Reforma permitiría revocar a quien ocupe la Rectoría de la UCR

La modificación al Estatuto fue aprobada en el Consejo Universitario y para que entre en vigencia falta la aprobación en Asamblea Colegiada Representativa.

El Consejo Universitario (CU) cerró el proceso de consulta, análisis y aprobación de una reforma al Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica que permitiría revocar el mandato a sus miembros o a quien ocupe el puesto de la Rectoría en caso de que se cometieran al menos dos faltas graves.

Las modificaciones al Estatuto permitirían poner en vigencia un reglamento que establece las conductas sancionables, el procedimiento y los órganos competentes para aplicar la sanción. Además, tipifica el tipo de faltas en leve, grave o muy grave con su respectivo elenco de sanciones correctivas, en los casos más leves, y definitivas, como es el caso de la revocatoria del cargo.

La medida se podría tomar contra altas autoridades cuando realizaran faltas muy graves contra el Estatuto Orgánico de la Universidad, como seguidas ausencias injustificadas, lesión a personas o bienes institucionales y condenas ante tribunales penales.

También se considera como falta muy grave la reincidencia en la omisión injustificada de procedimientos disciplinarios, incumplimiento del Estatuto o leyes de la República, valerse de su posición para obtener beneficios propios e incurrir en hostigamiento laboral o sexual. Además, hay un restante de faltas tipificadas como graves.

“Ya tenemos el reglamento publicado en consulta a la comunidad universitaria, se hicieron las consultas jurídicas y ya lo conversamos a nivel de la comisión de coordinadores de Consejo Universitario”, comentó Warner Cascante, miembro del Consejo Universitario, quien explicó a UNIVERSIDAD que lo hacía en representación de Teresita Cordero, Directora del Consejo.

Para que entre en vigencia este procedimiento es necesaria la aprobación de modificaciones a ocho artículos del Estatuto Orgánico, la norma en donde se establece la forma en que se nombra y revoca a las altas autoridades de la Universidad. Para eso es necesaria la Asamblea Colegiada Representativa.

“Es la Asamblea Plebiscitaria la que puede revocar el mandato, pero tiene como premisa previa haber seguido este procedimiento que en este momento no existe, y que muy pronto esperamos que logremos culminar”, explicó Cascante.

Esta Asamblea es convocada y presidida, de acuerdo con el propio Estatuto Orgánico, por quien ocupe el puesto de Rectoría, hasta varias veces al año.

Cascante dijo desconocer cuándo sería convocada la Asamblea, pero aseguró que tenían “la esperanza y convicción de que pueda ser convocada pronto por el señor rector (Henning Jensen), porque es un tema que la comunidad universitaria y también a nivel nacional están requiriendo con prontitud y celeridad”.

Consultado sobre la convocatoria para aprobar la nueva normativa, el rector Jensen reafirmó a UNIVERSIDAD su compromiso con la aprobación de este reglamento y aseguró que el actual vacío normativo que tiene la Universidad debe llenarse de manera adecuada, acorde con los principios de esta institución de educación superior y de la legislación nacional.

“La Asamblea va a convocarse en lo que resta del año para atender este y otros temas. Yo todavía no tengo una fecha, pero sí va a ser relativamente pronto”, afirmó Jensen.

Actualmente, la UCR cuenta con un régimen disciplinario para docentes, estudiantes y administrativos, aunque ausente de un procedimiento disciplinario en caso de que el Rector o los miembros del Consejo Universitario ejercieran faltas contra la normativa universitaria.

Jensen calificó de “importante” que se hagan las modificaciones al Estatuto para contemplar las posibilidades disciplinarias de los miembros de la comunidad universitaria, “pero en especial para las personas que ocupan la jerarquía superior”.

El reglamento y las reformas al Estatuto ya fueron publicadas en La Gaceta Universitaria para su consulta con la comunidad universitaria. Los miembros del Consejo deberán trabajar en la incorporación de las observaciones recibidas como resultado de la consulta.

Procesos paralelos

Los cambios disciplinarios a la normativa para las altas autoridades iniciaron como una modificación al reglamento del Consejo Universitario (CU) en el 2013 y fueron propuestos por Rafael González, miembro entre el 2009 y 2013.

En el 2015 los miembros del Consejo determinaron que la materia disciplinaria requería su propio reglamento, pero este no podía contradecir las normas superiores. Ello implicaba modificar el Estatuto Orgánico, que es la norma de más alto rango en la Universidad.

“A partir de ahí el tema se divide en dos vertientes, una que consiste en crear un reglamento disciplinario y otra que son las reformas específicas que hay que hacer en el Estatuto Orgánico”, señaló Cascante.

Sin embargo, hasta el 2017 se crea el reglamento disciplinario con un transitorio que estableció un plazo para que el CU elaborara los procedimientos necesarios para la ejecución de la norma de acuerdo con la Constitución Política y el debido proceso.

“El gran tema entre el 2013 y 2017 era el reglamento del Consejo Universitario, que es un tema muy complejo. Paralelamente como una situación residual de reforma integral al reglamento del Consejo se genera este otro tema, el disciplinario”, explicó el representante del sector administrativo ante el Consejo.

La creación del reglamento coincidió con el cuestionamiento público que se generó a raíz del nombramiento de la hija del rector Jensen en el 2017 en Centro Infantil Laboratorio, con fondos de la partida de servicios especiales de la Rectoría.

El representante del CU aseguró que el origen de la norma antecedió el conflicto, ya que el proceso venía gestándose desde el 2013, pero los cuestionamientos le imprimieron mayor interés y “morbo”, lo cual ayudó a acelerar el proceso.

“Un subproducto de todo este proceso es que la voluntad del reglamento, que era disciplinar a los miembros del Consejo Universitario, se amplía para que también se pueda disciplinar a la persona que ocupe la Rectoría”.

La actual propuesta tiene 29 artículos divididos en dos partes: una con el procedimiento y otra con la revocatoria de cargo en caso de faltas muy graves. En caso de llegar a ejecutarse el reglamento, una comisión especial del CU realizaría la investigación y el plenario emitiría la resolución final.


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