Desde hace décadas el pueblo indígena Térraba ha tenido que vivir en un ambiente de presión y violencia debido a la incertidumbre e inequidad que genera la repartición, invasión y venta de sus territorios ancestrales entre personas “no-indígenas”.
La comunidad Brörán es víctima de violencia y conflictos armados como resultado de sus luchas por recuperar el derecho a vivir y poseer las tierras que legalmente les corresponden como comunidad indígena.
Por esta razón, el Consejo de Mayores Bröran impuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para que se realizara una sistematización de sus pobladores que permitiera reconocer a las personas que pertenecen a la nación Térraba por nacimiento y que, por esa razón, tienen derechos legales de decidir sobre el territorio indígena.
La preocupación de los nativos tiene origen en la conformación de la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI), una instancia de organización de territorios indígenas que fue impuesta a estas poblaciones por el Estado costarricense.
Según los mayores Térraba, muchos de los integrantes de la ADI son personas “no-indígenas” y que, sin embargo, tienen a su cargo la gestión de tierras que no les pertenecen.
Ante esta preocupación, la Sala Constitucional acogió el recurso de amparo y le solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) elaborar una base de datos que agrupara a todas las personas indígenas de Térraba con derecho de formar parte de la Asociación de Desarrollo Integral.
La decisión de la Sala contó entonces con el apoyo de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) y la Defensoría de los Habitantes.
Se le asignó la tarea a Rodolfo Villalobos, que en ese momento era jefe del área de Oficinas Regionales del Tribunal Supremo de Elecciones, quien tardó aproximadamente dos años en concluir la investigación.
La lista toma como punto de partida las doce familias que habitaban Térraba hace 200 años.
Luego de entrevistar a todos los mayores de 60 años de la comunidad Bröran, Villalobos comenzó a verificar en el Registro Civil a todos los descendientes de estas doce familias que los mayores Bröran reconocen como ancestros de la comunidad.
La principal característica que la comunidad pidió tomar en cuenta para determinar si una persona es o no Bröran, es el hecho de que sea hijo de un miembro de esta etnia, sin importar si es su padre o su madre el que la integra.
La lista cuenta con más de 5.000 personas que forman parte del grupo de indígenas Térraba. Sin embargo, el pertenecer a este padrón no significa que la persona tenga derecho de decidir sobre el uso de la tierra de la zona.
El Consejo de Mayores Bröran, gobierno que la comunidad reconoce como legítimo, determinó que, para disponer de las tierras indígenas, las personas del padrón deben habitar y convivir en Térraba por un mínimo de 10 años.
A partir de la lista original realizada por Villalobos, Acueductos y Alcantarillados (AyA) realizó un censo para identificar a quienes viven dentro de los límites de Térraba.
Actualmente son alrededor de 500 personas las que forman parte del padrón y además conviven dentro del territorio como miembros de la comunidad Bröran.
Las demás personas del padrón están distribuidas tanto en el resto del país como en el extranjero, por lo que no pueden tomar decisiones que afecten a la comunidad.
Los mayores enviaron además una carta al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) solicitando un refuerzo para garantizar la legitimidad del padrón elaborado por el TSE.
Denia Román, Marcos Guevara y María Eugenia Bozzoli, representantes de la Escuela de Antropología en el Consejo Universitario, se reunieron junto con la vicerrectora de Acción Social en Térraba, donde les solicitaron realizar un peritaje de reconfirmación del padrón realizado por el TSE.
“Hablando con don Rodolfo me di cuenta de que es un trabajo inédito en Costa Rica y muy probablemente en todo Centroamérica. Cuidado no en toda América Latina”, destaca Román.
“Si antes nadie quería ser indígena ahora todo el mundo quiere”.
Para Román, el auge en la autoidentificación como indígena surge ante los derechos de diferenciación étnica que garantiza el Estado para resguardar a comunidades vulnerables.
En el caso de Térraba esta “discriminación positiva” se ve directamente relacionada a la posesión de tierras que el gobierno debería garantizarle a la comunidad indígena. Sin embargo, el Estado también otorga beneficios financieros como becas de estudio a los miembros de comunidades en vulnerabilidad.
Para Román, lo más grave de este conflicto es la pérdida de la autonomía indígena, pues son personas “no-indígenas” quienes están tomando las decisiones por el pueblo Bröran.
La antropóloga resalta que desde la Escuela de Antropología se piensa iniciar el próximo año con una sistematización de la experiencia del Tribunal para proponer que este trabajo se realice también en los otros territorios indígenas del país.
Actualmente, la base de datos realizada por Rodolfo Villalobos se encuentra resguardada por el Tribunal Supremo de Elecciones.
Su propuesta es que una vez digitalizada la base de datos, el Registro Civil marque con un código a los integrantes del padrón para que a futuro la lista pueda actualizarse de manera automática cada vez que nazca un nuevo térraba.
Villalobos también propone que, cuando las ocho etnias de Costa Rica formen parte de la base de datos del TSE, la cédula de identidad contenga un indicador de etnia para certificar la pertenencia a una comunidad indígena.
Para Guillermo Rivera, coordinador del Consejo de Mayores, el principal objetivo de la comunidad con esta base de datos es determinar quiénes pueden tomar decisiones sobre la repartición y el uso de las tierras de la comunidad.
Según Pablo Sibas, mayor de Térraba, la ADI se niega a validar la base de datos desarrollada por el TSE.
A los líderes térraba les preocupa que los actuales miembros de la ADI no trabajen por el fortalecimiento, la permanencia y la continuidad de la cultura Térraba y que en cambio sean los Bröran quienes deban adoptar las costumbres de los “no-indígenas” dominantes en el país.
A Otilia Gómez, miembro de 84 años del Consejo de Mayores, le inquieta que sus nietos no puedan resguardarse en las tierras en que vivieron todos sus antepasados, en el lugar donde vivió su madre y su abuela y donde ella misma aprendió a convivir con la naturaleza.
“Tendremos que morir luchando, porque no podemos aflojar”, incita Gómez a la comunidad indígena.
