El nuevo edificio de Odontología que levanta la Universidad de Costa Rica en las Instalaciones Deportivas en Sabanilla se ubica en una zona ambientalmente frágil, según la zonificación del Proyecto de Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana (Prugam), aprobada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Este fue el principal señalamiento que realizó el 1 de febrero el geólogo Allan Astorga ante el Concejo Municipal de Montes de Oca, institución a la que explicó lo que considera un desacato de varias instituciones ante la normativa vigente.
Según detalló Astorga a UNIVERSIDAD, entre un 60% y un 80% del edificio se estaría construyendo en zonas restringidas por el Prugam (ver imagen); tanto por cuestiones ambientales (II-G), como por vulnerabilidad a deslizamientos o inundaciones (I-A).
“Hay una zona en particular que se llama la Zona II-G, que nosotros la definimos así porque son sitios en los que encontramos arboledas y que, en medio de toda la masa de construcciones, se debían quedar como tales, de forma que las autoridades de gobierno trabajaran para convertirlas en parques urbanos o darles un uso que no fuera más construcciones”, explicó.
Para el ambientalista, el problema en la planificación del edificio incluso es más evidente porque las obras se pudieron tramitar de forma que se adaptaran al espacio no restringido por el Prugam (Zona III-B), lugar en el que se pudo levantar la infraestructura de forma más vertical.
Según Astorga, el plan ambiental había estipulado la posibilidad de aprovechar los espacios disponibles a través de edificios de hasta 14 pisos, algo que pudo contemplarse en esta situación para aprovechar de mejor manea el terreno.
Vicios procedimentales
Para Astorga, al tomar en cuenta la Directriz Ejecutiva No.35 MIVAH-PLAN (ver recuadro), fue claro que existió un desacato a la normativa vigente para permitir la construcción en el lugar en que se realiza, responsabilidad que compartirían varias instituciones al mismo tiempo.
Al respecto, el geólogo indicó que presentó un recurso de coadyuvancia ante la Sala Constitucional, a través del que apoyó la acción propuesta por varios sectores contra el proyecto universitario y señaló las que considera “serias omisiones” de los implicados.
“Hice un escrito a la Sala Constitucional donde lo que hago es decir que veo que una serie de errores que más bien parecen horrores, puesto que serían omisiones muy serias en el proceso de planificación de este proyecto”, destacó.
Para Astorga, tanto la Universidad como los entes técnicos debieron “revisar la información disponible”, algo que no hicieron “porque a nadie se lo ocurrió o porque nadie quiso”.
“La Universidad debió de haberlo hecho antes de empezar a planificar, y la Municipalidad debía tener un protocolo correcto para otorgar los usos de suelo y los permisos de construcción”, subrayó Astorga.
La Directriz Ejecutiva
Según Astorga, la directriz que daría validez al Prugam como una herramienta vigente para regular este tipo de construcciones sería la “Directriz Ejecutiva No.35 MIVAH-PLAN”, que establece en su artículo primero lo siguiente:
“En toda política, plan, programa o proyecto relacionado con materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Gran Área Metropolitana se deben tomar en consideración como insumos los productos generados por el “Proyecto de Planificación Urbana Regional de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica (Prugam)”, que se encuentran disponibles en el siguiente sitio electrónico: http://www.mivah.go.cr/PRUGAM_Productos.shtml“.
Municipio y UCR rechazan vigencia de PRUGAM
- Municipalidad reconoce deficiencias ambientales de su Plan Regulador, pero asegura que es la principal legislación vigente desde 2006.
Según explicó el propio Francesa, el plan regulador sobrepasa cualquier directriz ejecutiva, por lo que no sería posible “aplicar el Prugam por encima de esa normativa”. Ante las acusaciones de Astorga, el director de Planificación Urbana de la Municipalidad de Montes de Oca, Gillio Francesa, explicó a UNIVERSIDAD que, a pesar de la validez técnica del Prugam y de la directriz ejecutiva No. 35 MIVAH-PLAN, estos insumos no podrían sobreponerse al Plan Regulador cantonal, documento con una relevancia legal superior.
“Si nosotros intentamos aplicarlo por encima de la normativa, nos vemos expuestos a que se lo traigan abajo por principio de legalidad”, explicó el funcionario. “Hasta que estos insumos no se conviertan en una ley o en un plan vinculante, no se pueden aplicar”, detalló.
Para Francesa, si bien el plan cantonal “no cuenta con un sustento ambiental sólido”, lo cierto es que los insumos ambientales no pueden implementarse si no están adheridos a la legislación vigente, algo que no se ha logrado hasta la fecha.
Al respecto, eso sí, el funcionario aseguró que su dirección ya trabaja para modificar el plan cantonal, propuesta que presentarán -junto con Astorga- a la Comisión Especial Estratégica Territorial de la municipalidad.
La comisión especial es el ente encargado de administrar el plan regulador municipal y en ella trabajan tres regidores, cuatro representantes por consejo de distrito y tres representantes la comunidad.
Por este motivo, Francesa asegura que será necesario alcanzar un consenso político, de forma que la propuesta pueda aplicarse directamente a la legislación vigente.
“Ahora, nosotros estamos trabajando con Don Allan (Astorga) para elaborar una propuesta técnica y presentársela a ellos. El tema es que hasta que no esté adoptada y no sea publicada oficialmente, como lo fue el Plan Regulador, no será vinculante y no podrá favorecer la planificación ambiental”, aseguró el funcionario.
Posición universitaria
Consultado por UNIVERSIDAD, el director de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI), Kevin Cotter, señaló que el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (Produs) ya trabaja en un documento de respuesta ante las indicaciones que hizo Astorga ante el Concejo Municipal y la Sala Constitucional.
Así mismo, Cotter cuestionó la vigencia del Prugam, puesto que dicho documento nunca fue aprobado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), un argumento que, según Cotter, el propio Astorga reconoce.
“No es un documento que tenga vigencia. Además, según el documento que elabora Produs, en las zonas de fragilidad no existe prohibición para construir, sino que se construye con medidas de mitigación como las que tiene el edificio”, señaló el funcionario.
“Desde la OEPI, el proyecto cumple con toda la legislación vigente y con todos los permisos vigentes para construcción. Lo que se refiere a Prugam, hasta donde entendemos y la misma Produs lo dice, no es una legislación vigente”, agregó.
En esta misma línea, el director de la OEPI indicó que la construcción del edificio continúa “porque no se ha incumplido ninguna reglamentación” y porque “la Sala IV no ha dado otra medida cautelar que no sea detener la corta de los árboles (25 de diciembre)”.
Además, según argumentó la propia Universidad en comunicado de prensa, el edificio de Odontología sigue siendo prioritario para la casa de enseñanza, puesto que “la estructura actual está obsoleta tras 54 años de uso”.
Según la institución, la infraestructura actual “carece de la cantidad suficiente de laboratorios, aulas, cubículos de profesores, clínicas, parqueos, espacios para los técnicos en mantenimiento de equipo y bodegas”, lo que “hace urgente la construcción del nuevo edificio”.
Además, la Universidad indicó que “las tuberías de agua están muy deterioradas tras 54 años de uso” y que “la red eléctrica es obsoleta para poner en funcionamiento nuevos equipos de trabajo”, lo que dificulta la labor de las personas que se desarrollan en ese lugar, como estudiantes o funcionarios.
En total, el edificio actual reúne a unas 500 personas a diario y, anualmente, recibe a más de 1.000 personas en condiciones de vulnerabilidad que son atendidos sin tener que pagar por sus tratamientos.
Aclaración del director de la OEPI, Kevin Cotter Murillo:
“Con respecto al artículo publicado en el Semanario UNIVERSIDAD, titulado “Municipio y UCR rechazan vigencia de PRUGAM”, quisiera rectificar uno de mis comentarios, puesto que Produs no elaboró el documento de respuesta al escrito del señor Astorga, este documento fue elaborado por la Oficina Jurídica de la Universidad, con insumos recibidos en parte por ProDUS y en este caso es firmado por la Rectora a.i., doña Ruth de la Asunción”,
