Secretario SINDEU: Hay demandas millonarias contra UCR

El SINDEU ha interpuesto varias demandas judiciales contra  la Universidad por supuesto atropello a los derechos de los trabajadores y según Minor Solís ello

El SINDEU ha interpuesto varias demandas judiciales contra  la Universidad por supuesto atropello a los derechos de los trabajadores y según Minor Solís ello le cuesta pérdida de prestigio y miles de millones de colones, que paga todo el pueblo.

“La UCR gasta  miles  de millones de colones en asesorías externas, teniendo aquí los mejores especialistas”, dice Minor Solís.

Una serie de demandas  judiciales presentadas contra  la Universidad de Costa Rica (UCR), por parte del Sindicato de Empleados  (SINDEU) al considerar que la administración comete  atropellos contra los empleados, le ha costado cientos de millones a la institución en asesorías externas y  pago de condenas por daños y perjuicios.

Para Minor Solís, Secretario General del SINDEU, esta situación ha desvirtuado la imagen publica de la UCR y pone en entredicho el papel que debe jugar una universidad estatal.

A continuación una síntesis de la conversación con el Secretario General del SINDEU.

¿En qué situación están los reclamos del reajuste salarial del 1.5% que desde años atrás le debe la U a muchos empleados?

-En el caso del 1.5% se encuentra en Sala de Casación, ya que la universidad ha apelado todas las sentencias argumentando que los artículos 6 y 11 de la Convención no tienen vigencia. Sin embargo, los jueces del Tribunal Superior hacen todo un análisis con los votos de la Sala Constitucional, los fallos de convención colectiva, el voto 4453 y luego las adiciones y declaraciones que se presentaron, y determinan que no sólo tienen vigencia, sino que dicen claramente que la universidad ha actuado con mala fe en resguardo de sus intereses financieros y en contra de los funcionarios universitarios al desconocer las normas que ellos mismos han firmado y que tienen rango constitucional protegidos por el artículo 62 de la convención. Por lo cual, la universidad no puede derogar unilateralmente las normas que están pactadas.

¿Tienen ustedes cálculos aproximados de lo que la universidad gasta en la contratación de servicios profesionales externos?

-En este caso no tenemos el monto exacto. Sin embargo, el año pasado en la contratación de servicios o asesorías externas, la universidad gastó más de ¢1.600 millones. Cuestionamos esta situación cuando hemos estado en negociación salarial porque consideramos que ese gasto es excesivo, no hay motivo por el cual se deba pagar esas asesorías externas con dinero del presupuesto de la universidad.

¿Qué papel ha jugado la Contraloría Universitaria en la fiscalización de esos millones y en los egresos que ha tenido que destinar la UCR para pagar los daños y perjuicios por los que ha sido condenada?

-No conozco ningún procedimiento por parte de la Contraloría Universitaria y sus informes son muy escuetos. La contraloría debería ser más contundente en los informes y señalar los errores a la administración. Lo que pasa es que la contraloría se ve como un órgano asesor de la rectoría y el contralor una vez afirmó que los informes de la Contraloría no son vinculantes para la administración.

¿Cuál es la posición del SINDEU y que piensa hacer con respecto al congelamiento de plazas en la UCR?

-Esa es una problemática que venimos trabajando con la asesoría legal nuestra y que incluso lo planteamos en el VI congreso universitario.

Es una vergüenza para la institución que se esté jugando con el arroz y los frijoles de aproximadamente  3.000 funcionarios que están en forma interina, que vienen en tal situación desde hace años y que incluso se han pensionado siendo interinos.

Criticamos el hecho de que las plazas se congelan pero no se sacan de presupuesto, sino que quedan a disposición, en el caso del sector docente, de la Vicerrectoría de Docencia que las maneja a su antojo dando nombramientos por horas y por cuartos de tiempo. El vicerrector de docencia es el que determina en que momento se le acaba el nombramiento a un profesor.

¿Falta diligencia en estos casos?

-Claro que sí, la universidad se está manejando como una pulpería, cada director hace lo que se le venga en gana con el aval de la rectoría.

Usted como secretario general del sindicato ¿considera que en la Universidad de Costa Rica se da la persecución laboral e ideológica?

-Sí. Está el caso de Enrique Chacón que era miembro de la junta directiva central en el período anterior y que fue objeto de una persecución por parte del director de la Oficina de Suministros.

Se pueden enumerar varios casos y sabemos que cuando la rectoría o la administración no quieren a una persona simplemente empiezan a perseguirlo y hacer expediente hasta lograr una justificación de despido con la asesoría de la Oficina Jurídica que es una asesoría nefasta por la cantidad de millones que ha tenido que pagar la institución en los últimos años cuando se ha estado reinstalando trabajadores.

¿Cuáles son los efectos de una demanda ante la OIT(Organización Internacional del Trabajo con sede en Ginebra, Suiza) en el caso del del afectado Chacón?

– En este caso ya es la segunda demanda contra el rector por prácticas laborales desleales. La primera fue cuando estuvimos en sesión permanente por lo del rediseño de Vida Estudiantil, esa denuncia en el ministerio concluyó con la interposición de la demanda por parte del ministerio en los tribunales penales y laborales, en esa demanda le han rechazado al rector todos los recursos que ha planteado

¿Cuáles otros casos de persecución se han presentado?

-Está el caso de Alfredo Mesén, donde la rectoría no había determinado ningún tipo de sanción pero la idea de ellos era sacar al funcionario de la  universidad.

También está el caso de Luis Badilla, que trabajaba en la Oficina de Recursos Humanos y que sufrió una persecución por parte de las jefaturas de dicha oficina donde lo despidieron de una forma  que consideramos incorrecta.

Por otro lado,  el caso de Adonay Arrieta fue una persecución por parte del anterior director de la Oficina Jurídica. Este caso tardó dos años en la Junta de Relaciones Laborales que al final determinó que ninguna de las causales que estaban planteadas ameritaban para un despido, ni siquiera para una sanción.

El caso más reciente es el de Carlos Morales, director del semanario UNIVERSIDAD, allí hubo una violación a los procedimientos de la convención colectiva, al reglamento del régimen disciplinario del personal docente, en este caso derogando por completo el capítulo de la junta de relaciones laborales que está vigente en la convención colectiva. Estamos trabajando en este caso para presentar en los próximos días una demanda ante la OIT.

¿Cómo pretende enfrentar el SINDEU la directriz de no sustituir a la gente que se jubile tanto en lo administrativo como en  investigación?

-Esa circular viene desde el año 96, que fue la primera vez que sacaron el asunto de congelamiento de plazas.

El año pasado tuvimos un paso importante al lograr que la administración descongelara 200 tiempos completos en el sector administrativo.

No puede ser posible que hasta alturas en el 2002, la universidad haya reducido todo el personal y también el número de estudiantes en relación por ejemplo, con los ochenta.

¿Cree usted que se ha perdido el carácter público de la UCR?

-Sí claro,  porque aquí hay muchos docentes que trabajan en universidades privadas y a la UCR apenas vienen a cobrar el salario, los asistentes son los que dan los cursos sin ninguna supervisión.

¿Cree usted que los diferentes gobiernos han incidido para que la UCR deje de crecer?

-Sí. Aparte de las limitaciones presupuestarias que han venido imponiendo los diferentes gobiernos a las universidades, muchos de los que están en puestos de jerarquía son afines a algún partido político y esos partidos demandan directrices que vienen de organismos internacionales.

Las autoridades universitarias deberían mantener su autonomía y dar sus propias directrices pero para nadie es un secreto que Gabriel Macaya desde hace tiempo viene buscando un puesto en la Embajada de Francia.

Por eso es que las autoridades universitarias no sacan ningún pronunciamiento en temas importantes planteados en este momento.

¿Desde esta perspectiva considera usted que se  pronunciará la rectoría en contra de la base militar que va imponer los EE.UU en Costa Rica?

-Si se pronuncia será a favor. Con ese convenio el gobierno le está dando una serie de concesiones a los militares como condición de diplomáticos y los extranjeros que vengan en calidad de estudiantes no tendrán que pagar impuestos.

 

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