Las autoridades de la Universidad de Costa Rica adelantaron a finales junio el barrido presupuestario para cumplir con los aportes acordados con el Gobierno para la atención de la crisis por la pandemia.
Las universidades públicas acordaron el 22 de mayo un aporte de ¢9.800 millones, de los cuales ¢3.700 le corresponden a la UCR, y el 10 de junio sumaron un aporte adicional de ¢3.200 millones para una suma de ¢13 mil millones.
El barrido, normalmente previsto para finales de agosto o principios de setiembre, se ejecutó sin previo aviso a las personas decanas y directoras de unidades académicas y centros de investigación.
“A todo el mundo le tomó por sorpresa. Algunos colegas estaban revisando el presupuesto y vieron cómo de repente desaparecen los montos, nos enteramos por eso”, recordó Daniel Briceño, director de la Escuela de Biología.
Las jefaturas administrativas le llaman barrido presupuestario a la recolección de los montos subejecutados en las partidas de todos los órganos de la Universidad. La jefa de la Oficina de Planificación Universitaria, Carolina Calderón, aclaró que en junio se barrio solamente con las partidas operativas.
El vicerrector de Administración, José Francisco Aguilar, dijo que la Universidad tenía un monto urgente con el Gobierno al que tenían que responder y por eso se adelantó el barrido un mes, pero la premura y los compromisos que tenía el rector Carlos Araya con la Asamblea Legislativa les impidieron comunicarlo a toda la comunidad.
“Se anunció una semana después pero los jefes administrativos fueron notificados antes de la ejecución” agregó Aguilar.
Los gastos operativos “barridos” involucran gastos de viáticos, mobiliario, adquisición de libros, papelería, limpieza, mantenimiento, actividades de capacitación, equipos, transporte al exterior, entre otros que la administración valoró no eran urgentes en el contexto actual de la Universidad.
“La institución no puede prescindir de ningún presupuesto, todo está debidamente justificado, pero priorizamos las becas y otras actividades pilares en la Universidad. Los gastos de operación son elementos que podemos suspender y no implican compromisos en el plan anual operativo” explicó Aguilar.
Transparencia
El director de la Escuela de Matemática, William Ugalde, dijo entender la responsabilidad que tiene la Universidad con los recursos públicos pero lamentó que las autoridades no manejan las decisiones alrededor del presupuesto con mayor transparencia.
“Si la Universidad necesita darle ¢10 mil al Estado y le quita a mi unidad un colón me gustaría saber como ese colón suma al monto, porque a mí me parece que hay otras partidas que pudieron tener más impacto” dijo Ugalde.
La Escuela de Matemática aportó alrededor de ¢8 millones en el barrido que iba a destinar para la compra de equipo de cómputo para atender el teletrabajo de docentes y administrativos.
“Parece poco pero era todo lo que teníamos para comprar, era algo que la Escuela necesitaba. A mí lo que me gustaría es entender la decisión: cuánto le quitaron a cada quién y a quién no le quitaron y porqué. Como no avisaron, se sintió como si nos metieran la mano en la bolsa” mencionó Ugalde.
El vicerrector por su parte defendió la medida ya que “es preferible una computadora o un edificio para el otro año y no este, porque aún no se puede ejecutar, que reducir elementos de prioridad para la institución”.
Leonardo Castellón, director de la Escuela de Administración, y Olger Arias, director de la Escuela de Artes Plásticas, dijeron que sus afectaciones fueron menores porque sus presupuestos son más pequeños y los ejecutan más rápido.
“Nosotros somos una escuela pobre y como nos dan poco también nos quitan poco”, dijo Arias.
Castellón coincidió con Ugalde en que lo que le interesa es que le expliquen la decisión presupuestaria: qué está pasando, con qué criterios y propósitos; ya que “así si me bajan en partidas equivocadas hasta uno puede avisar e incluso sugerir en dónde pueden hacerlo”.
Isabel Avendaño, decana de Ciencias Sociales, Esteban Avendaño, director del Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales (Cicima) y Minor Agüero, jefe administrativo de la Escuela de Estudios Generales dijeron que el barrido les afectó el presupuesto disponible para insumos sanitarios para adecuar los espacios a la presencialidad, por lo que tuvieron que realizar ajustes presupuestarios y solicitar devoluciones a las autoridades universitarias.
“Actualmente se tiene un aforo del 15% en el edificio, estábamos preparándonos para un posible aumento con rotulación, basureros, dispensadores, papel y alcohol en gel. Aunque no tenemos mucho presupuesto fue ahí donde impactó más”, dijo Avendaño.
El edificio de Ciencias Sociales, previo a la pandemia, gastaba alrededor de ¢1 millón mensuales en papel higiénico para suministrar 56 servicios sanitarios.
