La Universidad de Costa Rica (UCR) recomendó a la Asamblea Legislativa la aprobación parcial del proyecto de ley “Autorización para emitir títulos valores en el mercado internacional y contratar líneas de crédito” (23.036), que busca, entre otras cosas, darle potestad al Poder Ejecutivo para colocar títulos valores en el mercado internacional por $6.000 millones.
Según el acuerdo tomado por el Consejo Universitario (CU) de la UCR, la recomendación consiste en aprobar esos $6.000 millones de eurobonos “para satisfacer las necesidades de financiamiento del Gobierno de Costa Rica y sustituir los vencimientos de deuda externa en el periodo 2023-2026”.
La institución señala, en su criterio, en manos de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, que el programa de emisiones debe ajustarse a cada una de las fechas de vencimiento, para lo cual, se iniciaría con una primera emisión de $1.500 millones en 2023: “Las siguientes estarán sujetas a un informe del Ministerio de Hacienda sobre los gastos e ingresos del presupuesto correspondiente y a las tasas de interés del mercado internacional”.
El representante del CU por el Área de Ciencias Sociales, Carlos Palma, explicó a UNIVERSIDAD que la justificación del Gobierno con este proyecto es volver a endeudarse con montos similares a los de las deudas próximas por vencer, pero a tasas diferentes y en periodos más largos, buscando que en algún momento el país tenga mejores niveles de ingresos para ir amortizando esos títulos que se emitirán en el futuro.
“El Gobierno no se puede dar el lujo de caer en un default por la no cancelación de esos títulos que están venciendo en el 2023”, Carlos Palma.
Palma destacó, también, que desde el Ejecutivo se ha dicho que, al emitir estos nuevos títulos, se podrían obtener tasas de interés mucho más bajas; no obstante, desde su perspectiva, esta situación no es totalmente factible, puesto que Costa Rica es un país que tiene un nivel de riesgo moderado: “Son tasas que van a depender del mercado, tasas que dependen del mercado internacional y hoy las tasas de interés del mercado internacional están altas”.
El miembro del CU reiteró que la recomendación de la Universidad es que los títulos valores se vayan emitiendo conforme se vayan venciendo los títulos que el Gobierno necesita cancelar actualmente: “Si se quiere emitir títulos de deuda para pagar deuda vieja y cambiarla por una deuda que sea mucho más barata, entonces, lo que hay que hacer es remitirse a cuáles son las fechas de vencimiento de esas deudas”.
El académico agregó que no se debería dar los $6.000 millones de una sola vez al Gobierno “porque eventualmente podrían utilizar una parte para cancelar estos títulos que están venciendo ahora y podrían darle un uso diferente a ese sobrante de $4.500 millones”, pero destacó que si es “estrictamente necesario” autorizar una primera emisión de $1.500 millones para 2023: “El Gobierno no se puede dar el lujo de caer en un default por la no cancelación de esos títulos que están venciendo en el 2023”.
En el oficio de la UCR se cita también el análisis de la Facultad de Ciencias Económicas sobre el proyecto, que indica estar “en desacuerdo” con la propuesta por una serie de razones como la variación de los supuestos bajo los que se diseñó el proyecto, principalmente, en términos de inflación, crecimiento real del producto interno bruto (PIB) o el ajuste de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED).
Por su parte, la economista y diputada del Frente Amplio (FA), Sofía Guillén, quien forma parte de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa que analiza el texto del proyecto, aseguró que la recomendación de la UCR era “entendible”, desde el punto de vista técnico: “El Gobierno requiere de liquidez inmediata y también requiere de planificación de deuda inmediata”.
Sin embargo, Guillén explicó a este Semanario que, desde su partido, están solicitando “que exista un condicionamiento de indicadores claros para la ejecución de esas emisiones”, de modo que entre estos se encuentre la disminución de incumplimientos tributarios, la aplicación efectiva de escáneres, la implementación de Hacienda Digital o la fiscalización de aduanas.
“No se trata solo de un plan de deuda, eso es un pedacito del total del problema. La deuda es apenas un pedacito de la política fiscal, el problema es cuando los gobiernos hacen lo que han estado haciendo durante años, patear la bola hacia adelante con planes de endeudamiento, sin resolver los problemas estructurales de la política fiscal costarricense como el fraude fiscal y la regresividad tributaria”, dijo la diputada.
La frenteamplista agregó que están en disposición de aprobar los primeros $1.500 millones, pero los otros $4.500 deberían quedar condicionados al cumplimiento de esos indicadores señalados: “No queremos dar un cheque en blanco de deuda y ya está, siga pateando la bola. Eso para nosotros es inaceptable y, por eso, estamos insistiendo en estos indicadores”.
Reduce costos de la deuda
El informe económico elaborado por los servicios técnicos de la Asamblea Legislativa señala que el proyecto “sirve a la posibilidad de reducir los costos de la deuda pública y disminuir la presión sobre las tasas de interés en el mercado local”, lo cual incentivaría la producción nacional; a la vez que destaca las autorizaciones “se deberían ejecutar sin afectar los límites del gasto público”, debido a que la regla fiscal y la aprobación legislativa del presupuesto nacional sirven como controles para evitar el crecimiento del gasto.
“La emisión de títulos valores en el mercado internacional significaría una fuente de financiamiento alterna al mercado local, que desahoga el mercado interno y permite reducir las presiones sobre las tasas de interés, lo que redundaría en beneficios de usuarios de créditos: empresas, personas y el Estado, con los consecuentes efectos favorables para el dinamismo de la actividad económica”, dice el texto.
Según el informe, entre los beneficios esperados de la aprobación del proyecto se encuentra la estabilización de tasas de interés, la captación de recursos a menor costo y mayor plazo, disminución del riesgo cambiario, entre otros.
Por otro lado, entre los posibles elementos adversos se encuentra que la FED está aumentando las tasas de interés, lo que podría encarecer las tasas en que se emitan los bonos; que Costa Rica tendrá mayor vigilancia de analistas financieros; que, en alguna medida, la presión sobre el mercado financiero podría permanecer, entre otros.
