
“Seguimos preocupados porque, a pesar de que se han presentado mociones que van con la intensión de que justamente se elimine la derogatoria de la ley, la posibilidad de que esas mociones no puedan prosperar está latente”, aseveró.
Paraíso invertirá ₵1.500 millones en más aulas
El recinto de la Universidad de Costa Rica en Paraíso de Cartago espera tener listo en el plazo de un año la ampliación de sus instalaciones en 1.500 metros cuadrados más, que serán destinados a aulas que permitirán ampliar la capacidad para recibir estudiantes.
Los arquitectos Esteban Camacho y Alfonso Leandro, de la Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones de la UCR (OEPI), explicaron que este proyecto pretende darle modernidad y mejorar la capacidad de las actuales instalaciones.
Para esto, en el proyecto se levantará una segunda planta sobre el actual pabellón de aulas con que cuenta el recinto, ya que el descubrimiento de una naciente en los terrenos universitarios impide que se puedan levantar nuevas construcciones.
“Hace unos años se descubrió una naciente que pide un retiro de 100 metros, gran parte de la finca no se puede usar en construcción; por este motivo, hay que diseñar en el espacio construido”, explicó Leandro.
Además de la construcción de la segunda planta, se pretende remodelar la instalación eléctrica y mecánica del recinto, mejorar la biblioteca y crear áreas verdes para el disfrute de los estudiantes, así como mejoras en el comedor, la construcción de salas de lactancia y otras instalaciones que permitan cumplir con la Ley 7600.
Para emprender este proyecto, el recinto de Paraíso deberá movilizar a 450 de sus 520 estudiantes a instalaciones que se alquilarán en un centro comercial, mientras se construyen las nuevas instalaciones con un costo de ₵1.500 millones.
