Resolución sobre cesantías genera choque de criterios en UCR

El Sindeu argumenta que su Convención Colectiva está vigente, mientras que la Procuraduría asegura que la nueva ley está sobre acuerdo entre partes.

La Universidad de Costa Rica (UCR) mantiene en reserva 3 de los 15 meses de las cesantías a partir de este 2019 “por razones de conveniencia institucional” y por “motivos de oportunidad”, según una resolución firmada por el rector Henning Jensen, el pasado 15 de marzo.

Esta decisión responde al título 3 y capítulo tercero de la nueva Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Reforma Fiscal) en el que se establece que las cesantías no podrán superar los 8 años y como transitorio se podrán hasta 12 años en las convenciones colectivas vigentes.

“La ley define que la cantidad de años aplica para instituciones autónomas y semiautónomas, pero hay jurisprudencia reiterada por la Sala Constitucional en donde establece que cuando dice autónomas se debe aclarar que debe incluir a las universidades públicas”, explicó Armando Navarro, abogado del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu).

Navarro argumenta que la Convención Colectiva actual entró en vigencia el 6 de junio del año pasado y tiene tres años más por delante, además de que el transitorio no aplica para las universidades.

“Se incluyó en el reglamento que la ley aplicaba para las universidades públicas, pero la jerarquía de las normas es clarísima: las leyes, debajo de eso los reglamentos y decretos, y por debajo de eso las políticas”, agregó Navarro.

El Vicerrector de Administración de la UCR, Carlos Araya, aseguró que la universidad mantiene su posición y considera que el decreto emitido por el Poder Ejecutivo contradice la ley que reglamentó.

“Contraviene lo señalado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), que en su título 3 nunca hace referencia a las universidades públicas en su ámbito de aplicación.

Aún en el caso de que la ley 9635 in- cluyera en su ámbito de aplicación a las universidades públicas, eso sería violatorio del artículo 84 de la Constitución Política”, explicó Araya.

Por otro lado, la Ministra de Planificación, Pilar Garrido, como parte de su audiencia ante los diputados de la comisión especial que analiza la gestión del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), explicó la expectativa que tiene el Poder Ejecutivo en cuanto a que la Sala Constitucional reinterprete la aplicación de la autonomía universitaria, ya que en la convención colectiva se hospedan la mayor cantidad de incentivos por ordenar en el nuevo sistema de empleo público.

“En materia de cesantía, un reciente dictamen de la Procuraduría General de la República sí fue claro en que la nueva ley está por encima de la ley entre partes (las convenciones).

No obstante, no se generaliza para todo (los incentivos), sino únicamente para el caso que se consultó”, mencionó la ministra de Planificación en la audiencia.

CONFLICTO INTERNO

La semana pasada, posterior a la publicación de la resolución de la Universidad de Costa Rica, el sindicato se reunió con la Rectoría y el vicerrector de Administración, Carlos Araya, pero no se llegó a un acuerdo con respecto a la posición tomada por la institución.

El Sindicato de Empleados de la Uni- versidad de Costa Rica (Sindeu) evalúa esta decisión como una respuesta de la universidad a la “presión social”, que no tiene criterio jurídico válido.

“Aquí se filtró a la prensa de algu- na manera la información en donde la oficina jurídica establecía los cri- terios de conformidad con el artículo 84 de la Constitución Política, no se aplicaba el título tercero sobre la universidad”, aseguró Navarro.

Navarro explicó que no comparten la decisión de la Rectoría de acatar tem- poralmente lo que dice la ley, porque afecta ante el ojo público la autonomía de la universidad e irrespeta el acuerdo tomado en la convención colectiva.

Además, aseguró que la resolu- ción de la universidad tiene un pro- blema de fondo en cuanto el tiempo de devolución de los meses retenidos. “Lo que recomienda la oficina es retener el fondo hasta que se resuelva la demanda, que es un proceso de años en lugar de decir que se pagará cuando la medida cautelar se resuelva, que por el contrario es un proceso que podría durar días o semanas” explicó Armando Navarro, abogado de Sindeu.

Sin embargo, según el vicerrector Araya, en el eventual caso de que este Tribunal acoja la medida cau- telar de suspender los efectos del Reglamento, la Universidad quedaría en posibilidad de pagar los recursos mantenidos en reserva a favor de las personas que se han jubilado.

Durante la reunión con la Rectoría, el sindicato de la universidad entregó un documento en el que solicitaban pagar los 15 años, que se respete la autonomía universitaria y que se tomen las medidas disciplinarias alrededor de la “filtración de información de la jefatura u otra figura de autoridad”, además de que se haga una campaña alrededor de la autonomía universitaria.

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