Un nuevo cisma surgió esta semana entre la Administración y el Sindicato de Empleados (Sindeu) de la Universidad de Costa Rica (UCR) en la construcción de una nueva Convención Colectiva, ante la negativa de la Rectoría de girar una tercera prórroga al documento vencido y extender así las negociaciones más allá de diciembre.
Al respecto, el vicerrector de Administración, Carlos Araya, indicó a UNIVERSIDAD que la posición de la administración será mantener las puertas abiertas para negociar en las próximas semanas, aunque afirmó que no se plantea extender las negociaciones, pues el tiempo ha sido “suficiente”, pero no precisamente aprovechado por el Sindicato.
En esta línea, Araya comentó que el Sindicato ha frenado el proceso y que no ha tenido la mejor disposición en el campo, algo que la agrupación gremial negó rotundamente al señalar que más bien ha sido la Administración la que ha suspendido sesiones y ha demostrado inexperiencia en este tipo de temas.
En este ambiente convulso, Araya señala que el tiempo ha sido “suficiente”, pero el Sindeu más bien tacha de “autoritaria” y “antisindical” la visión de la administración.
La actual convención colectiva fue denunciada el 2 de noviembre pasado por la Administración, momento desde el que estallaron los desencuentros entre la Rectoría y el Sindicato por distintos motivos.
Entre ellos, el Sindicato había mostrado su inconformidad, pues no había sido notificado de la posición administrativa antes de la denuncia; la cual -finalmente- le obligó a replicar el procedimiento e iniciar las negociaciones.
A partir de ese momento, el Sindeu solicitó dos prórrogas para la convención colectiva en vencimiento, que caducó el 2 de marzo, pero fue ampliada por seis meses primero y por otros tres meses después.
Por el momento, la negociación actual ha permitido la revisión de 49 artículos, según la Rectoría, de los que 10 son nuevos y se sumarán a los aproximadamente 90 finales.
De cualquier manera, la estrategia de negociación utilizada no ha permitido el estudio de los puntos en los que existe una mayor discrepancia, los cuales fueron dejados para una última instancia y ahora son los que restan para ser analizados en menos de un mes (hasta el 2 de diciembre, cuando vence nuevamente la Convención).
Entre estos temas, destacan las anualidades, la fórmula de cálculo salarial, las jornadas, las vacaciones y las plazas de contratación laboral, así como los espacios de Salud Ocupacional, la ubicación de la Junta de Relaciones Laborales y los estatutos de actividad gremial, incluidos los tiempos sindicales.
Ante esta situación, el Sindicato solicitó a la Rectoría una tercera prórroga de la convención vencida; sin embargo, como respuesta, llegó el conflicto de posiciones.
Como medida de presión, la agrupación laboral decidió suspender su participación en la sesión de negociaciones del martes, una retirada que ahora analizarán en Asamblea este 14 de octubre.
“Nos preocupan las declaraciones de don Carlos (vicerrector), pues sentimos que se faltó a la ética, a la transparencia y al acuerdo de que ninguna de las partes se iba a atacar”, explicó Rosmery Gómez, secretaria general del Sindeu.
Carlos Araya, vicerrector de Administración:
“Queremos negociar, pero podemos resolver de manera unilateral”
El vicerrector de Administración, Carlos Araya, principal representante de Rectoría en la Comisión Negociadora de la nueva convención, subrayó que las 44 sesiones desarrolladas hasta el momento -y más de 50 que habrán transcurrido para diciembre próximo- le parecen suficientes para concluir el debate, lo que hace imposible que se giren prórrogas de manera indiscriminada.
Esta es una posición que ya había manifestado en agosto pasado, cuando se giró la última extensión y subrayó que la convención no es algo que se pueda seguir “negociando eternamente”.
No obstante, recordó que aún queda poco menos de un mes de negociaciones y que la respuesta será un llamado al Sindicato para que acelere las negociaciones, de modo que se agilice la toma de decisiones y se gestionen mejor sus intervenciones.
En esta línea, reiteró que “si hay que sentarse a negociar todos los días, todos los días lo haremos”, pues “si hubiese voluntad (sindical), nosotros la voluntad la tenemos”.
No obstante, también señaló que la Rectoría tendría la potestad de reglamentar acuerdos que no logren alcanzarse, pues “si algo no queda plasmado antes del 2 de diciembre, entonces tendremos que normarlo de manera unilateral”.
En este caso, señaló, todos los beneficios no negociados quedarían como los indicados como en la propuesta de nueva convención hecha por la Administración con la denuncia del antiguo documento, y que -de quedar algún punto importante por fuera- buscarían normarlo por reglamento.
“Ninguno de los beneficios actuales, ni propuesto va a quedar excluido. Sea por convención o sea por reglamento, van a seguir vigentes a partir del 2 de diciembre”, manifestó.
Por el momento, restan los puntos de mayor desencuentro.
La idea principal de la Administración es frenar lo que considera son prácticas nocivas por parte del Sindeu, tales como “un uso excesivo de la palabra” y la intervención de “personas externas a la Universidad”, dentro de sus cinco representantes en el espacio.
Rosmery Gómez, secretaria general del Sindeu:
“Nosotros vamos a seguir luchando por la prórroga”
Ante la posición de la Administración universitaria, la secretaria general de Sindeu, Rosmery Gómez, afirmó que desde la agrupación “se seguirá luchando por una prórroga”, pues las negociaciones como tales empezaron hasta inicios de este año y -desde el punto de vista sindical- la mejor opción sería negociar en un ambiente más distendido.
“Ya nosotros creamos nuestros mecanismos, lo tiene que saber la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y todos los organismos referentes a sindicatos, por lo que ya se va a pronunciar el Movimiento Sindical (Busco)”, señaló.
Además, reafirmó su intención de no apresurar las negociaciones, algo a lo que atribuyó gran parte de la molestia de los altos mandos universitarios, pues su actitud ha sido principalmente impositiva.
“El Sindicato no puede ir muy rápido con sus decisiones porque aquí hay una obviedad: no pensamos igual que el patrono, entonces tenemos que argumentar lo que se está defendiendo”, explicó. “Por ejemplo, ahora vamos con nuestros datos actuariales para plantear la contrapropuesta a los datos de la Universidad”, subrayó.
Además, enfatizó en que “normar con reglamentos” sería muy peligroso porque pueden modificarse los marcos según los intereses de cada nueva administración, algo que -precisamente- es el objetivo de tener una convención como instrumento de rango jurídico superior.
Por último, descartó que exista cualquier tipo de intransigencia por parte del Sindicato en las negociaciones que se han desarrollado, pues de ser eso cierto “no tendríamos los acuerdos a los que hemos llegado”.
Así mismo, hizo énfasis en que las “personas externas” a las que hace referencia la Administración universitaria han sido especialistas en campos específicos, tales como el abogado Manuel Hernández y el sociólogo Jorge Coronado. Aún así, recordó, ambos son graduados del centro universitario.
Como punto final, comentó que esperan poder continuar negociando de la mejor manera posible para lograr acuerdos todo el tiempo que sea posible, algo que ya ha permitido “disputas fuertes”, pero “acuerdos” importantes para el documento final.
