La regla fiscal, establecida en el Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), tiene un fuerte impacto en las instituciones públicas, pero “al final impacta también a las empresas privadas y al resto de la economía”, según la economista y vicerrectora de Administración de la Universidad Nacional (UNA). Roxana Morales.
Así lo aseguró en el foro “Regla fiscal y Estado Social de Derecho”, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en donde también participó el economista y exviceministro de Hacienda Fernando Rodríguez y que moderó la decana de la FCS, Isabel Avendaño.
“Al final no es una regla para controlar la deuda pública, sino para hacer más pequeñas las instituciones del Estado”, Roxana Morales
Morales explicó que, debido a la actual aplicación del escenario d) de la regla fiscal, muchas personas no van a poder consumir los mismos bienes que antes, en vista de que la inflación y los costos suben enormemente, mientras los salarios del sector público se mantienen congelados:
“La pérdida de poder adquisitivo ya puede estar rondando un 9%, esto significa que las personas ahora pueden comprar un 9% menos de cosas que hace uno o dos años y entonces como compran menos, las empresas venden menos y como las empresas venden menos, generan menos empleo y como generan menos empleo, hay menos ingresos, entonces, al final en el círculo económico hay una afectación importante”, explicó la economista.
La especialista manifestó que “la inflación posiblemente vaya a crecer”, por lo que con los límites establecidos por la regla fiscal y el congelamiento salarial, “obviamente hay una caída real en el gasto público” debido que “no nos va a alcanzar para comprar lo mismo que comprábamos antes, más bien vamos a tener que comprar menos y la regla fiscal está por debajo de esa inflación”. En abril, la inflación interanual alcanzó un 7,15%, la cifra más alta desde junio de 2019, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
“Esto genera efectos a nivel macroeconómico, no solamente en las instituciones públicas, sino también recuerden que el Gobierno le compra a la empresa privada, los salarios con que los trabajadores reciben del Gobierno lo utilizan para comprarle a la empresa privada; es una relación que al final se ve afectada”, agregó Morales.
También, el exviceministro Rodríguez coincidió en que “en algún momento ese congelamiento que estamos sufriendo se va a traducir en menos consumo”, pero también en menos cuotas para la seguridad social: “El 50% de las cuotas del seguro social en este país provienen de cotizaciones de empleados públicos. Mientras nuestros ingresos estén congelados incluso la Caja va a terminar padeciendo problemas y pagando la factura por eso”.
Regla contradictoria
Otro punto indicado por los especialistas es que la regla fiscal tiene contradicciones, incluso desde su diseño en la ley, puesto que se define como un “límite al crecimiento del gasto corriente”, pero actualmente también limita el gasto de inversión, según el escenario d).
También, la aplicación de la regla en dos momentos, presupuestación y ejecución, crea problemas para las entidades públicas:
“Al medir la regla fiscal en ejecución nos impide poder trabajar hacia adelante y eso es lo que nos está pasando en este momento a las universidades, por ejemplo. Tenemos recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y no los podemos usar, más de ₡63 mil millones en 2022 no podemos utilizarlos en las universidades sabiendo las necesidades que hay en toda la población estudiantil y las necesidades que hay de infraestructura, equipo y demás”, dijo la vicerrectora.
Y ni siquiera permite el uso de los recursos obtenidos por las propias entidades, manifestó Morales: “Las instituciones pueden vender servicios, pero no los pueden recibir o los reciben y no los pueden usar, dependiendo de en qué nivel esté la regla; convenios de cooperación, proyectos, donaciones, todo eso entraría ahí y en qué le afecta eso al déficit fiscal: Nada”.
Asimismo, la especialista agregó que otro problema es que la regla fiscal se comenzó a utilizar en 2020, cuando inició el confinamiento y muchos gastos se eliminaron para ese periodo, pero al volver a la presencialidad esos importes vuelven, lo cual la regla fiscal no considera a la hora de ser aplicada.
En ese sentido, Rodríguez explicó que, por ejemplo, “en Europa se dejó de aplicar los mecanismos de restricción presupuestaria desde que empezó la pandemia y todavía no se han reintroducido”.
Pacto social
Rodríguez explicó que detrás del sistema tributario hay un “pacto social”, porque en este se asegura un financiamiento en forma apropiada para atender las demandas que la sociedad pide al Estado: “La contraposición de esto es que si no quiero pagar, lo que le voy a tener que decir al Estado es empiece a disminuir la cantidad de bienes y servicios que usted está prestando porque no se los voy a pagar”.
“Si yo como Estado no tengo capacidad de prestar estos bienes y servicios de forma apropiada (como educación, salud, etc.), el impacto más fuerte lo empieza a recibir la gente de menos ingresos, porque siempre existirá alguna manera de aquellos con más recursos de solventar parte de este problema”, dijo el economista.
Entonces, resalta el experto, toda decisión fiscal “tiene implicaciones en términos de equidad”, lo cual conlleva que cambie la relación de ingresos o riqueza de las personas: “Todo esto tiene una fuerte incidencia en los patrones de desigualdad, en diferentes ámbitos”.
“¿Qué hace una persona con recursos suficientes que no tiene acceso a un parque público? Paga un club privado”, ejemplificó el exviceministro, explicando que muchas personas no podrían costear por su cuenta los servicios que brinda el Estado.
También, recordó que la situación de otros países con sus respectivas reglas fiscales no se puede comparar con la de Costa Rica, puesto que muchos países desarrollados tenían un Estado de Bienestar consolidado cuando comenzaron a aplicar la regla, mientras que “Costa Rica ha venido dando tumbos en materia fiscal durante los últimos 20 años”.
“La regla fiscal no puede sustituir el papel de la sociedad para definir qué quiere que haga el Estado, sobre todo considerando las necesidades actuales y los retos futuros, la regla no puede venirme a decir que tipo de Estado quiero. No podemos lograr la estabilidad en materia de la deuda pública a costa de crear más desigualdad o a costa de crear problemas para que el país pueda crecer en el futuro”, puntualizó Rodríguez.
