Rafael González empezó su trayectoria en la Universidad desde hace 40 años, como asistente de investigación en la Facultad de Derecho. Posteriormente, dio clases, coordinó cátedras y fue decano de esa facultad. También formó parte del Consejo Universitario representando la Federación de Colegios Profesionales y ha trabajado activamente por la reforma integral al estatuto orgánico.
Hoy, ofrece su experiencia para volver a ser parte del Consejo, mientras asegura que su formación de abogado le permite negociar los asuntos, buscar soluciones alternas y llegar a consensos.
Precisamente, González considera que, de quedar electo, se enfocaría en retomar algunas “agendas perdidas” como la mencionada reforma al estatuto pues, el actual, casi llega a cumplir 50 años.
“Necesita a reformarse porque hay pequeños detalles sin los cuales muchos funcionarios y la universidad no van a caminar bien. Por ejemplo, lo que pasó ahora con el señor rector (el nombramiento de la hija en el Centro Infantil Laboratorio): en el estatuto orgánico no hay un procedimiento como el que estamos proponiendo en la reforma integral, que es la revocatoria del mandato del señor rector, porque el señor rector se merece un procedimiento para poder probar lo que le pasó o no le pasó, pero también la comunidad universitaria merece tener la oportunidad de saber que ella tiene en sus manos, la Asamblea Plebiscitaria, de poder revocarle el nombramiento al señor rector”, ejemplificó.
Otras reformas por las que abogó son los reglamentos de acoso sexual y laboral para evitar “entrabamientos innecesarios” a la hora de aplicarlos.
En el ámbito académico y en relación con las exigencias del mercado laboral, González señaló que se debe ser muy cuidadoso para no responder solo a una “globalización desenfrenada”.
Consideró que, si bien se deben tomar en cuenta las necesidades en áreas técnicas o de ingeniería, no se puede dejar de lado la formación de personas en ciencias sociales, “que tengan un necesario conocimiento que los fenómenos sociales. Siempre vamos a necesitar de sociólogos, antropólogos o abogados. El punto importante es formarlos para que sean expertos del área de ciencias sociales pero adaptados a la altura de los tiempos y, sobre todo, yo diría con una visión interdisciplinaria que es el valor agregado más grande que podemos dar”, dijo.
Para lograr llevar la educación superior pública a estudiantes de zonas y condiciones tradicionalmente excluidas, González apuntó a que, desde el Consejo Universitario, se pueden elaborar reglamentos con esa visión. Añadió que se debe contar con un cronograma de visitas a las sedes, a proyectos de investigación y comunidades.
El jurista además estimó que sí es necesario analizar el porcentaje del 5% de las anualidades.
“Hay que hacerlo proporcional, porque no podemos ser tan irracionales de ir contra una realidad, que es una realidad económica, que tiene el país y que puede tener la misma universidad. Entonces yo creo que si bien en aquel momento lo acepté (cuando se adoptó el porcentaje y él era parte del Consejo Universitario), si bien en aquel momento los datos que nos daba la Rectoría y los datos que analizamos con toda la gente que llegó a hablarnos era el sensato, yo creo que ahora se puede rever, y creo que lo propuesto hasta ahora, va en buen camino, dosificando, como se dijo, para llegar a lo que está propuesto en este momento. Creo que eso hay que discutirlo, pero me parece que va bien”, manifestó.
De la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), consideró que lo ideal sería llegar al 1,8% (del PIB) en el 2018 o 2019.
“Yo diría que lo importante aquí es que estar pegados al PIB, nos ha ayudado y no a depender de aspectos financieros o tributarios como antes que podían ser un poco más escabroso, yo diría que ese primer paso que se dio es importante y ahora es seguir la pelea para que no haya reducción del menos del 1,5%”.
