El Consejo Universitario (CU) abordó la preocupación existente dentro de la comunidad universitaria respecto a los términos en que se está llevando a cabo la distribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en la sesión del 1 de abril. La discusión se centró en la necesidad de asegurar una asignación de recursos que permita a la Universidad de Costa Rica (UCR) cumplir con sus funciones sustantivas de docencia, investigación y acción social, tal como lo establece la Constitución Política.
El punto de partida para esta acción del CU fue la inclusión del tema de la redistribución del FEES en la agenda de la sesión del Consejo Nacional de Rectores (Conare) del mismo 1 de abril. Ante este panorama, diversos miembros del Consejo Universitario manifestaron su inquietud por las posibles consecuencias negativas que la distribución podría acarrear para la «hacienda universitaria” de la institución, término utilizado durante las deliberaciones para referirse a las finanzas de la institución.
Según se desprende de la sesión del Consejo Universitario, el acuerdo de respaldar al rector Carlos Araya en esta renegociación se fundamenta en la percepción de que el acuerdo vigente contiene «vacíos legales» (según el acuerdo del CU) y podría generar una expectativa de distribución que sea “ruinosa para la Universidad de Costa Rica”. Esta preocupación fue palpable en las intervenciones de varios miembros.
“No es sostenible para nuestra universidad, no vamos a quedar ni siquiera cubiertos contra la inflación y eso sí va a empezar a generar un deterioro muy grande en la institución que a largo plazo puede generar, o sea, que los efectos van a ser enormes”, Fernán Orlich.
La directora del CU, Patricia Fumero Vargas, dio lectura a la propuesta de acuerdo, la cual fue aprobada de forma unánime con 12 votos a favor y ninguno en contra, tras más de una hora de debate. El acuerdo oficial del Consejo, que también fue difundido a través de su página de Facebook, establece:
“Reiterar el apoyo al señor rector para realizar el proceso de renegociación del Fondo Especial para la Educación Superior, en los términos que nos permitan subsanar los vacíos legales del acuerdo CNR-751-2024 para generar una expectativa de distribución que no sea ruinosa para la Universidad de Costa Rica y más bien fomente el desarrollo y sostenibilidad de todas las instituciones académicas públicas”.
La mención específica del acuerdo CNR-751-2024 hace referencia a la transcripción del acuerdo tomado por el Conare en su sesión ordinaria No. 34-2024, celebrada el 17 de setiembre de 2024, donde se analizó la propuesta del presupuesto 2025 y la distribución del FEES para este año.
Durante la sesión del CU, varios miembros expresaron su preocupación por la falta de información detallada que la comunidad universitaria tuvo en su momento sobre los alcances de este acuerdo. Fumero señaló: “Por diferentes motivos esta información no fue de conocimiento ni del Consejo Universitario ni de la comunidad universitaria”. Esta falta de transparencia en el proceso previo generó un sentimiento de urgencia para que ahora se defina una posición institucional clara ante la discusión en Conare.
El representante de la Federación de Estudiantes (FEUCR), Fernán Orlich, manifestó su inquietud, indicando que el acuerdo tomado “no es sostenible para nuestra universidad, no vamos a quedar ni siquiera cubiertos contra la inflación y eso sí va a empezar a generar un deterioro muy grande en la institución que a largo plazo puede generar, o sea que los efectos van a ser enormes”. Esta visión pesimista sobre el futuro financiero de la UCR bajo la distribución actual del FEES fue un elemento clave en la decisión de respaldar la renegociación.
Orlich sumó a la preocupación enfatizando la necesidad de que la distribución sea “responsable y tiene que ser equitativa y ajustarse a las necesidades de cada institución”. Si bien no se oponen a una redistribución per se, exigen que se considere la realidad y las necesidades específicas de la UCR para asegurar su funcionamiento óptimo a futuro.
FEES y redistribución
El FEES es la principal fuente de financiamiento para las cinco universidades públicas. Su distribución es un tema de debate constante, con esfuerzos históricos por parte del Conare para lograr una asignación más equitativa entre las instituciones, especialmente aquellas que históricamente han recibido un menor porcentaje.
En el año 2024, tras largas negociaciones fallidas entre el Poder Ejecutivo y las universidades, se acordó un incremento del 2% al FEES en la Asamblea Legislativa.
Para el año 2025, el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República inicialmente no incorporó un crecimiento del FEES en relación con el 2024, asignando ₡561.087.005.038 en transferencias corrientes (funcionamiento regular) y ₡15.000.000.000 en transferencias de capital (proyectos específicos). Ante esta situación, el Conare tomó acuerdos sobre la distribución del FEES 2025, considerando diferentes escenarios de un posible aumento por parte de la Asamblea Legislativa.
La preocupación manifestada en el CU de la UCR sugiere que la distribución acordada para el FEES 2025, o los criterios utilizados para su definición, no satisfacen las necesidades financieras de la institución y podrían poner en riesgo su capacidad para mantener la calidad de sus servicios y su rol fundamental en la sociedad costarricense.
Este Semanario intentó conocer la posición de la presidenta del Conare y rectora del Instituto Tecnológico (TEC), María Estrada, pero afirmó que no podía responder en ese momento porque iba de viaje de Liberia a Cartago.
Asimismo, se contactó al exrector de la UCR, Gustavo Gutiérrez, mediante un mensaje que se le dejó por WhatsApp, pero no se tuvo respuesta al cierre de edición.
