Para José Antonio Cordero, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR), “sería un error” que las universidades públicas presionen al Gobierno para que incremente su aporte del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el año 2018.
Para el economista, la negociación fue positiva tomando en cuenta las condiciones económicas actuales de la nación, a pesar de que distintos sectores estudiantiles y sindicales han reprobado el incremento de un 3,7% pactado por el Gobierno y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) el martes pasado.
Según Cordero, las cinco universidades públicas incluso “tuvieron suerte” con el monto propuesto, especialmente si se contemplan la crisis de liquidez reconocida por el Gobierno en agosto pasado y la muy difícil situación financiera del país, marcada por un déficit fiscal que alcanzó el 5,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2016 y que apunta al 6,1% este año.
“A mí me parece que esto hace una diferencia importante”, señaló Cordero en entrevista con UNIVERSIDAD. “Creo que simplemente hay que hacer lo mejor que se pueda con esa cantidad y ser lo más conscientes que se pueda con el gasto”, subrayó.
Además, el economista afirmó que sería un error exigir mayores aportes al Estado porque dicha acción incidiría indirectamente contra programas sociales del país, especialmente contra aquellos destinados a las poblaciones con mayores necesidades.
“En esas condiciones, yo pienso que estamos en una posición muy preferible en comparación con otras porciones de población”, destacó Cordero. “Yo creo que no habría ninguna razón por la que nosotros tuviéramos más derecho del apoyo estatal que los programas sociales, que son fundamentales para gente que no tiene otra alternativa”, puntualizó.
Por último, el especialista también destacó que sería una equivocación que las universidades estatales se abstraigan de la situación fiscal del país y miren sólo por sus propios intereses, puesto que -al tratarse de instituciones públicas- no deberían enajenarse del contexto en el que viven.
Al respecto, señaló que las universidades más bien deberían seguir los pasos de “ministerios y otras entidades”, de los cuales “uno esperaría que se están amarrando la faja”.
“No hay ninguna razón por la cual las instituciones del Gobierno estén haciendo procedimientos de racionalidad y afinamiento del gasto, pero las universidades deban quedar afuera”, subrayó.
El Gobierno y CONARE firmaron el martes pasado el Convenio FEES 2018, en el que acordaron un presupuesto para las universidades estatales de casi ₡497,000 millones (más otros 33.853 millones para la UTN).
Esta cifra ha provocado distintas reacciones, puesto que la Comisión de Enlace negociadora la defiende como una medida de contingencia para no debilitar aún más las arcas estatales, mientras que algunos sectores estudiantiles y sindicales la reprueban por no cumplir con el compromiso estatal de garantizar un 1,5% del PIB a la educación superior.
Por el momento, el acuerdo sigue en firme; sin embargo, los actores reconocen que es posible que se trate de un acuerdo inconstitucional por haber alcanzado apenas un 1,38% del PIB proyectado para el año 2018 (0,04 puntos porcentuales inferior a la proporción del 2017).
Esto, según comunicó la FEUCR, será denunciado ante la Sala IV.
En el convenio firmado este martes, las partes acordaron alcanzar el 1,5% del PIB para la educación superior en el año 2020, siempre y cuando la carga tributaria del país haya alcanzado un 16% para ese momento (2 puntos porcentuales mayor a la actual).
