La pobreza y el desempleo que rodean al Golfo de Nicoya son tierra fértil para la pesca ilegal. Esta amenaza hizo que en 2010 en Costa de Pájaros, un pueblo pesquero que forma parte del cantón central de Puntarenas, surgiera una asociación para proteger los recursos marinos y promover la pesca responsable.
La perseverancia de los 116 miembros de la Asociación de Pesqueros en Costa de Pájaros (Asopecopa) logró que Incopesca destinara un área marina de pesca responsable en el 2016 con la que establecieron un plan de manejo, mientras que en el 2018 la Universidad de Costa Rica se acercó a acompañarlos en sus planes de fortalecimiento.
A finales de ese mismo año, la Sede del Pacífico decidió cerrar tres Trabajos Comunales Universitarios. Todos relacionados con comunidades pesqueras y dos que directamente trabajaron con la comunidad de Costa de Pájaros.
Noelia Alfaro tenía un cuarto de tiempo asignado para gestionar un TCU en el que apoyaban comunidades pesqueras como Costa de Pájaros en su comunicación comunitaria, durante apenas su segunda visita tuvieron que avisar que no podían continuar.
“Las comunidades y los estudiantes no recibieron ninguna comunicación oficial de la Universidad; nosotros fuimos tratando de dar las razones aunque tampoco entendíamos muy bien, porque tampoco se nos explicó con claridad”, contó Alfaro.
Jorge Mairena, asociado de la Asopecopa, confirmó no haber recibido ningún comunicado oficial de la Universidad de Costa Rica, a parte de la conversación con Noelia Alfaro, encargada del TCU.
“Nosotros teníamos planificado en el 2019 un proceso más intensivo de clases una o dos veces por semana, y se iba a ligar con el programa de subsidios del Ministerio de Trabajo, quienes ya nos habían dado visto. Pero fue entonces cuando nos comunicó Noelia que no iba a poder continuar”, explicó Mairena.
Actualmente hay una denuncia contra el director de la Sede del Pacífico, Mario Solera, interpuesta por la profesora Isis Campos, quien asegura que el proceso llevado a cabo con el cierre de las Trabajos Comunales Universitarios fue irregular e injustificado.
Solera argumentó que la decisión no fue agradable, pero que era inevitable ante la situación financiera de la Universidad, pues tiene problemas para cubrir las cargas académicas de acción social y docencia.
“Yo no estuve de acuerdo y me costó mucho asimilar la situación, pero no hay cargas. Poco a poco la cantidad de cargas de acción social ha ido disminuyendo y cada vez más proyectos se asumen ad honorem, y con los TCU no se puede hacer eso por reglamento”, agregó María José Quesada, Coordinadora de Acción Social.
Criterios
El Reglamento de Trabajo Comunal Universitario (TCU) indica que los criterios que justifican el cierre de un proyecto son que la persona encargada no pueda continuar con el proyecto y no se le pueda reemplazar, que el proyecto no sea pertinente o que violente normas universitarias.
Mario Solera indicó en acta a la Vicerrectoría de Acción Social que el cierre de los TCU es “por problemas presupuestarios, que actualmente se enfrenta la Sede, ya que para la planilla del III Ciclo 2018 se ha engrosado, teniendo un déficit de 18 tiempos”.
Otro de los argumentos presentados en el acta es que la sede solamente tiene tiempos consolidados en docencia. Más del 60% de las carreras de la Sede del Pacífico son propias, lo que incrementó la población estudiantil.
“La formulación de la carreras se dio en un momento en que se veía que iba a venir una situación difícil pero todavía no era tangible. Probablemente las autoridades en ese entonces dijeron ‘ahí va el crecimiento y se va a poder mantener”, explicó Solera.
Para la matrícula de TCU del I Ciclo lectivo 2018 en la Sede del Pacífico hay 130 estudiantes con los requisitos, pero solo 77 cupos en los cuatro proyectos activos.
En la denuncia presentada por la profesora Isis Campos se argumenta que los proyectos se estaban realizando en el periodo de vigencia, por lo que la justificación del director Mario Solera no calzaba con ninguna de las contempladas por reglamento. Además, se omitió la comunicación oficial de los motivos a los involucrados y no se emitió un plan de contingencia con la comunidad.
“Cuando se crea un TCU, la función de la dirección es ratificar que en efecto se cumple con los requisitos y en ese momento se crea un compromiso con respecto a la jornada, comprometiendo a la Sede a dar el tiempo necesario para ejecutar el trabajo”, explicó Campos.
La Vicerrectora de Acción Social, Marjorie Jiménez, aseguró que en términos administrativos valora que se siguió el procedimiento, pero coincide en que falta que la Sede del Pacífico remita el plan de contingencia con la comunidad que se solicita en el artículo 13 del Reglamento de Trabajo Comunal Universitario.
“Cabe mencionar que se realizó un plan de contingencia coordinado entre la VAS y la Sede para garantizar que la población estudiantil finalizara su TCU en el tiempo establecido”, agregó Jiménez.
Actualmente, la denuncia formal está en Rectoría, en proceso de revisión por asuntos jurídicos, para después pasar a ser analizada por la Comisión Instructora Institucional.
