Por considerar que traería una separación de la planilla universitaria entre administrativos, docentes e investigadores, la Universidad de Costa Rica (UCR) recomendó no aprobar el nuevo texto del proyecto de Ley Marco de Empleo Público, dictaminado por la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa.
El Consejo Universitario (CU) emitió el pronunciamiento de la institución el miércoles 17 de noviembre, en donde indica que el proyecto de ley atenta contra la autonomía e independencia de la Universidad. Este criterio forma parte de las consultas que realiza la Asamblea Legislativa a 75 instituciones públicas sobre la nueva versión modificada por los legisladores.
La opinión de la UCR se une a la de la Procuraduría General de la República que el viernes 19 de noviembre también respondió a la comisión legislativa en torno a que ese nuevo texto tiene “roces constitucionalidad” porque fragmenta en dos el régimen de empleo público, al establecer dos categorías inexistentes ahora, como son las de las personas con competencias exclusivas y excluyentes. Las funciones de los trabajadores exclusivos serían consideradas esenciales y, por tanto, quedarían dentro del sistema universitario, mientras que las excluyentes serían sometidas al Mideplan.
Guillermo Santana Barboza, representante del área de ingeniería en el Consejo Universitario, dijo a UNIVERSIDAD que a mediano y largo plazo la aplicación de la ley es un inconveniente para la Universidad y otras instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y los gobiernos locales.
“No debemos decir que tiene roces con la Constitución, sino que pone en cuestionamiento e inválida el mismo mandato constitucional que tiene la Universidad de Costa Rica, que es lo que le permite operar y funcionar […] Destruye toda la identidad, y básicamente destruye la naturaleza institucional de la Universidad”, expresó el funcionario.
De acuerdo con Santana, la Ley Marco de Empleo Público es una reestructuración del Estado costarricense que pretende trasladar el sector administrativo de las universidades estatales hacia un solo y único régimen del servicio civil, bajo el mando del Ministerio de Planificación (Mideplan). Sobre esto, el Consejo Universitario encontró que el proyecto de ley atenta contra el mandato constitucional de la Universidad.
Como parte de las objeciones generales ante la propuesta de Ley de Empleo Público, el Consejo cuestionó el contrasentido de la dualidad de las categorías, la definición del salario global y sus respectivas metodologías aplicadas, la objeción de conciencia, y la tesis de igual salario para igual trabajo.
Sobre la propuesta de establecer igual trabajo e igual salario, la Universidad destacó que en el sector público amplio “resulta difícil unificar familias y grados laborales de forma que sea posible establecer idénticas condiciones de eficiencia, puesto, jornada y condiciones de trabajo”. En el caso de la Universidad, las responsabilidades docentes y en consecuencia los salarios, están relacionados con el tamaño de grupo, complejidad de cursos y la categoría de cada persona docente en el Régimen Académico, por lo que no se puede equiparar la carga de trabajo y el salario para los funcionarios universitarios.
En relación con lo anterior, Santana declaró que el proyecto de ley traería una separación de la planilla universitaria. De esta manera, la administración de las personas docentes e investigadores quedaría a cargo de la Universidad, mientras que las personas administrativas responderían al Ministerio de Planificación (Mideplan).
Por esto, queda inconclusa la posición que tendrían los funcionarios universitarios que tienen doble cargo; como docentes y como administradores. Santana afirmó que la Ley de Empleo Público no responde esta duda, ya que trata de hacer la diferenciación de los cargos, pero al hacerlo rompe con el entramado institucional de la Universidad.
“No debemos decir que tiene roces con la Constitución, sino que pone en cuestionamiento e inválida el mismo mandato constitucional que tiene la Universidad de Costa Rica, que es lo que le permite operar y funcionar […] Destruye toda la identidad, y básicamente destruye la naturaleza institucional de la Universidad”, expresó Guillermo Santana Barboza, representante en el Consejo Universitario
“Nos preocupa el hecho que se aglutinen todos los sectores de funcionarios de las diferentes universidades estatales […] Esto representa una tercerización de los servicios administrativos en las universidades públicas, porque están diciendo que estos servicios pueden ser llevados a otro entorno y ser administrados por otro ente”, agregó.
Asimismo, el funcionario agregó que la Ley de Empleo Público atenta contra el artículo 84 de la Constitución Política, ya que contradice la independencia, autonomía y gobierno propio de las universidades estatales.
El artículo 84 de la Constitución indica que “la Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica”.
Además, el funcionario añadió que, con la implementación de la Ley de Empleo Público, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) entraría en una nueva revisión sobre sus alcances y sería negociado bajo la perspectiva de manejo a cargo del Servicio Civil; acción que contradice la independencia de la Universidad de Costa Rica establecida en el artículo 85 de la Constitución Política.
El representante Santana añadió que el Consejo Universitario espera que la opinión de la Universidad de Costa Rica sea compartida por la comunidad nacional, tanto a lo interno como a lo externo de la institución. De esta manera, con el pronunciamiento esperan “alentar de los graves peligros que conlleva la aplicación de esta ley de empleo público en el sector universitario estatal, y más aún en otros sectores como la Caja Costarricense del Seguro Social y las municipalidades”.
En el pronunciamiento, el Consejo Universitario realizó una revisión al texto del proyecto de ley dictaminado por la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa. Para esto, el CU consultó con la Escuela de Administración de Negocios, la Escuela de Administración, la Escuela de Economía, la Escuela de Ciencias Políticas, la Vicerrectoría de Administración y con Rosaura Chinchilla Calderón, profesora de la Facultad de Derecho.
