Universitarias Oficina de Planificación Universitaria (Oplau) realizó las estimaciones

UCR discute creación de Área de Ciencias Económicas que costaría más de ₡100 millones por año

A finales de marzo, el Consejo Universitario decidió, por segunda vez, sacar la propuesta a consulta con la comunidad universitaria; la otra opción era archivar el texto

La creación de una nueva Área de Ciencias Económicas en la Universidad de Costa Rica (UCR), separando esta facultad del Área de Ciencias Sociales, tendría un costo de al menos ₡100 233 354 al año, según consta en un dictamen de minoría de la Comisión de Estatuto Orgánico del Consejo Universitario (CU).

El documento se basa en un criterio brindado por la Oficina de Planificación Universitaria (Oplau) y excluye algunos rubros que serían objeto de revisión, por lo que el monto final podría ser mayor. Este dictamen de minoría recomendaba archivar la propuesta, mientras que el de mayoría proponía llevar a segunda consulta la iniciativa.

Ambos textos fueron revisados por el CU en la sesión 6581 del 31 de marzo de 2022, a la cual UNIVERSIDAD tuvo acceso y donde se realizó la votación de ambos dictámenes, con un resultado favorable para el de mayoría, con un total de 8 votos a favor y 4 en contra.

A favor votaron Carmela Velásquez, representante del Área de Ciencias Agroalimentarias; Miryam Badilla y María José Mejías, ambas del Sector Estudiantil; Eduardo Calderón, del Área de Ingeniería; Stephanie Fallas, del Sector Administrativo; Carlos Araya, de las Sedes Regionales; Carlos Palma, del Área de Ciencias Sociales; y Germán Vidaurre, del Área de Ciencias Básicas, quien además es el director del CU.

“Es totalmente inconveniente enviar ese mensaje al pueblo, pero sobre todo al sector político, que está en constante ataque a la universidad pública”, Gustavo Gutiérrez

Por otro lado, los miembros que votaron en contra fueron Gustavo Gutiérrez, rector de la UCR; William Méndez, de la Federación de Colegios Profesionales; Jaime Caravaca, del Área de Salud; y Patricia Fumero, del Área de Artes y Letras.

Méndez votó en contra de ambos dictámenes, pues aseguró que el CU fue inducido a un error jurídico, “por una mala interpretación de lógica jurídica, por la Oficina Jurídica de la UCR”, por lo que insistió en que el CU no debía estar discutiendo y resolviendo sobre este tema.

Dictamen de mayoría

En primer lugar, la representante del Área de Ciencias Económicas presentó el dictamen de mayoría, que propone avanzar con la segunda consulta a la comunidad universitaria, sobre la creación del Área de Ciencias Económicas.

Velásquez comenzó explicando que el caso proviene de una resolución emitida por el VII Congreso Universitario, en un documento que data de octubre de 2016. Tras esto, la representante explicó sobre el Área de Ciencias Sociales que “la composición de las facultades que integran el área actualmente tiene un comportamiento de docentes y administrativos que se han ido manteniendo en el tiempo con pequeños cambios”.

Según el dictamen, al revisar el Área de Ciencias Sociales en 2021, la facultad que más docentes tenía es la de Ciencias Sociales (527), seguida de Educación (380), Ciencias Económicas (322) y Derecho (153). En administrativos, Ciencias Económicas es la colista (53), mientras que es penúltima en proyectos de acción social (9) y en proyectos de investigación (42, entre 2017 y 2021).

En otros datos relevantes como la cantidad de estudiantes matriculados, Ciencias Económicas lleva la delantera, puesto que aproximadamente un 42,08% de los estudiantes matriculados en el área pertenecían a esta facultad, en 2020. Si solamente se toma en cuenta la matrícula en las sedes regionales reportada para el Área de Ciencias Sociales, el 63,29% provenían de Ciencias Económicas, en el mismo año.

“Con todos estos números lo que quería era confirmar la gran cantidad de estudiantes, la presencia que tiene la Facultad a lo largo de las diferentes sedes universitarias”, dijo Velásquez, además de señalar que los proyectos de acción social e investigación que se realizan en conjunto dentro del área en realidad son pocos.

La representante concluyó explicando que, en la primera consulta, se recibieron cantidades similares de respuestas a favor y en contra de la iniciativa, por lo cual proponen llevarlo a segunda consulta. Según los datos expuestos, diez asambleas estaban a favor del cambio, mientras que doce estaban en contra, además de dos a favor y tres en contra provenientes de cuerpos colegiados de otras áreas.

Dictamen de minoría

Tras esto, fue el turno de la vicerrectora de Acción Social, Marisol Gutiérrez, de explicar el dictamen de minoría, el cual buscaba archivar la propuesta.

Gutiérrez indicó que después de un largo proceso de análisis, la propuesta “nos lleva a cuestionar cuál es ese modelo de universidad que nosotros estamos planteando, no solo en términos de la estructura organizativa de la Universidad, sino en términos de la concepción epistemológica, metodológica y teórica de esta universidad”.

La vicerrectora aseveró que se cuestionan la pertinencia que tiene generar una separación de la Facultad de Ciencias Económicas, “en una universidad donde lo que se procura es el trabajo en conjunto desde esfuerzos interdisciplinarios, multidisciplinarios, transdisciplinarios” y cuando sus objetos de estudio y problemas están vinculados al área a la que actualmente pertenece.

La académica concluyó señalando que, en el contexto nacional, regional y mundial, y teniendo en cuenta los conflictos bélicos que actualmente afectan la economía “el pensar en una propuesta como esta no es oportuno, eso no estaría dentro del juicio, de las consideraciones que debe tener una universidad pública”.

En este dictamen se hace referencia a que el monto anual requerido para la creación de esta nueva área supera los ₡100 millones, lo cual “es significativo para el contexto presupuestario actual”. Solo en el cálculo salarial que hace la Oplau, el nuevo representante ante el CU costaría ₡89 millones al año, si tiene 15 años de servicio; y casi ₡109 millones, si tuviera 30 años de servicio.

Discusión en el Consejo

Tras la presentación de ambos dictámenes, el director del CU dio la palabra al representante de las Sedes Regionales, quien explicó que la actual estructura organizativa de la UCR tiene casi 50 años, pues fue definida en el III Congreso Universitario, en la década de 1970:

“Considero que cualquier organización, tiene la posibilidad, más que la posibilidad el derecho, de cada cierto tiempo someter a escrutinio su estructura organizativa, sobre todo para poder adaptarla a los tiempos presentes, y más allá de eso adaptarla al futuro”, dijo Carlos Araya.

El miembro del CU agregó que “lo peor que podríamos hacer como Universidad es asumir que no pasa nada y guardar esto debajo de la alfombra y simplemente archivamos el caso y no discutimos sobre la estructura organizacional y sobre el tema de representatividad en la institución”, y puso sobre la mesa ejemplos de diversas instancias que se separaron en la casa de enseñanza: “En todas esas divisiones lo único que ha habido es desarrollo de la Universidad”.

Después tomó la palabra el representante de Ciencias Sociales, quien pidió a sus compañeros un voto positivo para que la iniciativa pasara a la segunda consulta: “Vamos a recibir nuevas respuestas, vamos a recibir nuevos argumentos y serán insumos para este CU, para que después pueda elevar esos insumos precisamente a la Asamblea Colegiada, pero el recibir una segunda consulta a nadie le va a hacer daño, va a beneficiar a la comunidad”.

Carlos Palma también expresó su rechazo a la idea de archivar la propuesta: “Me parece que al archivar una consulta estamos enviando un mensaje equivocado a la comunidad universitaria y al país, que significa que aquí no hay posibilidad de escuchar, que no hay posibilidad de reflexionar”.

El siguiente en intervenir fue Eduardo Calderón, quien sostuvo que la “democracia universitaria se debe caracterizar por abrir espacios de decisión”, y manifestó que no se sentiría “tranquilo ni un verdadero demócrata” si con su voto decidiera “cortar la posibilidad de mayor discusión y democracia en esta Universidad”.

Posterior a la intervención del representante de Ingeniería, tuvo lugar la del rector de la UCR, que señaló que se deben poner “los intereses institucionales por encima de los particulares”.

Gutiérrez cuestionó que, ante la situación fiscal que enfrenta el país, “¿Cómo podrá interpretar la sociedad costarricense que nosotros estamos generando más burocracia en nuestra Universidad?”.

El rector también preguntó cómo la Universidad va a negociar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), si al mismo tiempo las noticias dicen que la UCR discute crear cargos con salarios millonarios: “₡100 millones es mucha, mucha plata”.

“Yo no encuentro ningún sustento técnico que vaya en esa línea e insisto, con todo respeto, el número de estudiantes, de personal docente y administrativo jamás puede ser una justificación para que nos lleve a nosotros a esta división propuesta. Otro asunto que me preocupa, por comentarios que ya me han llegado, de amenazas, es que, si esto pasa, en Derecho y en Educación se estaría considerando exactamente lo mismo”, concluyó el jerarca.

Seguido del rector, hizo uso de la palabra Patricia Fumero, quien cuestionó los argumentos que presentaron quienes tienen una postura a favor de la creación de la nueva área: “No vemos la proporcionalidad real de esos datos. Entonces, en el mismo análisis que se hace de la data, no se hace un análisis completo o no se brindan los datos completos para que realmente podamos ver la proporcionalidad, pero ese es un elemento menor, porque desde mi perspectiva el elemento mayor está en el planteamiento epistemológico”.

El siguiente en hablar fue el representante del Área de Salud, quien señaló que después de escuchar el dictamen de mayoría, su postura más bien es “absolutamente favorable” al de minoría, puesto que para Jaime Caravaca cuando se discute sobre la estructura universitaria debe haber un análisis “mucho más amplio y diferenciado” en otro espacio, como el próximo Congreso Universitario.

Paso siguiente intervino el director del CU, cuestionando las estimaciones salariales de la Oplau y manifestando la necesidad de una segunda consulta: “Necesitamos insumos para poder hacer una discusión; en este momento cortar el análisis o el proceso aquí sería una decisión unilateral del CU, no de la comunidad”.

Después habló Miryan Badilla, quien indicó que en la primera consulta “solo se consultó a Ciencias Económicas y Ciencias Sociales mientras que la Universidad está compuesta por muchísimas más áreas que deben de tener algún tipo de participación activa en esto”.

La representante estudiantil también dijo que en reuniones con consejos estudiantiles se dieron cuenta de que hay mucho desconocimiento sobre el tema: “Es momento de empezar a escuchar otras voces, de empezar a informar que es lo que esto conlleva”.

Vidaurre realizó una intervención para explicar a Badilla que en realidad si se realizó la primera consulta a toda la comunidad, pero que hubo pocas respuestas, a lo que la estudiante replicó que no se refería a que solo a ellos se les consultó, sino a que “falta democratizar esta información”.

Finalmente, antes de comenzar las votaciones habló William Méndez, aclarando que su intervención era “bajo protesta”, pues para él el CU no tenía razón en estar discutiendo este tema, pero apoyando los argumentos del rector y señalando que hay una parte de la sociedad esperando que la UCR cometa errores: “Estamos bajo el ojo de la observación pública, no solamente la estructura política y económica del país, una parte de la sociedad costarricense quiere desaparecer la educación pública superior”.

El representante de los colegios profesionales indicó que en ninguno de los dos dictámenes encuentra una perspectiva teórica o justificación para que la propuesta se haga realidad: “Procedamos a votar y que la sociedad y la Universidad nos juzgue a cada uno por nuestros actos”.

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