El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez, presentó este lunes un análisis realizado por un grupo de especialistas que contiene importantes señalamientos sobre las implicaciones que tendría en la sociedad costarricense la aprobación del proyecto Ley Marco de Empleo Público.
“Hemos encontrado una serie de asuntos extremadamente preocupantes sobre este proyecto de Ley. Debo destacar que estas que no afectan solamente a las universidades publicas sino a los diversos ámbitos del país”, expresó Gutiérrez.
Según los hallazgos del mencionado informe, el proyecto de ley tendría efectos negativos en los ámbitos político, jurídico y económico del país. Entre las cuestiones más importantes del análisis se encuentran:
- No se tiene certeza económica del aporte de la eventual Ley Marco de Empleo Público a la reducción del déficit fiscal. Esto porque el proyecto de ley carece de estudios técnicos e información específica sobre las escalas salariales que permitan determinar el ahorro real que implicaría para el país
- La afectación salarial podría reducir el consumo y la demanda interna, lo que dificultaría la reactivación económica.
- El proyecto de ley tiene vicios de constitucionalidad pues afecta el régimen de autonomías de la Caja Costarricense del Seguro Social, las municipalidades y las universidades. En particular preocupa la afectación de su autonomía administrativa y en el caso de las universidades también su independencia organizativa, pues se altera su capacidad para establecer sus propias normas de autogobierno, potestad que incluye el establecimiento de sus propias normas laborales y salariales internas
- La discusión acelerada de este proyecto de ley no ha permitido el verdadero espacio de diálogo, reflexión y debate sobre sus implicaciones. Su impacto en amplios sectores de la sociedad, podría generar un clima de agitación social que polarice aún más al país, profundice la crisis económica y afecte los acuerdos con el FMI.
Por otra parte, el secretario académico de Rectoría, Felipe Alpízar, explicó que con este informe no se “pretende eximir a la Universidad de su responsabilidad ante la compleja situación fiscal que vive el país”.
En la misma línea, la directora del Consejo Universitario, Patricia Quesada, indicó que la autonomía universitaria se debe ver como una garantía para que el trabajo que se realiza “pueda funcionar independientemente de los intereses políticos de gobiernos de turno”.
Asimismo, el rector de la UCR afirmó que este año trabajará “una propuesta conjunta con el Consejo Universitario y los diferentes sectores de la Universidad para modernizar la escala salarial, para corregir las desigualdades que existen actualmente y garantizar la sostenibilidad de la institución en el tiempo.”
