El pasado 27 de febrero los cinco sindicatos universitarios solicitaron que las casas de enseñanza estatales rechacen la implementación de la Ley Marco de Empleo Público (n. 10.159), la cual entrará en vigencia este próximo 10 de marzo para el sector público descentralizado: la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Poder Judicial, las municipalidades y las universidades.
La solicitud busca que los rectores pronuncien a los trabajadores de las universidades como exclusivos y excluyentes, rechazando así que estos queden segmentados en una administración entre las universidades y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).
“Todas las clases de puestos de las universidades se relacionan intrínsecamente con los servicios que prestan estas instituciones, conforme a la Constitución Política y la Ley, por lo cual, su trabajo resulta exclusivo y excluyente en relación con las personas servidoras de otras entidades públicas”, se lee en el documento.
“El país no está para una prueba y error. El país no está para que vengan a jugar con los salarios de la gente que de por sí han venido siendo precarizados, que de por sí ha venido siendo un tema de discusión por el congelamiento salarial. Exponiendo a gran cantidad a mujeres líderes de hogar, que hoy por hoy tienen su salario congelado y no han podido solventar las necesidades urgentes de sus familias”, Harold Chavarría.
Harold Chavarría, secretario general del Sindicato de la Universidad de Costa Rica (Sindeu), explicó que si bien los sindicatos no están en contra de “ordenar al sector público” con esta legislación, lo que procuran es que el cambio suceda “bajo los parámetros constitucionales y los parámetros legales que existen”.
“Estamos ante una ley que no solo es un tema de transgresión de los derechos laborales como los conocemos, sino de transgresión de la norma y transgresión de las autonomías constitucionales (…) Como unión hemos tratado de hacer conciencia en los rectores sobre acción legal, constitucional y estatutaria. De defender la condición de la autonomía universitaria en todos sus extremos, y no permitir ese tipo de temores y amenazas”, añadió.
Asimismo, Álvaro Madrigal, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN), agregó que la solicitud tiene como objetivo la “defensa efectiva” de la autonomía de las universidades: “Entendemos que esto necesita un posicionamiento real de la universidad pública en esa dirección, esa defensa, lo cual hasta el momento no hemos visto, pero sí creemos que tiene que llegar el momento en que realmente digamos hasta aquí la intromisión del Poder Ejecutivo y Legislativo en el tema de autonomía universitaria”.
A pesar de que aún no hay una respuesta por parte de las universidades a este pronunciamiento sindical, el presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Emmanuel González, había señalado a este Semanario que las casas de enseñanza superior no estaban sujetas al Mideplan ni al Servicio Civil, en cuanto a que el sistema universitario no hace diferencia entre sectores, y todas las labores de sus trabajadores son “exclusivas y excluyentes”.
La propuesta de los sindicatos fue firmada por la Asociación de Funcionarios del TEC (Afitec), la Unión de Empleados de la Universidad Estatal a Distancia (UNE-UNED) y la Unión de trabajadores de la Universidad Técnica Nacional (UTRAUTN), así como el Sindeu y el Situn.
Según estas organizaciones, la Ley de Empleo Público representa un “retroceso ante los derechos laborales de la clase trabajadora costarricense”, así como una “profunda y regresiva reforma inconsulta del Estado costarricense orientada a afectar los servicios públicos universales y al costo, precarizando los mismos, afectando esencialmente la salud y la educación pública”.
Entre otros argumentos, ambos sindicalistas defendieron que existen “suficientes criterios” por parte de la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República (PGR) que rechazan o advierten sobre la implementación de esta ley; los cuales se refieren a que es una legislación con “falencias técnicas” y de “contenido anticonstitucional”.
Implementación de la ley
Una vez que entre a regir, la Ley Marco de Empleo Público pretende sustituir el “salario compuesto”, el cual es el salario base más los incentivos, por un “salario global”. Este cambio implicaría modificaciones en los reclutamientos y procesos de selección, despidos, ascensos, evaluación de desempeño, vacaciones, permisos y demás.
No obstante, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe el pasado 1 de marzo, en donde señala que el Mideplan aún no tiene lista esta escala de salario global. Entre otros hallazgos, el informe señala que no se identificaron avances relativos a la conformación y habilitación de la plataforma integrada de empleo público.
Por otra parte, sobre la ejecución de la ley a cargo del Mideplan, el sindicalista de la UCR fue enfático en que el Ministerio no debe generar cambios durante la aplicación de la misma; sino que debe establecer los parámetros legales respectivos antes de que entre en vigencia.
“El país no está para una prueba y error. El país no está para que vengan a jugar con los salarios de la gente que de por sí han venido siendo precarizados, que de por sí ha venido siendo un tema de discusión por el congelamiento salarial. Exponiendo en gran cantidad a mujeres líderes de hogar, que hoy por hoy tienen su salario congelado y no han podido solventar las necesidades urgentes de sus familias (…) Un error de esos va a significar el despido de cientos de trabajadores por antojadizas que sean las decisiones de algunos de sus jerarcas, y van a dejar a familias sin comer”, finalizó.
