Las universidades públicas pudieron confirmar este martes el apoyo de diputados en al menos tres fracciones legislativas, durante la audiencia que tuvieron en el Congreso para expresarse sobre el proyecto de ley reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), tramitado bajo el expediente 23.380.
Ese proyecto, presentado por el gobierno de Rodrigo Chaves, tomó forma, entre otros aspectos, a partir de estudios desactualizados, supuestos reclamos de empresas privadas y la omisión de elementos fundamentales, según pudo confirmar UNIVERSIDAD tras una serie de respuestas del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Además, como también ha informado este semanario, la iniciativa ha sido calificada por diversas autoridades de “adefecio”, “inconstitucional”, así como acusada de contener una serie de falacias.
Otra cosa que pudieron confirmar los académicos fue que los mismos argumentos negativos de años atrás los persiguen, como se evidenció a partir de las preguntas de algunos legisladores, que tardaron más en formular sus preguntas que en revisar los datos existentes.
“Lo que hoy tuvimos ahí fue unos diputados que reconocen la importancia de la educación superior para el desarrollo del país y otros que pretenden sostener un proyecto que no se sostiene en ningún sentido”, dijo a UNIVERSIDAD el rector de la Universidad Nacional (UNA), Francisco González, pocos minutos después de haber salido de la casa legislativa.
El tiempo fue protagonista en la sesión de este martes. Convocados a las 4 p.m., los rectores esperaron hasta alrededor de las 6:15 p.m. para que diera inició el intercambio. El espacio se alargó cerca de 1 hora y 40 minutos, finalizando poco antes de las 8 p.m. Eso sí, los periodos de cinco minutos que tenía cada diputado para preguntar y obtener respuestas se quedaron cortos.
Cuando el proyecto fue anunciado en pomposa conferencia de prensa el 5 de octubre de 2022, el presidente Rodrigo Chaves asestó frases como “lo hicimos tomando en cuenta todo el marco constitucional y las autonomías que le otorga la Constitución a las universidades” o “el Ejecutivo no se va a meter en esto”.
Declaraciones que quedan contrastadas con las afirmaciones de los legisladores este martes, como la de Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA): “Es difícil creer que presenten un proyecto de ley tan mal elaborado y tan inconstitucional, tan desconocedor de la institucionalidad de nuestro país”.
Claro que ese mismo día Chaves dijo que en 1981 “yo creo que había una universidad pública o dos si acaso”, cuando la realidad es que ya existían cuatro de las cinco actuales.
Otros diputados, como el liberacionista Geison Valverde hablaron sobre la concentración de poder del Ejecutivo. Por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Leslye Bojorges dijo firme que el proyecto es “total y absolutamente inconstitucional” y que “no se puede politizar el FEES”, lo cual también respaldó luego la diputada Rosaura Méndez, de Liberación Nacional (PLN): “No podemos dejar la toma de decisiones desde lo político”. La verdiblanca Sonia Rojas incluso alcanzó a señalar que “a todas luces podemos ver que es un proyecto que ha nacido muerto”.
“A todos los rectores nos dejó un dulce sabor de boca en términos de que hubo expresiones muy concretas de varias personas diputadas reconociendo la inconstitucionalidad y la falta de claridad y sobretodo lo inoportuno del proyecto”, dijo a este semanario el rector de la UNA.
Un “dulce sabor” que no pudo ser amargado por los comentarios de otras fracciones, que reproducen viejas falacias, exponiendo su propia falta de conocimiento:
“Siguen prevaleciendo argumentos que ya uno los ve como trillados. Uno escucha los mismos argumentos, que las universidades no tienen carreras que respondan a la demanda laboral; los datos son otros. Son afirmaciones extremistas. Una insistencia de separarnos a través del tema de la distribución del FEES y que no gastamos lo suficiente en becas o en salarios o que no tenemos presencia regional. Son cinco puntos que no son válidos en la extremidad que lo plantean”, agregó González.
De la fracción oficialista, el diputado Manuel Morales apuntó a que había que cerrar carreras, como la de Ingeniería Forestal, porque “no hay mercado”. Los últimos estudios del Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP) indican que los graduados de universidades estatales tienen una empleabilidad de 94,6%, lo cual significa que el desempleo de estos egresados es de 5,4%; muy por debajo del porcentaje nacional de 11,8%, en el momento del estudio, que fue publicado en 2021.
También de Progreso Social Democrático (PPSD), Jorge Rojas realizó un extenso análisis sobre sobre la asignación de recursos al MEP y a las universidades, expresando que había una compresión hacia el presupuesto del MEP, porque “el FEES es fijo” y señalando que “el FEES se lleva” un 28% de los recursos del MEP: “No sé si esa información es correcta, pero bueno”, agregó después. Los rectores le indicaron que, en realidad, la proporción que se asigna a las universidades nunca ha superado el 20% del total en Educación.
Todo ese análisis de Rojas fue para introducir otra pregunta, interesado por conocer que acciones pueden realizarse desde las universidades para ayudar al MEP: “No en un tema de que más plata o menos plata. Qué podemos hacer, porque efectivamente nosotros necesitamos que el MEP sea más competente; si es que necesita más dinero o qué”.
Por su parte, la diputada Johana Obando del Partido Liberal Progresista (PLP) preguntó una y otra vez sobre las metas de la educación superior y su relación con el Plan Nacional de Desarrollo, como jugando tenis contra una pared. Entre esto, otras consultas sobre el giro de los fondos a las universidades y las respuestas de los rectores, la legisladora agotó su tiempo.
De la fracción de Nueva República (PNR) participó Fabricio Alvarado, que se interesó puntualmente en la accesibilidad de grupos vulnerables a las universidades, becas en zonas costeras y empleabilidad. Los rectores detallaron las acciones de cada universidad en esos sentidos.
Mientras todo tuvo ocasión, tras los rectores se encontraban varios estudiantes universitarios, con carteles y cánticos de defensa a la educación superior: “La U no se vende, la U se defiende”, coreaban fuera de la sala, pero dentro del edificio y con el saludo de los legisladores, a diferencia de otras ocasiones de antaño, cuando la única atención recibida era la dada por los cuerpos de seguridad.
A la postre, el rector de la UNA menciona que las universidades salen “fortalecidas”, dando muestras de su unidad: “No somos universidades que estamos en competencia, sino que nos complementamos, pero pareciera que el argumento es pretender que estemos en competencia; que unas hacen unas cosas mejor que las otras y no es así”.
Los rectores pidieron el archivo del proyecto y se encontraron con dos realidades. Por un lado, un acuerpamiento legislativo a su causa; algo que tanto les ha costado obtener en los últimos años, especialmente en relación con la regla fiscal y Empleo Público. Por el otro, vieron que los fantasmas de esos tiempos siguen asustando, pese a los esfuerzos que han hecho por mostrar que son de ficción.
