UCR ajusta presupuestos ante recorte del FEES

La universidad amortiguará el efecto del recorte congelando plazas, no aumentando el presupuesto de ninguna unidad ejecutora y usando previsiones presupuestarias.

La Universidad de Costa Rica realizó los ajustes necesarios en su presupuesto 2019 para atenuar los efectos en el recorte al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que fue aprobado el año pasado por la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

La moción, propuesta por el diputado Jonathan Prendas, redirige ¢10.000 millones del FEES al rubro de amortiguación de la deuda. La Universidad de Costa Rica es la más afectada con un recorte de ¢5.000 millones.

El Consejo Nacional de Rectores presentó el 22 de enero una acción de inconstitucionalidad contra el recorte, sobre el cual el rector Henning Jensen sostuvo una conversación con UNIVERSIDAD.

 ¿Cuáles son las consecuencias del recorte del FEES?

-No podrá darse ningún aumento en el presupuesto de las unidades académicas, ha sido formulado con crecimiento cero con excepción de las sedes regionales en donde sí aplicaremos una aumento del 5% con respecto al año 2018. Esto último lo hacemos porque queremos fortalecer las sedes regionales de cara a cualquier recorte presupuestario adicional que pudiera darse en el futuro.

La inflación tiene una repercusión importante sobre el presupuesto y la capacidad adquisitiva de toda unidad ejecutora de la Universidad, que incluye a la Vicerrectoría, a la Rectoría y al Consejo Universitario, y al resto de oficinas de la institución. Se contará de manera real con un presupuesto menor al no darse un aumento de ningún tipo, tampoco se creará ninguna plaza nueva.

La implicación más inmediata es que tendremos que ser muy cuidadosos con la creación de programas nuevos o incluso con las necesidades que podrían darse con la ampliación de oferta académica. Por ejemplo, en sedes regionales estamos pensando en formar el recinto de Golfito en una sede regional, para ellos necesitamos los recursos que ahora no vamos a tener. Con esto no quiero decir que vayamos a detener este proceso, vamos hacia delante con ese proyecto.

¿Bajo qué criterio se tomaron las decisiones presupuestarias?

-Hemos tomado las medidas presupuestarias que afecten lo menos posible el funcionamiento de las dimensiones sustantivas de la universidad: la docencia, investigación y acción social. Para ello hemos recurrido a utilizar dos partidas que son bastante grandes y nos permite cubrir un porcentaje alto. Una es una previsión presupuestaria que hemos tenido a lo largo de los años cuando dejamos de administrar los Ebais del programa PAIS, con el cual estamos en juicio con la CCSS, entonces estamos usando los cerca de ¢2 mil millones que teníamos contemplado en caso de perder el juicio.

Otra medida que tomamos es que hemos amortiguado el fideicomiso (usado para el desarrollo de infraestructura), no en su totalidad, sino en una parte importante, de manera que lo que tenemos que pagar anualmente se ha reducido en un monto aproximado de ¢dos mil millones. Lo que hicimos concretamente es que pagamos en su totalidad el edificio de Odontología.

Entre otras medidas que tienen que ver con alimentación, por ejemplo, que son de menor importancia académica. La sumatoria de esos recortes en muchos otros rubros es que sumamos la cantidad recortada.

¿Qué recomendaciones se les dio a las unidades ejecutoras para atender estos pequeños recortes?

-Cada oficina de la universidad tiene sus necesidades propias. Es tanta la diversidad que nosotros no podemos dar indicaciones únicas, lo que sí hemos pedido es que cada unidad haga una revisión de aquello en lo cual pueda hacer una contención del gasto. La directriz predominante es que se trate de no afectar las actividades académicas. Por ejemplo, algunas unidades están muy preocupadas por las giras, sí hay una implicación general de que debe contenerse el gasto en cuanto giras, pero no aquellas que sean indispensables para que el estudiantado pueda cumplir con sus obligaciones académicas, como en biología, agronomía, zootecnia y otras en las que se mantiene el presupuesto en giras.

La Universidad se ha visto envuelta en polémica con respecto al uso del superávit, ¿cómo explica estos montos?

-La Universidad de Costa Rica tiene una ejecución institucional que anda alrededor del 94%-95% de su presupuesto. Esa es una ejecución muy alta y, es más, serán muy pocas las instituciones públicas que tengan una ejecución presupuestaria tan alta.

Cuando hay un porcentaje de ese presupuesto que no se ejecuta, entonces se considera superávit. A lo largo de los años se ha hecho una diferenciación entre el superávit libre y comprometido. La Contraloría eliminó esa distinción, ahora todo es superávit libre, pero hay una parte que está comprometida. Por ejemplo, nosotros ya empezamos a construir el edificio del ciclotrón, eso va a tardar dos años en estar finalizado y el costo es más o menos unos $11 millones. Mientras no se ejecute todo entonces será un superávit, pero resulta que tenemos un contrato que deriva de una licitación, entonces ese superávit está comprometido, porque tenemos que pagar la obra.

¿De qué forma van a responder a la comisión que estudiará el FEES en la Asamblea Legislativa?

-Sobre esto se creará una estrategia y se conformará un equipo de personas que preparen la información que se nos solicite, aunque para iniciar ese proceso se requiere primero conocer la agenda de la comisión.

Considero que la evaluación de una institución académica debe responder a modelos académicos y no a modelos políticos, como lo hace la Asamblea.

Además, quiero expresar mi inconformidad con que a la Asamblea se atribuya la evaluación de las instituciones obviando el papel de la ley como en el caso del Sinaes y el ente costarricense de acreditación. Es una instancia meramente política.


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