El trabajo consultó a productores y potenciales compradores de Tierra Blanca, Santa Rosa, Pacayas, Capellades y Cervantes de Cartago.
Instalar una subasta hortícola en Cartago permitiría beneficiar al menos a 580 agricultores y 228 compradores mayoristas, según dio a conocer un grupo de investigadores de la Universidad de Costa Rica (UCR).
La conclusión fue parte de un estudio realizado por el Centro de Investigación en Economía Agrícola y Desarrollo Agroempresarial (Cieda), ente que estimó que el proyecto permitiría transar unas 53.000 toneladas de hortalizas (con un valor de ₡17.200 millones) solo en el primer año de actividad.
Según comentó a UNIVERSIDAD el coordinador del proyecto, Gerardo Cortés, el trabajo surgió a partir de la inquietud de los propios productores cartagineses, quienes externaron ciertas disconformidades ante las condiciones actuales del mercado local.
Según Cortés, los agricultores, “aquejados por la falta de transparencia en sus negocios con los comerciantes e intermediarios”, solicitaron financiar un estudio al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que fue encargado al centro universitario y fue financiado con fondos de Banca para el Desarrollo.
Además, el proyecto contó con contrapartidas de la UCR y de la iglesia Católica, organismos que aportaron recursos para analizar opciones de “mercado alternativos” como el caso de la subasta, que -finalmente- terminó plasmada en la propuesta.
Según Cortés, esta propuesta cumple con las dos “condiciones básicas” establecidas por los productores, quienes estaban principalmente preocupados por cuestiones como referentes a la transparencia para la fijación de los precios y la inmediatez en el pago por los productos.
“Ellos pedían que se cumplieran dos condiciones básicas: que existiera transparencia en la negociación para que el precio fuera cierto y conocido, y que -una vez generado ese precio- la transacción se pagara de manera inmediata”, explicó Cortés.
“Con la subasta, el comprador tiene acceso a una mercadería bajo ciertas condiciones de calidad y, si decide comprarla, el mecanismo de precio es transparente en el momento, se guía por la oferta y la demanda, y el comercializador debe proceder a pagar por la mercadería al instante”, destacó.
En total, el proyecto fue realizado gracias a una inversión cercana a los ₡120 millones, en la que también se contabilizaron los aportes de la UCR y de la iglesia Católica.
Precisamente, la Iglesia sirvió para conectar a la academia con los productores, pertenecientes a las regiones de Tierra Blanca, Santa Rosa, Pacayas, Capellades y Cervantes.
“Paralelamente, los agricultores quisieron que la iglesia Católica -a través de la Pastoral de la Tierra de la Diócesis de Cartago- fuera parte del estudio, porque para ellos era muy importante la religión”, explicó Cortés.
“Ellos querían que la Iglesia cumpliera un papel garante del trabajo, lo que además facilitó que brindaran la información necesaria y adecuada para realizar el estudio”, detalló el funcionario.
Entre esta información, el estudio contempló datos como los tipos de mercados que se exploran en la actualidad cartaginesa, así como los mecanismos de negociación que utilizan los agricultores, sus estilos de cobro y las normas de calidad que utilizan.
Estudio pionero
Según explicó Cortés a este medio, los sistemas de subasta son bastante comunes en el mercado europeo, principalmente en países como España, Bélgica y Holanda.
No obstante, el experto también reconoció que esta es una de las primeras aproximaciones al tema en Costa Rica, lo que supone toda una innovación en el contexto nacional.
“Definitivamente, el proyecto podría marcar un antes y un después en la comercialización agrícola costarricense, en eso estamos clarísimos y creo que si existiera la voluntad política para encaminar este tipo de proyectos, podríamos marcar una diferencia”, reconoció.
Para Cortés, esto se da principalmente porque se trata de un sistema que necesita poco más que una sala para las subastas, pero capaz de ofrecer una pequeña solución alternativa para el sector agrícola costarricense.
“Es un mercado que no solamente permite que los compradores y los vendedores se encuentren, sino que lo hagan en medio de una serie de servicios adicionales como servicios bancarios, pólizas de seguros, alimentación, servicios de asistencia técnica, acompañamiento, transporte y red de frío”, destacó el académico.
“Entonces, pudimos proponer un mercado que cumpla con las expectativas de solución de los problemas de los agricultores, al tiempo que sea capaz de atraer a los compradores, que son un punto fundamental para este tipo de trabajos”.
En el caso de la subasta en Cartago, el estudio además recomendó la creación de una cooperativa administradora, que generaría 26 plazas de empleo y podría ubicarse en La Lima de Cartago, según las indicaciones del documento.
Participación clave
Sobre la viabilidad del proyecto, Cortés fue claro al señalar el punto clave para que sea posible el éxito de la iniciativa: la participación.
Para el especialista, es imprescindible que -en una posible ejecución- se reflejen los hallazgos del estudio, en los que un 90% de los productores encuestados dijeron que participarían de la iniciativa, aunados a un 50% de los potenciales compradores.
Esto, alentaría la sostenibilidad del proyecto, que serviría como una opción adicional para los más de 5.000 productores agrícolas cartagineses, que actualmente se desarrollan en centrales de abasto, ferias del agricultor, cooperativas y otros modelos del mismo tipo.
Al respecto, Cortés fue enfático en recalcar que la propuesta se trata de “un modelo complementario” y no de una solución al problema de precios, puesto que hablamos de una temática más compleja, que presenta situaciones de fondo.
“El precio que se genera en el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada) no es un precio cierto por la intermediación, entonces el problema es que ese precio -que podría tener problemas- contamina el resto del mercado nacional, pues se toma como un monto de referencia”, explicó el académico.
No obstante, Cortés también reconoció que esto es parte importante del trabajo de investigación realizado por el Cieda, puesto que permitió obtener datos inéditos sobre la materia en Costa Rica.
En total, en el trabajo participaron un grupo base de 25 personas, entre economistas agrícolas, comunicadores, trabajadores sociales, abogados, arquitectos, ingenieros y demás profesionales universitarios; así como estudiantes y asistentes que elevaron la cifra final a unas 50 personas.
Al respecto, el investigador destacó que el trabajo interdisciplinario fue la base que permitió el desarrollo de un trabajo ordenado, que ahora buscará servir de guía para el contexto agrícola costarricense.
“Definitivamente, la Universidad se vuelve a posicionar como el ente que ayuda a la sociedad a ver la luz, a determinar cuáles son las condiciones y el estado de la cuestión, y cuáles podrían ser posibles vías para solucionar el problema”, señaló Cortés al respecto.
