La Universidad de Costa Rica (UCR) cerrará el año con una ejecución de ₡293.162,62 millones, mientras que su presupuesto ordinario asciende a los ₡324.945,08 millones, según estimaciones brindadas por la Oficina de Administración Financiera (OAF).
Lo anterior significa que la casa de enseñanza logrará ejecutar el 90,22% de su presupuesto anual, lo cual aunado a la estricta aplicación de la regla fiscal, provocará importantes dificultades en 2022 para el centro de estudios superiores.
Para el año próximo, la regla fiscal impone un tope al crecimiento del gasto total de un 1,96% en el presupuesto y en la ejecución anual. De esta forma, la UCR solo podrá ejecutar ₡298.908,61 millones en 2022, cuando su presupuesto para este periodo corresponde a ₡326.244,49.
“Al establecerse un tope máximo a ejecutar menor al presupuesto aprobado, la Institución no podrá consumar la totalidad de los gastos corrientes y de capital ya incorporados en el presupuesto”, dijo a UNIVERSIDAD, Marlen Salas, directora de la OAF.
Salas comentó que, si bien la Universidad ha realizado importantes esfuerzos para poder ejecutar todo el presupuesto, “algunos compromisos institucionales, legales o formales, pasan de un año a año a fin de que sean atendidos en el monto de su materialización; por ejemplo: el desarrollo de obras de infraestructura y la adquisición de bienes de inversión, ya consideradas en los diferentes planes estratégicos y operativos de la Institución”.
Consecuencias
La directora de OAF expresó que la aplicación de un porcentaje máximo de crecimiento que, además de ser bajo, disminuye cada año (2020: 4.67%, 2021: 4.13% y 2022: 1,96%), “impacta la planificación institucional y pone en riesgo la buena marcha operativa de la Universidad”.
Esto, continúa la experta, debido a que se dejan de desarrollar y potenciar las actividades sustantivas de la casa de enseñanza, relacionadas con la docencia, la investigación y la acción social, pero especialmente la atención de la población estudiantil, “con el fin de garantizar su permanencia ante las difíciles circunstancias que la emergencia sanitaria ha generado en el ámbito socio-económico (fortalecimiento de becas), y en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el entorno virtual (equipo y conectividad)”.
Asimismo, existe un impacto en la planificación de los recursos propios, provenientes primordialmente de la venta de servicios y la vinculación con el sector externo. Esto pone en riesgo los compromisos adquiridos por las universidades, así como “la operación de los proyectos de vinculación remunerada en lo concerniente a las actividades sustantivas de la Institución”.
Entre los ejemplos que pone Salas de posibles afectaciones a la UCR, se encuentran las actividades de docencia, investigación y acción social, pero también proyectos de interés nacional, como los desarrollados por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), el Centro de Investigación en Nutrición Animal (CINA), el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), entre otros centros de investigación que reciben recursos de leyes específicas.
