La Asamblea Colegiada Representativa de la Universidad de Costa Rica (UCR) rechazó una reforma que pretendía que un vicerrector se encargue de los casos en los que quien ocupa la Rectoría deba separarse mediante una inhibición o recusación.
Dicha propuesta pretendía incluir en el Estatuto Orgánico —cuerpo normativo de más alto rango en la UCR— un nuevo inciso en el artículo 41 para que, en caso de algún impedimento que implique la recusación o inhibición del rector, el Consejo Universitario (CU) resuelva sobre esto y defina a un vicerrector que se encargue del caso concreto.
La inhibición es una figura mediante la que una persona puede solicitar abstenerse de conocer un caso, mientras que la recusación sucede cuando un tercero interesado pide que alguien sea removido de un caso. La aplicación de ambas figuras puede suceder ante conflictos de interés, parentescos con partes involucradas, entre otras causas.
“Al existir una relación de jerarquía que supedita a los vicerrectores al rector, no es una verdadera recusación ni una verdadera inhibición”, Werner Rodríguez, académico de la UCR.
Parte de la iniciativa también buscaba que, cuando el impedimento recaiga sobre jefaturas de las oficinas administrativas, sea la subjefatura quien le sustituya y, si la situación afecta a ambas partes, la resolución del asunto sea asumido por la autoridad superior jerárquica de estas.
Asimismo, se planteó que, cuando el impedimento afecte al contralor universitario, el subcontralor se encargue de sustituirlo y, si recayera sobre ambas personas, el CU resuelva al respecto y designe a una jefatura de la Oficina de la Contraloría Universitaria (OCU) para el conocimiento del tema concreto.
Sin embargo, durante la sesión del pasado 30 de abril, la discusión de la Asamblea Colegiada giró alrededor de lo relacionado con el caso de la Rectoría.
El actual rector, Carlos Araya, abrió la conversación y explicó que, en la actualidad, cuando un rector debe inhibirse, este mismo elige a alguien para que resuelva la situación.
“Lo que pretende la reforma es que el rector más bien manifieste la inhibición ante el CU y que sea el CU quien defina cuál de los vicerrectores es el que resolverá el asunto del que se inhibe”, añadió Araya.
Después de su intervención, el rector procedió a abrir el espacio de votación, ya que antes había explicado que el tema se declaró “suficientemente discutido” en la última sesión que tuvo ese órgano, unas semanas atrás.
No obstante, en ese momento, el académico Werner Rodríguez, de la Sede del Atlántico, interpuso una moción para reabrir el debate por 30 minutos.
“Nuestra casa de estudios debe ser cada vez más democrática. Y ningún aspecto para mí está siempre ya discutido. (…) Solicito a la Asamblea se permita la discusión. La discusión siempre es sana, siempre garantiza democracia”, argumentó Esperanza Tasies, integrante del CU, a favor de esa moción, que finalmente fue aprobada con 212 votos a favor y 111 en contra.
Los 30 minutos
Durante el espacio en que se reabrió la conversación, Rodríguez fue el primero en tomar la palabra y calificó como un “mal parche” y un “despropósito” la reforma: “Al existir una relación de jerarquía que supedita a los vicerrectores al rector, no es una verdadera recusación ni inhibición”, indicó.
En la misma línea, participó el docente y exdirector del CU, Jorge Murillo, quien primero criticó la forma de la propuesta y luego el fondo:
“Lo ideal sería, en este caso, que la persona que sustituya a quien se recuse o inhiba sea una persona que tenga la mayor objetividad posible; creo que la mayoría pensamos que debería ser un funcionario que no esté nombrado por el mismo rector”, agregó Murillo.
Acto seguido, John Rojas, de la Escuela de Administración de Negocios (EAN), señaló que comparte las objeciones de fondo que antes fueron señaladas y puso sobre la mesa que el CU se encargue de revisar el caso de inhibición o recusación del rector para luego formar una comisión ad hoc que rinda un dictamen sobre el tema.
“Solicito muy respetuosamente a la Asamblea que consideremos que este tema, siendo tan delicado, debe ser revisado para plantearse un mejor proyecto”, concluyó Rojas.
El único en intervenir a favor de la reforma fue el académico Guillermo Campos, de la Sede del Atlántico, quien argumentó que “viene a llenar un vacío que actualmente existe”, pues busca que el CU decida si la inhibitoria o recusación procede o no, algo que en el presente no se realiza.
Según Campos, la falta de este procedimiento está generando “ciertos problemas con el debido proceso” de determinados expedientes y situaciones: “El aprobar esto haría que esos expedientes fluyeran de una mejor manera”, afirmó.
El siguiente en hacer uso de la palabra fue Daniel Fernández, docente de la Escuela de Psicología. Fernández trajo a colación una anécdota ocurrida durante la Segunda Guerra Mundial:
“Había una asociación, la Asociación Psicoanalítica Inglesa y había un tal Donald Winnicott, que casi nunca intervenía, pero, algún buen día, levantó la mano y quiso intervenir y su intervención fue para decir: ‘muy interesante la discusión que estamos teniendo, pero les recuerdo algo, Londres está siendo bombardeado’”, relató el docente.
El académico indicó que hizo referencia a ese suceso debido a la preocupación que le genera la posibilidad de que se apruebe una reforma como esta, dado el momento que atraviesa la UCR, que durante las últimas semanas ha sido objeto de “importantes críticas”.
“El mensaje que estaríamos dando es: bueno, cuando el rector tenga que inhibirse o hacer alguna recusación, entonces, un subalterno del rector es la persona que se va a ocupar de esta responsabilidad. A mí me parece que es un pésimo mensaje y me preocupa mucho”, agregó Fernández, a la vez que se sumó a la lista de quienes consideraron la propuesta como un “mal parche”.
Tras esto, el rector Araya hizo un breve comentario, recordando que el tema estaba en la convocatoria de la Asamblea y, de acuerdo con el reglamento, debía tratarse en esa misma jornada.
Finalmente, Elena Molina, académica de la Escuela de Biología, cerró la discusión reflexionando sobre la importancia de establecer procedimientos en la normativa, aunque resaltó su preocupación por la forma y fondo de la reforma en cuestión:
“Deberíamos volver a la mesa de trabajo, rediseñar en función de las observaciones técnicas que han hecho las personas que saben mucho más que yo de esos temas y retomar esto nuevamente, hacer una moción que tome en cuenta las situaciones que han expresado colegas con respecto a estas condiciones de redacción”, dijo Molina.
Tras una nueva lectura de la reforma, el rector dio comienzo a la votación, que culminó con un rotundo rechazo de un total de 328 votos, 218 fueron en contra, 103 a favor y 7 abstenciones. Luego del recuento de los votos, se cerró la sesión.
