A menos de dos meses para que la Ley Marco de Empleo Público (10.159) entre en vigencia, las universidades públicas dan los pasos finales en su preparación para lo que esta pueda implicar: “Nosotros no estamos sujetos al Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) ni al Servicio Civil”, afirmó el presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Emmanuel González.
“Ya nosotros habíamos tomado una decisión, donde efectivamente nosotros no hacemos diferencias entre sectores. El sistema universitario es un único sistema y la organización es un único sistema. Tanto los administrativos como los académicos son una sola unidad que funciona para obtener objetivos y posiciones comunes”, comentó González a UNIVERSIDAD, en referencia a que no hay trabajadores universitarios que no respondan a labores “exclusivas y excluyentes” y, por tanto, todos quedarían fuera de la dirección del Mideplan.
“Es completamente inconstitucional que las universidades paguen el salario de trabajadores a los cuales no administra y sobre los cuales el poder político del momento pueda tener injerencia”, Álvaro Madrigal, secretario general del Situn.
Así lo entienden también desde el movimiento sindical universitario, donde confían en que la ley no vaya a afectar a los trabajadores:
“Hay un acuerdo previo de Conare, de definir que, en una u otra medida, todos los trabajadores universitarios son parte de la actividad sustantiva y, por lo tanto, hacen acciones exclusivas y excluyentes. Algo similar tal vez a lo que acaba de definir la Corte Plena del Poder Judicial con sus trabajadores”, indicó Álvaro Madrigal, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (Situn).
Madrigal aseguró que, en conjunto con la Rectoría de la Universidad Nacional (UNA), se tomó un acuerdo para proteger a los empleados de esa casa de enseñanza: “Comprometimos a la Administración a hacer todas las acciones administrativas, legales, constitucionales, etc., que sean necesarias para proteger la integridad de los trabajadores”.
El dirigente del Situn agregó que “es completamente inconstitucional que las universidades paguen el salario de trabajadores a los cuales no administra” y sobre los cuáles el Ejecutivo de turno tendría injerencia: “Es impensable que eso lo vayamos a permitir”.
En la Universidad de Costa Rica (UCR), por ejemplo, el Consejo Universitario (CU) y la Administración se encuentran trabajando para fundamentar y justificar cada puesto de la Universidad dentro del quehacer de la institución:
“Vamos a tratar de que las justificaciones que vamos a dar en cada uno de los cargos y de los puestos nos permitan fundamentar que todas las personas que trabajan en la Universidad forman parte de las actividades sustantivas; esa es la aspiración que estamos tratando de construir porque sí queremos hacerlo en una forma muy responsable y poder lograr que todos los puestos queden claramente fundamentados. Ahora, no descartamos que tengamos que incluir alguna posición diferente para algún cargo particular”, afirmó a este Semanario la directora del CU, Carmela Velásquez.
Incertidumbre por falta de reglamento
La directora del CU de la UCR manifestó que probablemente la justificación de todos los puestos de trabajo no esté preparada antes de la entrada en vigor de la ley, puesto que requieren el reglamento de esta para finalizar el trabajo de forma apropiada: “Creemos que ese reglamento nos va a terminar de dar algunas luces con respecto a esa fundamentación”.
La académica explicó que el reglamento es necesario porque la ley tiene “algunas ambigüedades”, lo que impide finalizar la labor de justificación de los puestos: “Nos hubiera gustado que ese reglamento estuviera antes para poder terminar el trabajo con una claridad, en donde nos estamos moviendo, pero en realidad estamos esperando a que Mideplan emita ese reglamento. Definitivamente, el reglamento nos ayudaría mucho, porque esta ley de todos modos es bastante confusa en algunos casos”.
Por su parte, el presidente del Conare también hizo hincapié en la falta de reglamentación, a la vez que recordó que las universidades públicas están trabajando en su propio régimen de empleo universitario, en el marco de la autonomía universitaria.
Ese régimen fue anunciado por el Conare en 2021 y se había señalado que el plazo para tenerlo listo sería de un año, no obstante, González indicó que estará finalizado en 2024, puesto que es un “tema complejo” y las casas de enseñanza superior estatal han tenido que enfrentar muchos otros retos, como la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) o la aplicación de la regla fiscal.
También, el dirigente del Situn resaltó que no está claro “si realmente el Mideplan se ha preparado para que entre en vigencia la ley tal cual”, pero que la comunidad universitaria debe unirse ante este reto: “No se trata necesariamente de un tema de recorte al gasto a través de la reducción de salarios, sino que es reducción de la calidad de los servicios que ofrecen las instituciones”.
González, además rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), reiteró este mensaje de unión en defensa de las universidades: “Si ya el asunto es inevitable y no hay diálogo y no hay otras posibilidades, pues haremos lo que hicimos para la negociación del FEES, iremos a las calles. Son principios universales que no vamos a echar por borda”.
De igual forma, Velásquez aseguró que todo el trabajo se está realizando con “enorme responsabilidad”, para que el “interés institucional” prevalezca: “Estamos muy claros que esto genera una preocupación y es muy comprensible y nos solidarizamos con toda la población universitaria”.
En diciembre de 2022, la Contraloría General de la República (CGR) señaló que no hay indicadores que demuestren el avance del Mideplan en la reglamentación de la ley. En ese momento, el ministerio afirmó que el proceso de implementación tiene “grandes avances” y que el cronograma de trabajo se “cumple satisfactoriamente”.
